Tegucigalpa. En un artículo de opinión para el diario británico Financial Times, el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, afirma que «se requieren acciones urgentes para proteger el estado de derecho antes de que se desintegre en toda Centroamérica».
Vivanco abre el artículo comparando a los países centroamericanos con fichas de dominó que están cayendo uno a uno en el autoritarismo. Por un lado señala al presidente de Nicaragua Daniel Ortega, quien intensificó la represión contra la oposición política previo a las elecciones del 7 de noviembre en busca de un cuarto mandato presidencial consecutivo. Mientras los presidentes de los países vecinos siguen sus pasos: la apropiación absoluta de los sistemas de justicia y la eliminación de los pocos controles y contrapesos.
«Se requieren acciones urgentes para proteger el estado de derecho antes de que se desintegre en toda Centroamérica», remarca Vivanco en su artículo de opinión titulado: «El estado de derecho se está desintegrando en Centroamérica», donde país por país resume la situación en temas de democracia.
Para el caso de Honduras, Vivanco pormenoriza cómo en 2012 el Congreso Nacional removió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) «quienes cambiaron la constitución en 2015 para permitirle a Hernández cumplir un segundo mandato». De igual forma menciona cómo los nuevos integrantes de la CSJ disolvieron el Consejo de la Judicatura en 2016, dando al presidente de la Corte poder para nombrar y destituir a todos los jueces del país.
El director de Human Rights Watch para América no olvida mencionar que Honduras se apresta a un nuevo proceso electoral el próximo domingo 28 de noviembre y que su actual presidente, Juan Hernández es acusado por los fiscales estadounidenses de trabajar con organizaciones de narcotráfico y que el partido político al que pertenece ha jugado un papel importante en la cooptación del sistema de justicia.
En cuanto a Nayib Bukele en El Salvador, Vivanco manifiesta que «ha utilizado su supermayoría en la legislatura para doblegar el sistema de justicia a su voluntad». Prueba de ello es que, en mayo de este año, los legisladores del partido de Bukele reemplazaron sumariamente a todos los jueces del tribunal constitucional del país. Mientras los recién nombrados votaron en septiembre para permitir que Bukele buscara un segundo mandato en el cargo, a pesar de la prohibición constitucional de la reelección.
El defensor de derechos humanos entra en detalles sobre cómo los partidarios de Bukele en la legislatura también instalaron un nuevo fiscal general, que puso fin a la cooperación con una comisión internacional que investigaba a altos funcionarios del gobierno por corrupción.
Vivanco no lo menciona, pero este accionar en El Salvador es precedido por hechos similares en Honduras con la ilegal reelección de Óscar Chinchilla como fiscal general del Ministerio Público y la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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En cuanto al presidente Alejandro Giammattei y su coalición al interior del Congreso Nacional en Guatemala, Vivanco remarca que «están trabajando para destituir a los últimos jueces independientes y reemplazarlos con aliados en un aparente esfuerzo por detener una campaña anticorrupción que ha implicado a políticos de alto rango».
Una de estas acciones, según el defensor de Human Rights Watch para América, fue cuando «en julio, el fiscal general destituyó al jefe de la fiscalía especial que estaba investigando a Giammattei y otros funcionarios de alto nivel por corrupción».
En relación al presidente de México, Vivanco apunta que, en vez de convertirse en un líder regional, Andrés Manuel López Obrador criticó a otros países por intervenir en los asuntos de Nicaragua y por no respetar «el normal desarrollo de las instituciones democráticas», pese al historial de Ortega.
Vivanco subraya que López Obrador «no solo ha guardado silencio sobre las tomas de poder en El Salvador, Honduras y Guatemala, sino que ha mostrado poco respeto por el estado de derecho y la independencia judicial en su país».
Aclarando que, si bien aún no llega a los extremos de sus pares centroamericanos, el presidente mexicano va bien encaminado en cuanto a la crítica contra los controles independientes de su poder, pidiendo castigo para los jueces que fallan en su contra y sus partidarios en el congreso manipulan la composición de la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura Federal.
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El director de Human Rights Watch para América no menosprecia las medidas de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido en la defensa del estado de derecho en Centroamérica, pero deja claro que la congelación de activos y la suspensión de visas para personas vinculadas a abusos no es suficiente y que el mensaje claro debiera ser que los «continuos ataques a los tribunales tendrán consecuencias, incluida, si es necesario, la suspensión de la ayuda militar».
Finalmente, cierra su artículo de opinión, advirtiendo que «la creciente lista de opositores políticos que se encuentran en las cárceles nicaragüenses debería servir como una advertencia de lo que sucede cuando se permite que se desintegre el estado de derecho. El desmantelamiento total de las instituciones democráticas a menudo lleva tiempo. Los partidarios de la democracia y los derechos humanos deben hacer todo lo posible para detenerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde».
