Tegucigalpa.- Pocos días después que el Partido Nacional perdió las elecciones generales de 2021, específicamente el 9 de diciembre, el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Elan Fernando Vásquez Ayestas, y el secretario privado y jefe del gabinete presidencial de la administración Hernández, Ricardo Leonel Cardona López, firmaron 581 acuerdos de nombramientos para dicha institución.
La información se desprende de la primera parte de la investigación “Los altos funcionarios de Sedis que cerraron con broche de oro su concierto de corrupción”, publicado este martes por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC).
Cabe resaltar que la Sedis, fue sustituida por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuyo ministro es José Carlos Cardona Erazo. La supresión de la Sedis ocurrió el pasado miércoles 6 de abril, por la presidenta Xiomara Castro en Consejo de ministros, bajo el Decreto Ejecutivo PCM-05-2022.
De acuerdo con lo reportado, inicialmente se intentó otorgar acuerdos de nombramientos a 674 personas que laboraban bajo la modalidad de contrato en la desaparecida Sedis. Sin embargo, para el 7 de enero de 2022 se acordó reducir la lista a 581 acuerdos, luego que la analista presupuestaria asignada a la Sedis, Adela Chicas, señaló que la modificación sobrepasaba el presupuesto asignado a la Sedis en 2022, lo que dejaría sin operatividad financiera a la secretaría, según señala el documento.
Es así como un día antes de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, el 26 de enero la Sefin emitió la resolución No.029-2022 en la que se resuelve incorporar en el anexo desglosado de sueldos y salarios, los 581 puestos de conformidad al listado remitido con un total de L 172,794,330.00, es decir, L 46,935,170.00 inferiores a los solicitado por el titular de la Sedis.
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En el análisis realizado por el CNA se remarca que al menos cinco disposiciones constitucionales y de las normativas secundarias fueron violentadas a consecuencia “de la improvisación y mala planificación en el proceso de creación de plazas y otorgamiento de nombramientos.
Sumado a esto, unos 87 acuerdos firmados tanto por el titular de la Sedis, Elan Vásquez, como el jefe del gabinete presidencial, Ricardo Cardona, habían sido dictaminados como candidatos no elegibles por la Dirección General de Servicio Civil pero igual fueron firmadas.
Con las irregularidades señaladas previamente por el CNA, también se destacó que la modificación presupuestaria representó un financiamiento de L 219,729,500 y se identifican que los salarios consignados en los acuerdos de nombramientos exceden sustancialmente los salarios contemplados en el manual de descripción de puestos.
Es decir que, puestos como el promotor de desarrollo comunal I, con un sueldo base mensual de L 9,443.24, variaba entre un valor mínimo de L 11,000.00 y un valor máximo de L 50,000.00. Lo que representa una diferencia salarial de L 39,000.00.
El CNA advierte que ante una brecha salarial tan amplia entre los 581 nombramientos, las personas con un salario inferior al máximo otorgado para el mismo puesto eventualmente estarían solicitando una nivelación salarial.
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Eventualmente, la Sedis tendría que asumir los ajustes en la nivelación de salarios hasta por L 304,705,072 anuales, en comparación a los L172,794,330.00, inicialmente aprobados en el dictamen de finanzas. La Sedis asumiría un perjuicio contingente de L. 131,910,742.00 para los 581 acuerdos.
En sus conclusiones, el informe del CNA afirmó que constataron al menos 87 personas con acuerdo de nombramientos firmados por el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Elan Vásquez Ayestas, y el jefe del gabinete presidencial, Ricardo Cardona López.
A inicios de marzo, el CNA presentó un informe sobre parte de la auditoría realizada a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) mediante el cual denunció un perjuicio económico de 61 millones de lempiras en pago de salarios a tres altos funcionarios.
La directora del ente de sociedad civil, Gabriela Castellanos, develó que los beneficiarios con exorbitantes salarios y pagos de representación son: Miguel Ángel Bonilla Padilla, sobrino del hermano del expresidente Hernández, y Dacio Remberto Castillo Flores y Alana María Lanza Suazo quienes fungieron como representantes de Honduras ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
