Tegucigalpa, Honduras.- Unos 300 mil hondureños fueron deportados desde 2015 a la fecha, y si bien regresan a Honduras su permanencia en el país implica un riesgo a su vida por lo que se ven obligados a repetir la experiencia pese a no ser bienvenidos en los países del norte.
Eso fue lo que vivió Ricardo, un joven que tras permanecer cuatro años en Estados Unidos fue deportado a San Pedro Sula. A su regreso intentó sorprender a su familia, sin embargo no había tocado la puerta de su casa cuando una banda local le interceptó y le llevó a una zona remota, donde le desnudaron, interrogaron y al finalizar el relato de su odisea le dejaron partir, no sin antes advertirle que “cuidadito”.
Este testimonio fue recogido en el estudio “Deportaciones, inseguridad y la migración circular en Honduras”, escrito por la antropóloga Amelie Frank-Vitale y la socióloga Sandra Amador; y que presentó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a través del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras (Flacso-OMIH).
El documento expone cómo la violencia influye en la migración circular que ocurre en el país, y no, no se trata solamente de la violencia ejercida desde agrupaciones pandilleriles, sino también de grupos de sicarios, cárteles de droga, grupos paramilitares o de vigilantes dedicados a la «limpieza», y las mismas fuerzas policiacas, militares, y estatales.
Asimismo, señala que el departamento con los índices de homicidio más altos del país no es Cortés ni tampoco Francisco Morazán, ambos lugares con zonas urbanas, sobrepobladas, y precarias donde sí predominan las maras. El departamento con índices de homicidio más altos actualme es Atlántida, un departamento en su mayoría rural que se ubica por la costa norte caribeña. Indicando que culpar a las maras como la fuente absoluta de la inseguridad en Honduras es erróneo.
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Esto se ve reflejado en el testimonio de Mariela una joven de 19 años que vive en la López Arellano en San Pedro Sula. Al preguntarle a quién temía más: a los delincuentes o a los policías, respondió: «Buena pregunta. Creo que a los policías. Con los delincuentes, uno se sabe qué es y cómo son, y de hecho conozco una amiga que fue novia de uno de Los de la Rumba y a ella le trató justo; con los militares, nada que ver».
De hecho Mariela está convencida de que muchas de las mujeres que aparecen muertas en la López son víctimas de la policía militar —la misma a la cual el presidente de Honduras cataloga de responsable por la nueva ola de seguridad en el país—. Mariela dice que ellos son quienes más miedo dan: hacen lo que quieren y echan la culpa a quienes quieren.
Así como el testimonio de Mariela, encontramos el de otro adolescente que afirma que si bien él se siente seguro al caminar en su colonia en horas de la noche; no siente nada de seguridad al momento en que cruza una patrulla, pues teme que si le “levantan” no vuelva aparecer.
El problema llega a tal punto que la misma policía recomienda a las víctimas que solo pongan una denuncia oficial justo cuando estén listos para irse del país. Ellos saben que dentro de sus fuerzas hay elementos que colaboran con toda la variedad delincuencial del país, revela el documento.
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El informe también manifiesta que no se cuenta con datos sobre el número de personas deportadas que fallecen y que la información es recolectada de forma anecdótica o porque los familiares lo revelaron a la prensa local. Incluso reporta que la investigadora Elizabeth Kennedy realizó una compilación de casos en el 2015 basada en reportes de la prensa local y encontró que 35 personas deportadas fueron asesinadas en Honduras días después de su deportación (Agencia Reforma, México, 2015).
“Deportaciones, inseguridad y la migración circular en Honduras”, también denuncia que una parte de los 800 millones de dólares anuales que recibe el gobierno por el tema de «prevención de la migración», es utilizado en publicidad en “campañas para convencer a la población de no migrar (las cuales son totalmente inútiles) y reforzar fuerzas policiaco-militares siguiendo la línea de los Estados Unidos, que ve a la migración como un tema de seguridad”.
Frente a este escenario, la antropóloga Amelie Frank-Vitale y la socióloga Sandra Amador preguntan “¿dónde hay lugar en el mundo para un joven pobre, amenazado, que no encuentra cómo quedarse en su país y tampoco encuentra protección afuera?”
