El Fondo Social Departamental y la corrupción en el Congreso

Por: Javier San Vicente Maeztu

El pasado 8 de noviembre, en una inusual votación a mano alzada, el Congreso Nacional aprobó la restitución del Fondo de Desarrollo Departamental, que a partir de ahora se conocerá como Fondo Social Departamental, con el apoyo de diputados de casi todas las bancadas del Congreso Nacional. Solo los congresistas del PINU, el liberal Dario Banegas y Jari Dixon de Libertad y Refundación se opusieron.

El Fondo de Desarrollo Departamental fue creado en 2006, en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza ERP. Desde su creación fue utilizado por el Congreso Nacional en sucesivas legislaturas para financiar proyectos de desarrollo presentados por los parlamentarios y aprobados por la Comisión de Presupuesto, contando con un presupuesto anual de 400 millones de lempiras desde el año 2011 (el 25% del presupuesto del Hospital Escuela Universitario). Desde ese año, la asignación del fondo quedaba en manos de una Comisión de Presupuesto del Congreso controlada por el Partido Nacional y sus partidos satélites.

En diciembre de 2017 en el marco de la investigación de MACCIH “red de diputados”, se presentó un requerimiento fiscal en el que se acusaba a 5 diputados de haberse apropiado de recursos públicos del Fondo de Desarrollo Departamental, supuestamente dirigidos a la implementación de proyectos de desarrollo. Como consecuencia de esto, a principios de 2018 se eliminaba este fondo. Los 5 diputados pertenecían a partidos opositores al gobierno, y en 2016 votaron en el Congreso Nacional a favor del nombramiento de varios magistrados para la Corte Suprema de Justicia propuestos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, en la mayoría de los casos en contra de la disciplina de partido. Meses más tarde, estos mismos magistrados dieron al Presidente Hernández el aval jurídico necesario para presentarse a la reelección, en violación flagrante de lo establecido en la constitución hondureña. De los diputados vinculados a esta trama, dos de ellos fueron expulsados de su bancada y partido (LIBRE). Otro de ellos fue expulsado de la Democracia Cristiana. Con posterioridad, el entonces vocero de la MACCIH Juan Jimenez Mayor, manifestaría que las investigaciones adelantadas por esta misión internacional involucraban a más de 140 diputados. Tras estas declaraciones de Jimenez Mayor el Congreso Nacional aprobó en enero de 2018 una Ley de Presupuesto, cuya redacción fue alterada de forma ilegal y que acabaría sirviendo de pretexto para archivar el caso red de diputados, hecho que derivaría en otra investigación de MACCIH conocida como pacto de impunidad. De esta forma, quedaba evidenciada la rapidez con que las instituciones públicas hondureñas reaccionan a una investigación dirigida por MACCIH – UFECIC que podría haber afectado a relevantes figuras del mundo político hondureño.

En la actualidad, conocer cuál fue el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Departamental es extremadamente difícil. Para la documentación de este artículo se presentaron varias solicitudes de información pública, dirigidas al Congreso Nacional y a la Secretaria de Finanzas, con el objeto de conocer los proyectos que se aprobaron en el marco del fondo, así como su monto y los diputados vinculados a los mismos. También se solicitó acceso a las liquidaciones de estos proyectos. Sin embargo, ambas instituciones negaron acceso a información alguna, aduciendo que dichos expedientes estaban secuestrados por el Ministerio Público. De esta forma, lo más que podemos saber, es que una misión internacional de lucha contra la corrupción presentó una investigación en la que se establecía un entramado dirigido por congresistas opositores y dedicado a sustraer recursos públicos del fondo.

En este contexto, parece poco recomendable reinstaurar un mecanismo como el del Fondo Social Departamental, que podría servir para crear más incentivos perversos que contaminen el correcto funcionamiento de la vida parlamentaria. Sorprende especialmente que desde la oposición en general, y la bancada de LIBRE en particular, se apoye la restauración de un mecanismo que dejaría en manos de la presidencia del Congreso Nacional y de su Comisión de Presupuesto, la asignación de fondos a diputados de todos los partidos. Más teniendo en cuenta los funestos antecedentes de este fondo, ya comentados en este artículo. Vale la pena señalar, para completar el cuadro, que la Comisión de Presupuesto, encargada de supervisar este fondo, está actualmente compuesta por 6 diputados nacionalistas, 2 liberales, y 1 de LIBRE, otro de la DC y otro de UD, de los cuales 5 están señalados en investigaciones de MACCIH y el CNA por su implicación en el caso pandora, pacto de impunidad, y sendos desfalcos en la Secretaria de Salud y el INFOP.

A principios del siglo pasado el empresario bananero Samuel Zemurray afirmaba que en Honduras era más barato un diputado que una mula. Poco parece haber cambiado desde entonces. Dan prueba de ello los numerosos escándalos de corrupción que se viven en el país, así como hechos como la masiva (y escandalosa) ola de transfuguismo que vivió el Congreso Nacional durante la legislatura pasada. En ella, las bancadas de LIBRE y el PAC perdieron más del 25% de sus diputados, que acabaron mayoritariamente sumándose a las filas del gobernante Partido Nacional o sus partidos satélites. El profundo conflicto que se produce actualmente al interior del Partido Liberal también parece indicar un fuerte impacto de los intereses y agendas ocultas en las decisiones de los congresistas, que, en vez de seguir la disciplina de partido, orientan su accionar con base a consideraciones no explicitadas. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla.

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