Tegucigalpa. –Las primeras acciones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, han generado malestar en sectores de la sociedad que exigen y demandan la no injerencia y el respeto a las determinaciones soberanas como política interna de la nación.
A través de Twitter, la diplomática se pronunció sobre la reforma energética que plantea implementar el gobierno de Xiomara Castro al declarar la energía eléctrica como un bien público y de derecho humano y recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que se encuentra en bancarrota.
Dogu externó su preocupación sobre las repercusiones en el tema de inversión extranjera al referirse a las renegociaciones de contratos con generadores de energía que, en caso de no lograr acuerdos con el gobierno, la normativa permite la compra de estos por parte del Estado a un justiprecio.
“La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”, expresó Dogu.
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El canciller de la república, Eduardo Enrique Reina, cuestionó la postura de la embajadora y reiteró que las determinaciones del gobierno sobre la política nacional son soberanas.
“Hay temas muy puntuales de la política nacional que viene desarrollando la presidenta y que nos afecta enormemente… La ENEE es un tema de soberanía, es un momento tan delicado que se está definiendo una nueva política. En este momento y situación, consideramos que las declaraciones de la embajadora son un desacierto y que pueden impactar. Este es un tema de mera soberanía, interno, soberano del Estado de Honduras”, sostuvo en declaraciones a un medio televisivo.
El congresista del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, rechaza la postura con matices de injerencia que pretende implementar la embajada de Estados Unidos y reitera que Honduras es una nación soberana.
“La reforma energética rescata la soberanía del pueblo hondureño, sobre un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza social, es un asunto estrictamente hondureño y rechazamos cualquier injerencia extranjera en el asunto”, dijo.
Barrios también reclamó a Estados Unidos por ejercer un trato injerencista hacia el gobierno de Xiomara Castro y por haber avalado en el pasado reciente el fraude electoral que mantuvo en el poder al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a la nación del norte el pasado 21 de mayo acusado por narcotráfico.
De igual manera, el reconocido abogado y experto en temas de derechos humanos, Joaquín Mejía, instó a la embajadora y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) “leer la Constitución” debido a que los artículos 332 y 340 contemplan que el Estado puede reservar determinadas industrias y servicios cuando sean de interés público y asegurar gestión técnica y racional de bienes naturales en función de una utilidad y necesidad pública”.
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REUNIÓN CON UN FISCAL VINCULADO EN CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO
Luego de lanzar el mensaje en Twitter que ha incomodado al gobierno, Dogu publicó en esta misma red social una reunión sostenida con el fiscal general de la república, Óscar Fernando Chinchilla, a quien dijo respaldar en sus acciones y con quien abordó temas relacionados a la lucha contra la corrupción y la defensa de derechos humanos.
“Buena reunión con el fiscal general Chinchilla donde tratamos temas de nuestra colaboración, entre ellos, la lucha contra corrupción y la defensa de derechos humanos. Proteger la independencia y trabajo del Ministerio Público es importante para la impartición de justicia”, manifestó.
La reunión con Chichilla generó indignación en los hondureños debido a las acusaciones que pesan contra el funcionario sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado y la narcoactividad, inclusive durante el juicio en los Estados Unidos contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez se develó que Chinchilla fue impuesto por el exgobernante Juan Orlando Hernández para proteger las actividades del narcotráfico.
Diputados del Congreso Nacional contemplan someter a juicio político a Chinchilla por negligencia en el combate a las redes de corrupción y el narcotráfico y fiscales estadounidenses han declarado que es parte de la estructura delictiva que convirtió a Honduras en un narcoestado.
“Con el debido respeto, es preocupante la postura de la embajadora en relación con un funcionario altamente cuestionado por diversos sectores de la sociedad. Reconocer la labor de un fiscal ausente de nuestra justicia, es aceptar el distanciamiento de la embajada con organismos defensores de derechos humanos”, reprochó el sacerdote jesuita y director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno.
Para el diputado de Libre, Sergio Castellanos, el Ministerio Público no ha tenido independencia, “ha estado durante los últimos años al servicio del narcotráfico y crimen organizado” al tiempo que señaló que, durante la gestión de Chinchilla, Hernández nunca tuvo si quiera un requerimiento fiscal.
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PLÁTICAS CON EMPRESARIOS
El pasado 28 de abril Dogu una reunión con poderosos empresarios incluido el actual presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Mateo Yibrín, quien mantiene una postura contra la derogación de la Ley de Empleo por Hora lesiva a los derechos de los trabajadores, la Constitución y el Código del Trabajo.
“Me agradó mucho compartir en reunión con Juan Carlos y otros empresarios. El sector privado juega un papel fundamental en creación de oportunidades económicas para los hondureños. Espero que sigamos conversando sobre cómo mejorar el clima de inversión”, declaró.
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El secretario de planificación estratégica del gobierno de Castro, Ricardo Salgado, demandó respeto por parte de las acciones de Dogu y calificó de inaceptable su intrusión en temas internos.
“Es imperativo que entiendan que se ha terminado la época colonial y que es inaceptable la injerencia en nuestros asuntos internos. Señora embajadora, imagine por un momento cómo funcionan los embajadores en su propio país. El respeto hacia Honduras es esencial para relacionarnos”, manifestó.
Tras los cuestionamientos en su contra, Dogu sostuvo reunión con el ministro de la Secretaría de Energía y gerente de la ENEE, Erick Tejada, para conocer los desafíos del gobierno de Honduras respecto al tema energético y, también, con el ministro de seguridad, Ramón Sabillon, para abordar esfuerzos en la lucha contra el crimen transnacional.
Laura Dogu cuenta con una amplia carrera diplomática que inició como oficial consular en El Salvador (1991-1994). En mayo de 2015 fue nominada por el entonces presidente Barack Obama para ser embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y confirmada por el Senado en agosto, cargo que desempeñó hasta el 2018 tras roces con Daniel Ortega, producto de la crisis política en la vecina nación a causa de controvertidas reformas a la seguridad social que se agrandaron exigiendo la renuncia del gobernante nicaragüense.
Previo a ser nominada embajadora en Tegucigalpa se desempeñó como consejera de relaciones internacionales del Estado Mayor del Ejército. Previo a este cargo fue directora de la Célula Fusión de Recuperación de Rehenes del FBI, un grupo interinstitucional de expertos en aplicación de la ley, diplomáticos, militares y de inteligencia responsables de la recuperación de personas estadounidenses retenidas como rehenes en el extranjero.
