Unesco, Reporteros Sin Fronteras y la Federación Internacional de Periodistas piden una investigación rápida y transparente por el asesinato de Javier Antonio Hércules Salinas, y que no se permita que el crimen quede en la impunidad
La ausencia de investigación y la consecuente impunidad sistemática perpetúa los crímenes y genera desplazamiento entre periodistas y comunicadores, plantean desde el Conadeh
Tegucigalpa, Honduras– Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, pidió “una investigación rápida y transparente” que garantice que los responsables del asesinato del periodista Javier Antonio Hércules Salinas enfrenten la justicia y no permitir que prevalezca la impunidad.
El llamado de Azoulay se suma a las exigencias realizadas desde Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que exigieron al Estado hondureño una investigación a fondo que esclarezca el crimen.
En Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos [Conadeh] registra desde octubre de 2001 a la fecha el asesinato de 103 personas vinculadas a medios de comunicación –periodistas, camarógrafos, fotógrafos, editores, comunicadores sociales y propietarios de medios–, señaló Julio Velásquez de la unidad de comunicación de dicha entidad.
Desde Reporteros Sin Fronteras, Artur Romeu, demandó explicaciones sobre “cómo una persona bajo protección estatal termina muerta”. Esto con relación a que Hércules Salinas era beneficiario de medidas preventivas por parte del Mecanismo Nacional de Protección desde octubre de 2023.
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El periodista radicado en Honduras era originario de El Salvador, ya había sido víctima de amenazas, y en septiembre de 2023 sobrevivió a un secuestro y agresión, lo que llevó a que solicitará protección.
Artur Romeu remarcó que el crimen contra Salinas Hércules “evidencia la ineficacia del Sistema Nacional de Protección, la inercia del Estado frente a la violencia contra la prensa y las condiciones estructurales de impunidad”.
El Conadeh calcula que, de los 103 casos de periodistas y comunicadores asesinados, únicamente 12 o 13 han sido resueltos por las autoridades. Julio Velásquez señaló que las consecuencias de la alta tasa de impunidad en estos crímenes permiten que los hechos se repitan y se niega a las familias el derecho a conocer la verdad, facilitando el desplazamiento forzado de otros periodistas, comunicadores y empleados de medios de comunicación.
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“El comisionado atendió entre el 2016 y el 2024, 133 casos de periodistas y comunicadores sociales en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado, con una característica también ahí, que, si no se investigan las muertes, mucho menos se investiguen las amenazas de las que son objeto los periodistas en este caso”, compartió Julio Velásquez. Agregó que a esto se suman, los asesinatos, atentados y agresiones contra personas vinculadas al entorno familiar del periodista o comunicador social.
Velásquez pormenorizo que a la fecha no tienen conocimiento de condenas por el desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores, esto en parte porque la figura fue reconocida en 2013 y apenas en 2023 se creó una ley. Sin embargo, planteó en tanto no se investiguen los crímenes se continuará poniendo en riesgo la vida de más personas vinculadas a medios de comunicación.
La Federación Internacional de Periodistas también se unió a la exigencia de una pronta investigación para dilucidar las causas y establecer si el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Salinas, y de esta forma evitar que el caso se mantenga en la impunidad.
Las deficiencias del Mecanismo Nacional de Protección han sido denunciadas por años. Organismos internacionales y locales han realizado recomendaciones, sin que estas sean atendidas y ejecutadas de forma efectiva.
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El crimen de Javier Antonio Hércules Salinas no es el primer caso de un periodista asesinado mientras contaba con medidas de protección de defensores por parte del Mecanismo Nacional de Protección de Derechos Humanos. En diciembre de 2023, fue asesinado en Danlí, El Paraíso, el periodista Francisco Ramírez Amador, en ataque resultó herido el agente de la Policía Nacional asignado para su protección.
