Entre Próspera y Pandora: abrimos la caja de las ZEDE

Esta investigación está siendo publicada por una coalición de medios independientes de Honduras y Nicaragua. (En Alta Voz,  Criterio.hn, Radio Progreso, Reportar Sin Miedo,  Reporteros de Investigación de Honduras) y Coyuntura, de Nicaragua.

Por: Dashiell Allen

Roatán, Honduras. Desde el pueblo de Mount Pleasant, tomamos un camino de tierra discreto, estrecho y sinuoso. Giramos a la derecha después de trepar por los cerros de Roatán. Menos de un minuto después, estamos en el parqueo de la ZEDE Próspera.

Solo hay cinco edificios de lo que pronto se convertirá en el “próximo Hong Kong”. Cuesta creer que esté tranquilo oasis se encuentra en el centro del que quizá es, actualmente, uno de los asuntos más controversiales de Honduras.

Tres oficinas de dos pisos forman un triángulo que rodea un jardín de plantas nativas. Al norte, el terreno baja hacia el tranquilo mar Caribe, de color turquesa, tapado en parte por una línea de árboles. Esa es la vista desde el comedor al aire libre de Próspera. Alrededor, los pájaros cantan y los insectos zumban. A la izquierda se encuentran los “edificios beta”, las dos primeras residencias de la propiedad. Todo está construido con materiales autóctonos cuando es posible obtenerlos, el estilo es “ecomoderno”. El ambiente, discreto, pero a la vez profesional, sería perfecto para estudiar, emprender un negocio o simplemente para descansar.

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Bienvenidos a la prosperidad en la primera ciudad modelo de Honduras.

Es difícil ser hondureño y no conocer las ZEDE. “ZEDE es empleo. ZEDE es progreso”, dicen los casi constantes anuncios de radio y televisión, que invitan a los hondureños a “tomar sus propias decisiones y gestionar sus recursos”. Mientras tanto, los grafitis y protestas contra las ZEDE llenan las calles del país.

Grandes instituciones, como la Conferencia Episcopal de Honduras, la Universidad Autónoma de Honduras y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se oponen abiertamente a las ZEDE, alegando que violan la soberanía del país, lo que equivale a una apropiación de tierras por parte de extranjeros y a la consolidación del Partido Nacional en el poder.

Una reciente publicación del CNA afirma: “El CNA fija su posición contraria y de rechazo total a las ZEDE”, debido a las “violaciones de elementos básicos del Estado”, “su territorio, su poder y su pueblo”, añadiendo que “las ZEDE son el resultado del autoritarismo y el totalitarismo de las personas en el poder”. 

Según la ley orgánica de las ZEDE, aprobada por el Congreso y la Corte Suprema de Honduras en 2013, las “zonas especiales de empleo y desarrollo económico” están exentas de la mayor parte de las regulaciones gubernamentales: pagan un código tributario separado del resto del país, tienen su propio sistema de tribunales civiles y fuerzas de seguridad privadas.

Las ZEDE también pueden, con la aprobación del Congreso, utilizar el dominio eminente para expropiar terrenos de propiedad privada para su propio desarrollo.

La ley es “inconstitucional bajo cualquier circunstancia y perjudica los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos”, afirma Melvin Ulloa, miembro del Frente Común contra las ZEDE.

Para los residentes de Crawfish Rock, una comunidad afroinglesa y misquita de Roatán que linda con Próspera, el desarrollo de la ZEDE podría significar la vida o la muerte. “Vamos a ser los primeros en ser desplazados”, dice Luisa Connor, presidenta del patronato local. “Estoy totalmente en contra de las ZEDE”. Teme que cuando Próspera se amplíe más allá de sus 58 hectáreas, ellos serán los primeros en ser expulsados de sus tierras.

Crawfish Rock es un pequeño pueblo pesquero de 796 habitantes, según los datos del censo reciente. El terreno donde vive la mayoría de los residentes está dividido entre cuatro familias que han vivido allí durante generaciones. Antes de que Próspera se estableciera en las tierras vecinas, solían confiar en los extranjeros; viven entre dos complejos turísticos de playa pertenecientes a extranjeros, así que el desarrollo es normal para ellos.

La electricidad, internet y la televisión llegaron hace poco a Crawfish Rock, según los lugareños, por lo que prácticamente ninguno de los residentes conocía la ley orgánica de las ZEDE cuando se aprobó en 2013.

Las fuentes con las que hablé en Crawfish Rock han desconfiado de Próspera desde el principio: dicen que los que dirigen la ciudad modelo lo han hecho todo con “la menor transparencia posible” y con “muy mala intención”.

 “Lo único que tenía que haber sido es venir a la comunidad y decirle a la gente la verdad”, dice Venessa Cárdenes profesora de primaria y vicepresidenta del patronato de la comunidad.

Connor dice que el director general de Próspera, Erick Birman, y el secretario técnico, Tristán Monterosso, dieron una descripción tergiversada de la ZEDE en una reunión celebrada en julio de 2019. Dijeron que era un “complejo turístico” que traería puestos de trabajo a su comunidad. “No hubo ninguna explicación de Próspera ni de las ZEDE”, dicen.

Los representantes de Próspera compartieron conmigo una resolución aprobada por la mayoría de los miembros presentes en la reunión, en la que se afirma que “estamos entusiasmados por tener cerca a Próspera, un proyecto inmobiliario y de desarrollo comunitario”.

Pero mis fuentes que estuvieron presentes en esa reunión alegan que se manipuló a la gente para que firmara, pues creyeron que estaban reservando un futuro empleo.

“Próspera nunca va a expropiar”, dice Ricardo González, uno de los abogados de las ZEDE, y añade que va en contra de su “valor fundamental” de “defender la propiedad privada”.

Considera que la oposición a las ZEDE tiene una motivación política, teniendo en cuenta las próximas elecciones presidenciales de noviembre en Honduras y la desaprobación generalizada del presidente Juan Orlando Hernández, uno de los más fervientes partidarios de las ZEDE. Dice que la gente está difundiendo “noticias falsas a la mayor [escala] posible”.

“No hay que fiarse de la palabra de cualquiera. Pero la gente de Próspera nos ha dicho que no tienen intención de expropiar tierras”, dice Virginia Cecilia Man, una nativa de Crawfish Rock y empleada por Próspera. “Tienen miedo de lo que no entienden, de lo que no conocen”, dice, refiriéndose a su comunidad.

Carlos Alejandro Pineda, secretario del Comité para la Adopción de Buenas Prácticas (CAMP), el órgano de gobierno de la ZEDE, dice que la expropiación es “un remanente de una versión anterior de la ley, y si me lo preguntan, pienso que se trata más de un dolor de cabeza que de algo real”.

Las ZEDE son, para Pineda, “una obra en desarrollo” que espera que llegue a ser “eventualmente más democrático y mucho más transparente de lo que [es] ahora”.

El CAMP y las ZEDE no están sujetos a la Ley de Libre Acceso a la Información de Honduras, y aún no han establecido un mecanismo estandarizado para redactar públicamente la información.

Si bien los primeros miembros del CAMP fueron nombrados públicamente por el presidente Juan Orlando Hernández y aprobados por la Corte Suprema de Honduras, cualquier reemplazo o modificación que se produzca se hace internamente y no están obligados a hacer públicos sus nombres.

Pineda compartió conmigo la más reciente resolución del CAMP sobre expropiación, que estipula que, según lo aprobado por el Gobierno hondureño, las ZEDE pueden expropiar “cuando demuestren fehacientemente mediante un exhaustivo análisis de costo-beneficio el valor del proyecto para el desarrollo de la comunidad”, entre otras condiciones.

Pero los dirigentes de Crawfish Rock no están convencidos. Les preocupa que, aunque Próspera no acapara tierras hoy o mañana, podría hacerlo dentro de 5 o 10 años. “Si no nos enfrentamos a esto ahora, nuestros [hijos] y nietos lo harán”, dice Calderón. Agrega que “estamos viviendo bajo amenaza y nos está afectando tanto emocional como físicamente”.

El economista hondureño Carlos Urbizo Solís considera que las ZEDE son una infracción totalmente inconstitucional de la soberanía nacional. Pero más que eso, dice, “no importa si son buenas o malas, importa si los hondureños las quieren”, añadiendo que “es increíble que el gobierno insista en algo que el pueblo no quiere”, dado que, según él, “todas las instituciones organizadas de Honduras están en contra de las ZEDE”.

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Además, la ley orgánica de las ZEDE requiere una supermayoría de al menos dos tercios del Congreso Nacional para ser anulada. E incluso entonces, una vez que las ZEDE alcancen una población superior a los 100,000 habitantes, la anulación de la ley requeriría un referéndum. El consiguiente periodo de transición no puede durar menos de 10 años.

“Eso es porque la gente tiene derecho a decidir cómo quiere vivir”, dijo Pineda. “Si esto les funciona, habría que preguntarles al menos si quieren deshacerse de ellos. Si no, se encontrarían en la situación en la que se encuentra Hong Kong ahora mismo”.

Independientemente de la intención de la ley, parece que una vez que las ZEDE alcanzan una masa crítica, están aquí para quedarse.

Tras el golpe de Estado de 2009 contra el presidente de izquierda Manuel Zelaya, el gobierno del conservador Porfirio Lobo Sosa sabía que necesitaba algunas ideas “radicales” sobre la mesa para estimular el crecimiento y atraer la inversión extranjera a Honduras.

Pero en lugar de rediseñar todo el ecosistema legal del país, un grupo de reflexión del gobierno propuso ¿por qué no establecer zonas económicas especiales dentro del país, siguiendo los modelos exitosos de Hong Kong, Dubái y Singapur?

Así es como Octavio Sánchez, inspirado en las teóricas “charter cities” del economista estadounidense Paul Romer, presentó por primera vez el modelo de ZEDE en 2010. En el modelo original de Romer, un país extranjero, como Canadá o Estados Unidos, tomaría el control de una región de un país del “tercer mundo”, como Honduras, el cual cede de hecho su soberanía. A la Corte Suprema de Honduras no le gustó esa idea y la desaprobó. Gran parte del marco inicial permaneció intacto cuando lo votaron por segunda vez, pero no antes de que el presidente Juan Orlando Hernández, en ese momento jefe del Congreso, destituyera a cuatro magistrados de la Corte Suprema del opositor Partido Liberal, lo que equivalió, según la información local de la época, a un “golpe técnico”.

El secretario Pineda describe la ley ZEDE como “un menú de opciones”; “lo que significa que se pueden coger trozos y montar un marco que permita que surjan nuevas industrias, lo que sería muy difícil, sino imposible, en el resto del país”. Mientras que Próspera se centra en la industria tecnológica de nueva creación, otras ZEDE, como Orquídea, en el sur del país, son parques agroindustriales, algo que nunca había existido en el país.

Para atraer la inversión extranjera, las ZEDE hondureñas tienen un tipo impositivo estandarizado del 12% y ofrecen la oportunidad de desarrollar prácticamente cualquier proyecto imaginable. Aunque las ZEDE como Próspera son empresas privadas, también pueden ser creadas por los gobiernos municipales. El señor Pineda espera que las ZEDE tengan un “efecto de derrame” económico, bombeando al menos 50 millones de dólares a sus comunidades vecinas.

“El movimiento a favor de este tipo de zonas de jurisdicción especial se basa en la ideología de la descentralización del poder”, afirma Beth Geglia, antropóloga que estudia el modelo de las ZEDE. Irónicamente, Geglia cree que el modelo ha resultado en última instancia en la “centralización del poder en Honduras en los años posteriores al golpe de 2009, y especialmente dentro del CAMP”.

“Es interesante que el modelo de ZEDE no tenga en cuenta los conflictos de intereses”, dijo. “En ninguna parte dice que uno de los 21 miembros no puede presentarse a un cargo político”.

Gabriel Delgado, un empresario guatemalteco educado en Estados Unidos, es el cofundador de la Próspera ZEDE. Me cuenta que lleva 11 años intentando poner en marcha proyectos similares en Guatemala. “Pensé que la mejor manera de hacer estos cambios es ir a Honduras, hacerlo realidad, tener mucho, mucho éxito y expandir el modelo a otros países”, dijo.

“Lo que buscamos es insertar las condiciones que se sabe que proporcionan prosperidad a lugares de todo el mundo y que se ha demostrado que lo hacen”, dijo Delgado. Según él, esas condiciones son: un entorno normativo relajado, inversión extranjera y ausencia de corrupción.

Ahora mismo busca “constructores y creadores” con “cierto éxito económico, que puedan venir a montar negocios aquí”. Delgado calcula que Próspera cuenta con entre 50 y 60 inversores, principalmente europeos, y un número menor de centroamericanos y estadounidenses.

A través de su plataforma de arrendamiento de empleados, Próspera pretende que la contratación de los mejores talentos de Honduras sea lo más “fluida posible”. Próspera Employment Solutions (PES) ha construido una base de datos con los nombres de al menos 1,100 hondureños jóvenes y adultos bien formados que pueden, a través de Próspera, ser contratados por empresas extranjeras. “Se puede pensar en ello como una subcontratación”, dice Daniel Fraizee, director del proyecto. Espera que Próspera se extienda a todos los sectores, pero hasta ahora han visto la mayor demanda en la programación de software.

La necesidad de nuevas oportunidades económicas es enorme: mientras que la tasa de pobreza anterior a la pandemia era ya de casi el 50%, los expertos dicen ahora que puede llegar al 75% en 2021.

El primer gran proyecto de construcción de Próspera, la “Torre Duna” -que comenzó a construirse a finales de septiembre-, está a cargo de la empresa promotora hondureña Apolo Group. Tiene previsto construir dos torres de 10 pisos, y dos de 13, de uso mixto comercial, de oficinas y residencial. El director general de Apolo, Erick Pitsikalis, dice que el emplazamiento “tendrá el aspecto y la sensación de un enorme complejo orgánico de varios pisos de madera y cristal”. Los apartamentos tipo estudio cuestan entre 300 y 400 dólares, “super accesibles para los estándares de Roatán”. Según las fuentes con las que hablé, el costo de la vida en la isla es, de media, superior a los 800 dólares por familia.

El economista Carlos Urbizo Solís proyecta que las ZEDE como Próspera beneficiarán a unos pocos privilegiados y sólo contribuirán a la desigualdad del país. Compara las ZEDE con las fábricas hondureñas exentas de impuestos llamadas “maquilas” para explicar por qué no cree que el modelo esté destinado a tener éxito: “las maquilas, que son tan populares aquí, han generado 150,000 empleos en los últimos 40 años, nada más. Ahora mismo hay 3 millones de personas desempleadas, de una población activa de 7 millones”. 

Según el Banco Mundial, el 9.3% de la población activa de Honduras está desempleada, más del doble que hace 10 años. Dice que no ve pruebas de que las ZEDE vayan a tener más éxito en la generación de puestos de trabajo a gran escala.

Venessa Cárdenas, de Crawfish Rock, considera que la plataforma de Próspera deja los “peores trabajos” para su comunidad. Cree que Próspera debería haber dicho “sí, probablemente podemos ofrecerles a todos trabajos durante dos años para construir esta ZEDE para nosotros, pero esta ZEDE será una ZEDE innovadora, tecnológica, robotizada, lo que sea, y todos ustedes no están preparados para ello, así que, a la larga, lo que todos ustedes conseguirán probablemente sea el menor de los trabajos, el de limpiar las calles o el de limpiar nuestros baños”. Y añade: “la gente de la isla no está preparada para conseguir el mejor de los trabajos”.

Desde el principio, dice Venessa, Próspera no ha entendido del todo la dinámica de Crawfish Rock; al ser una organización con una dirección mayoritariamente masculina, no se dieron cuenta de que “las mujeres son las que salen a diario a luchar por las necesidades de la comunidad”.