A pesar que se han condenado a algunas ejecutoras materiales, los autores intelectuales permanecen en la sombra, mientras que la Policía Nacional, cuya munición fue usada en el ataque, no ha sido investigada ni sancionada, dejando un mensaje de negligencia y encubrimiento estatal que perpetúa la impunidad
Tegucigalpa, Honduras. – Hoy se cumplen dos años de la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde 46 mujeres privadas de libertad fueron brutalmente asesinadas en un ataque coordinado, atribuido por las autoridades a las pandillas rivales Mara Barrio 18 en contra de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Sin embargo, la sombra de la impunidad sigue cerniéndose sobre este caso, como la densa nube de humo negro que aquella fatídica mañana emergió de las instalaciones penitenciarias, recordándonos que la justicia aún está pendiente.
A dos años de la masacre ocurrida en la PNFAS, las investigaciones parecen estancadas y rodeadas de opacidad. “Se ha desarrollado (la investigación) de manera bastante hermética y no se ha investigado a profundidad”, afirmó Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), quien cuestiona que, aunque se tiene identificadas a las autoras materiales del ataque, no se ha logrado esclarecer quiénes realmente “controlaron los hilos” detrás de esta tragedia.
Ese 20 de junio de 2023, los disparos dejaron 23 mujeres sin vida heridas de armas de fuego y blancas, mientras otras 23 fallecieron calcinadas a causa de un incendio provocado.
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SIN CERTEZA DE INVESTIGACIÓN HACIA LA POLICÍA NACIONAL
A pesar de la gravedad y con un fallo condenatorio de 15 integrantes de la pandilla 18 por su participación directa en los asesinatos, asociación para delinquir, incendio calificado y porte ilegal de armas, hasta la fecha solo existen dos expedientes judiciales en los tribunales, así lo informó a Criterio.hn Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial. Por otro lado, los autores intelectuales de la masacre permanecen en la impunidad, y no se ha avanzado en las investigaciones para responsabilizarlos.
La opacidad es constante, uno de los datos más alarmantes revelados es que el 96% de las municiones utilizadas en la masacre pertenecían a la Policía Nacional. Pese a que el Ministerio Público (MP) confirmó que parte del arsenal de armas y municiones, pertenecían a la institución policial, se desconoce si existe un proceso abierto de investigación al respecto
Criterio.hn contactó a Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público para consultar si existe un proceso de investigación en contra de la Policía Nacional, sin embargo, respondió que desconocí y que debía consultar a la fiscalía. Además, enfatizó que de haber un proceso abierto los fiscales no dan detalles para no entorpecer el proceso.
En diciembre de 2024, Roberto Blen, abogado que dirige la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), reafirmó esta información tras las reiteradas denuncias de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, –quien estaba al frente de la junta interventora del sistema penitenciario al momento de la masacre— que no solo se hallaron municiones policiales en el centro penitenciario femenino, sino también en los cuerpos de las víctimas.
Lo más sorprendente es que en julio de 2023, Bajo la operación Fe y Esperanza, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), realizó la destrucción de armas decomisadas, la mayoría de las cuales provenían de centros penitenciarios.
Un año después, Criterio.hn realizó una solicitudes de información a Sedena, al Instituto Nacional Penitenciario y a la Secretaría de Seguridad pidiendo el número y tipo de armas destruidas durante los últimos cuatro años. Sin embargo, ninguna de las instituciones dio cuenta ni de los decomisos ni de las armas destruidas.
Para Julissa Villanueva, en una entrevista concedida a este medio en noviembre de 2024, el ocultamiento de información funciona como un mecanismo destinado a evitar que se revelen las complicidades entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado.
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IMPUNIDAD
La impunidad sigue envolviendo la masacre registrada como la peor en la historia de la Penitenciaría Nacional Femenina, un crimen del cual el Estado de Honduras es directamente responsable ya que las víctimas estaban bajo la protección del Estado, por la falta de una investigación efectiva y la omisión en esclarecer la participación de sus propias fuerzas de seguridad.
Para Jessica Sánchez, esta situación de silencio “deja un mensaje claro de impunidad y omisión en la actuación policial”.
En ese sentido, la defensora de derechos humanos cuestionó la ausencia de una investigación exhaustiva sobre la participación y responsabilidad de las fuerzas de seguridad. “La intervención de estas fuerzas se ha dejado por fuera, sobre todo con la inserción y descubrimiento de armas en el penal. ¿Quién las puso allí? ¿Para qué? Son preguntas que quedan sin respuesta”, señaló.
Este aniversario pone en evidencia la falta de justicia plena y la necesidad de esclarecer todos los aspectos del caso para garantizar la verdad y la reparación a las víctimas y sus familias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este hecho e instó al Estado hondureño a tomar medidas urgentes para proteger los derechos de las mujeres privadas de libertad y evitar que tragedias similares se repitan.
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FAMILIARES DE SANDRA RODRÍGUEZ AÚN ESPERAN LA ENTREGA DE SU CUERPO
Sandra Rodríguez era una mujer de 41 años, madre de seis hijos y empleada doméstica, que permanecía privada de libertad desde septiembre de 2022. Su detención ocurrió cuando se dirigía a su trabajo junto a su esposo, quien también fue capturado tras un retén policial donde encontraron objetos en la mochila que ella portaba.
A pesar de estar privada de libertad, el delito por el que se le acusaba nunca fue probado por las autoridades hondureñas. Sandra fue una de las 46 mujeres asesinadas en la masacre ocurrida el 20 de junio de 2023.
El abogado Fernando González confirmó a Criterio.hn que, a dos años de la masacre ocurrida en la PNFAS, el cuerpo de Sandra Rodríguez, aún no ha sido entregado a sus familiares. Esta situación ha generado indignación en la familia, que exige justicia y respuestas claras a los órganos correspondientes.
Las pruebas de ADN realizadas por Medicina Forense no han coincidido con las muestras tomadas a sus familiares, generando dudas y sospechas sobre un posible error en la identificación de los cuerpos.
Su hermana, Griselda Ramos, ha denunciado que esta confusión ha prolongado el dolor y la incertidumbre, y ha pedido la intervención de la presidenta Xiomara Castro para que se realice una investigación exhaustiva que permita encontrar el cuerpo de Sandra y poner fin a este calvario familiar
Además, González informó que en 2023 se presentó un recurso de habeas corpus, sin embargo, la Sala de lo Constitucional declaró el caso en reserva, limitando el acceso a información pública sobre el proceso.
Ante la falta de avances y agotadas todas las instancias nacionales, la familia decidió presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de justicia y reparación.
Actualmente, el abogado señaló que están a la espera de la admisibilidad de la demanda por parte de la CIDH, mientras la familia continúa en la incertidumbre y el dolor por la ausencia de respuestas y la falta de entrega del cuerpo de Sandra Rodríguez.
Este caso refleja no solo la impunidad que rodea la masacre en la PNFAS, sino también la vulneración de derechos fundamentales de las víctimas y sus familiares.
