Tegucigalpa.- Tras la captura del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pedido en extradición por los Estados Unidos por delitos vinculados con la narcoactividad diversos sectores de sociedad civil y expertos exigen al Ministerio Público asegurar los bienes que amasó desde que se involucró en la actividad criminal.
Hernández es acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego, acusación que fue presentada el 27 de enero, el mismo día que dejó el poder y buscó refugio como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Otras acciones que emprendió el Departamento de Estado de Estados Unidos fue la cancelación de la visa al tiempo que fue incluido en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Triángulo Norte de Centroamérica conocida como “Lista Engel”.
Para el abogado Marcos Zelaya la extradición de “JOH” como popularmente se le conoce a Hernández es inminente, aunque su situación legal apenas inicia.
Por lo anterior, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), exigió al Ministerio Público de Honduras proceder con el aseguramiento de sus bienes y no obstaculizar el proceso de extradición que se ejecuta contra Hernández.
“Exigimos que desde el Ministerio Público se comiencen a realizar aseguramientos de bienes en contra de las personas incorporadas en listas internacionales, por vínculos en actos de corrupción y narcotráfico, sin obstruir las solicitudes de extradición”, detalla un comunicado.
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A criterio del jefe de investigaciones del ente de sociedad civil, Odir Fernández, hace tiempo se tuvo que haber procedido con la extradición de Hernández por lo que demanda al Congreso Nacional la aprobación inmediata de la Ley de Extradición debido que solo se cuenta con un auto acordado que controla la Corte Suprema de Justicia (CSJ) institución que responde a intereses de JOH.
Por su parte, el procurador de derechos humanos, Leonel Casco, presentó un escrito ante la fiscalía de Honduras por medio del cual solicita el aseguramiento de bienes de Hernández.
La intención de Casco es que el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, procesa el aseguramiento de los bienes que Hernández construyó durante su actividad criminal que, según la acusación de Estados Unidos, inició desde el 2004.
En caso que Hernández sea extraditado y condenado en los Estados Unidos, Casco señala que con la acción de aseguramiento de bienes se podrá resarcir el daño causado al Estado con su posterior venta.
Cabe recordar que, en diciembre de 2018, el Ministerio Público incautó una vivienda, cuatro vehículos y cinco cuentas bancarias a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano de JOH, sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión por ser considera un poderoso narcotraficante.
No obstante, el abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, es del criterio que el fiscal de Honduras ha mostrado incompetencia en sus actuaciones y protección hacía Hernández por lo que exige su destitución.
“Este caso tan grave de Geovanny Fuentes Ramírez es suficiente para demostrar la incompetencia y complicidad del ´fiscal cinco estrellas´, Óscar Chinchilla, y exigir su renuncia inmediata o un juicio político”, expresó.
Cabe indicar que Fuentes Ramírez es un narcotraficante hondureño condenado recientemente en Estados Unidos a cadena perpetua más 30 años de prisión. Durante su juicio el fiscal Michael Lockard, aseguró que se asoció con Hernández “para meterle droga por las narices a los gringos”.
Para el exjefe de la Unidad de Reformas y Asesorías Anticorrupción de la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito aprobada bajo Decreto Legislativo 26-2010 debe ser aplicado a Hernández mediante acciones de la fiscalía.
“El Ministerio Público debe pedir las diligencias que se están llevando a cabo y luego proceder a hacer la investigación de campo y desarrollar un inventario de cuentas y bienes que tiene Hernández y las sociedades que ha hecho desde 2004”, sostuvo.
El experto afirma que se debe asegurar los bienes y posteriormente ser incautados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) cuando exista una sentencia condenatoria en su contra.
Además, considera la captura del exgobernante como un triunfo para el pueblo hondureño que pedía un cambio de paradigma y salió a votar en las pasadas elecciones de noviembre, no obstante, cataloga como una derrota para la justicia de Honduras que ha venido en un grado constante de inanición y debilitamiento progresivo que no deja actuar de manera decisiva a los operadores de justicia y vulnera el Estado de Derecho.
Por lo anterior, Navas solicita al nuevo gobierno independizar el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para “tener un Estado de derecho sano al servicio de la gente y no élites de poder permeadas en todo el aparato polito”.
