Tegucigalpa, Honduras. En la elección de segundo grado realizada de manera sorpresiva el pasado miércoles, donde se nombraron y ratificaron a las autoridades de diversas instituciones, el Congreso Nacional se vio envuelto en una situación de impunidad. Se denunció la distribución de cuotas de poder con el propósito de continuar protegiendo los intereses de la clase política y la economía del país.
La noche del miércoles, el Poder Legislativo eligió, con el respaldo de 110 diputados, a las nuevas autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Unidad de Política Limpia, Tribunal de Justicia Electoral (TJE), e Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Además, ratificó en su cargo al fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, quien desempeñaba de manera interina dicha función desde el primero de noviembre de 2023.
En el caso del Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto de Acceso a la Información Pública, los elegidos ejercerán funciones hasta septiembre de este año, ya que solo cubrirán las vacancias pendientes. Por lo tanto, Luis Redondo, titular del Legislativo, antes de la sesión, nombró una comisión para llevar a cabo el proceso de selección de los futuros candidatos que ocuparán el cargo durante un periodo de cinco años (2024-2029).
Posterior a la votación en el Poder Legislativo, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, denunció que el acuerdo para consensuar los cargos en juego se llevó a cabo el martes 27 de febrero en una reunión entre el presidente del Congreso, Luis Redondo, y Nasry “Tito” Asfura. También se especula que participaron líderes del Partido Liberal y el partido oficialista.
Cálix, quien ha respaldado algunas posturas del Partido Nacional, cuestionó que su partido haya llegado a acuerdos con “Tito” Asfura, sobre quien sostuvo que existen procesos en la Fiscalía por supuestos actos de corrupción. Además, denunció que en el acuerdo se beneficiaría a uno de los socios más cercanos de Nasry Asfura, Johnny Kafati Segebre, a través de favores del Poder Judicial.
«Sería bueno que nos contara el compañero Redondo, ¿qué negoció con Nasry Asfura? Se reunieron ayer, y mi pregunta es, si aquí hay diputados del Partido Nacional, ¿por qué reunirse con Tito? que además tiene procesos judiciales pendientes y está participando en la elección del fiscal, se ve mal, hay conflicto de interés, él tiene requerimientos fiscales en proceso que no están cerrados», cuestionó Cálix después de la elección.
Respecto al socio de Nasry, señalado como beneficiario del acuerdo político, Cálix preguntó: «díganme si ese caso de 50 millones del socio de don Tito Asfura, Johnny Kafati, está metido dentro de esta negociación».
Después de las interrogantes planteadas por Cálix, Luis Redondo no afirmó ni negó que haya sostenido una reunión con Nasry Asfura.
La mayoría de los cuestionamientos se centran en la ratificación del fiscal general Johel Zelaya, quien no debería haber participado en el proceso de selección de la ya extinta Junta Proponente, liderada por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, ya que en ese momento era regidor del municipio de Reitoca, en Francisco Morazán.
Según los señalamientos, dejar a Johel Zelaya en el cargo, gracias a una maniobra política, implica en pocas palabras que continuará la hegemonía de impunidad que caracterizó la fiscalía durante los periodos en los que Óscar Fernando Chinchilla estuvo al mando, siendo uno de los pilares fundamentales durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos).
Aunque existen señalamientos, también hay un sector que exige al nuevo fiscal general en propiedad proceder legalmente en contra de los políticos que se han dedicado a saquear las arcas del Estado.
“El MP ya no tiene excusas. Si se quiere rehabilitar, debe proceder contra los que se enriquecieron con el golpe de Estado y contra los sobornados con dinero de los narcos para aprobar la reelección, e investigar, para limpiar honras y castigar culpables”, escribió el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, en su cuenta de X.
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DOS FACTORES
Criterio.hn consultó al analista político Rodil Rivera Rodil para conocer su opinión sobre el proceso de elección, el cual aprobó con una sola moción nominativa el cambio de mando en las instituciones mencionadas anteriormente.
Rivera destacó dos factores: la persistencia de la impunidad política, a pesar de los procesos legales abiertos, y la evidencia de que en el Congreso Nacional no domina ningún partido en particular, sino que las riendas las lleva el «tripartidismo» (Libertad y Refundación, Nacional y Liberal).
«En circunstancias de crisis, como las vividas en el Congreso Nacional, un arreglo político, aunque lesione las leyes, es el mejor camino. Nadie quiere que el Congreso se paralice porque han hablado incluso de golpes técnicos», expresó el analista político.
Añadió: «No estoy seguro de si en estos casos se puede hablar de impunidad. Pongo en duda esas interpretaciones de los hechos y creo que es más una conclusión de carácter político impulsada por una emoción. Lo cierto es que, en esta balanza de la vida del país, el factor político pesa más que el jurídico».
SE NORMALIZÓ ESE TIPO DE ACUERDOS CON BENEFICIOS
Este acuerdo que llevó al Congreso Nacional a mágicamente y paradójicamente llevar el proceso de elección de varias instituciones en un solo “paquetazo” obedece a un comportamiento que adoptó la clase política y terminó normalizando la clase política.
“Esto tipo de acuerdos se volvió normal, al parecer siempre tienen que negociar beneficiados. Los arreglos políticos se hicieron para evitar más persecución penal contra líderes del Partido Nacional y para preparar las elecciones”, dijo en pláticas con Criterio.hn el analista político Lester Ramírez.
De hecho, luego que se concretó el proceso de elección, el designado presidencial, Salvador Nasralla, se desligó del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), grupo integrado por líderes políticos (nacionalistas y liberales) salpicados en casos de corrupción y otros actores visibles del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales en 2009.
“No estoy de acuerdo con el pacto de impunidad sellado hoy 28 de febrero de 2024 en el Congreso Nacional, por la corrupta cúpula del tripartidismo, porque es una unión de corruptos que se auto definen por todo lo malo que está destapándose en el juicio de NY y por los multimillonarios robos locales”, escribió Nasralla en su cuenta de X.
