A pesar de las medidas excepcionales implementadas desde diciembre de 2022, las masacres y homicidios múltiples aumentan en Honduras, mientras la ONU alerta sobre violaciones a derechos humanos y la necesidad de políticas integrales de seguridad
Ilustración: Ruth Moncada
Tegucigalpa, Honduras. – La violencia en Honduras continúa siendo una crisis profunda y alarmante, a pesar de que el país está bajo un estado de excepción desde diciembre de 2022. En lo que va de 2025, se han registrado al menos 15 masacres que han dejado un saldo de 52 personas muertas, un aumento significativo en comparación con el año anterior, cuando se reportaron 31 masacres y 98 víctimas fatales en todo el año.
Las más recientes se registraron el fin de semana, el sábado en Santa Rita, Copán y otra el domingo en la zona sur del país. Dejando tres sin vida en cada hecho violento.
“Los homicidios múltiples conmocionan, le causan miedo a la población, hacen ver que este es un país inseguro”, aseguró Migdonia Ayestas, directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH).
De interés: La quinta ola del crimen organizado: ¿tsunami a la vista en América Latina?
INCREMENTO DE MASACRES
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las muertes violentas múltiples o masacres se refieren a ejecuciones colectivas, indiscriminadas y planificadas de un grupo de personas, generalmente civiles, que resultan en un número significativo de víctimas en un solo evento.
Estos hechos suelen estar vinculados a conflictos entre grupos criminales, ajustes de cuentas o actos de violencia organizada, y representan uno de los indicadores más graves de la crisis de seguridad en países como Honduras.
En Honduras, de acuerdo con Migdonia Ayestas, las masacres han aumentado un 87.5% en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de 8 a 15 eventos registrados hasta la fecha.
En cuanto al número de víctimas mortales, Ayestas señaló que el aumento es aún más alarmante, con un 108% más de fallecidos, al pasar de 25 en 2024 a 52 en lo que va de 2025. Este crecimiento en la violencia letal evidencia la gravedad de la crisis de seguridad que enfrenta Honduras, a pesar de las medidas implementadas por el Estado.
La directora del OV-UNAH atribuye este aumento a la proliferación de maras, pandillas, bandas criminales y narcotraficantes que continúan operando con fuerza en el país. Por ello, subrayó la necesidad urgente de revisar y fortalecer las políticas de seguridad para enfrentar esta problemática que sigue cobrando vidas y generando temor en la población.
Honduras sigue liderando tasa de homicidios en Centroamérica pese a reducción en 2024
OACNUDH CUESTIONA EL USO PROLONGADO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó, en su informe anual, preocupación por la prolongación y el uso recurrente del estado de excepción en Honduras, implementado desde diciembre de 2022 con la justificación de combatir la extorsión y delitos conexos. Esta medida ha sido prorrogada en dieciséis ocasiones y su alcance se ha extendido a 226 municipios, restringiendo garantías constitucionales y generando incertidumbre sobre su legalidad, ya que el Congreso Nacional solo ratificó tres de ocho decretos en 2024.
OACNUDH advierte que, pese a la justificación oficial de combatir la extorsión, los resultados han sido limitados: entre octubre de 2023 y junio de 2024, solo el 0.8% de las detenciones estuvieron relacionadas con este delito, y el Ministerio Público presentó apenas 92 requerimientos fiscales por extorsión en ese período. Además, el informe señala que la medida ha dado lugar a 428 quejas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Ante este panorama, la OACNUDH recomienda al Estado hondureño revisar el uso del estado de excepción, garantizar el respeto a los derechos humanos y fortalecer los mecanismos de control legislativo y judicial sobre las medidas de seguridad. El informe subraya la importancia de adoptar políticas integrales que prioricen la prevención y el respeto a las garantías constitucionales, en lugar de enfoques exclusivamente represivos.
