Tegucigalpa. –El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que, a fin de impulsar una política de combate a la corrupción en Honduras, Guatemala y El Salvador, aplicará una nueva política para la emisión de visas y restringir su entrega a funcionarios, exfuncionarios, sus familiares y otras personas que se consideren responsables o cómplices de atentar contra la democracia o el Estado de derecho.
El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Antony J. Blinken, mediante una declaración en la que se señala que las irregularidades pueden incluir actos de corrupción u obstrucción de instituciones o procesos democráticos, como subvertir la integridad y la independencia del sector judicial y de los fiscales anticorrupción. (Descargue aquí la declaración de Antony J. Blinken)
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“Podrán negarse visas a las personas designadas conforme a esta política, incluidos sus familiares. Al disponer estas restricciones, estamos dando un mensaje claro de que quienes debiliten la democracia o el Estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no serán bienvenidos en Estados Unidos”, dice el mensaje de Blinken.
Esta política complementa otras herramientas que Estados Unidos está empleando en apoyo a los esfuerzos de los pueblos de Guatemala, Honduras y El Salvador para promover la rendición de cuentas por hechos de corrupción, impunidad y ataques a la democracia: Antony J. Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.
A raíz del golpe de Estado de 2009, el gobierno norteamericano suspendió el visado a varios funcionarios involucrados en el quebrantamiento de la democracia hondureña y en los últimos años ha informado sobre el mismo castigo para funcionarios y exfuncionarios involucrados en corrupción de los tres últimos gobiernos del Partido Nacional.
El pasado 12 de julio el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la Lista Engel, en la que enumeró a 21 hondureños entre exfuncionarios y funcionarios y entre los que destacó el expresidente Porfirio Lobo Sosa y su esposa, Rosa Elena Bonilla. A todos los señalados se les canceló la visa.
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Tanto la Lista Engel como la supresión de visas fue vista como una sanción moral por parte de varios líderes de opinión, que creen que la sanción de los corruptos pasa por la aplicación de la justicia y la integración de instituciones creíbles, algo que en Honduras no puede ocurrir porque tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia, están controlados por los autores intelectuales de la corrupción.
Para el caso el Ministerio Público, está en manos de Óscar Chinchilla, un aliado del presidente Juan Hernández, pero que curiosamente goza de la simpatía y apoyo de Estados Unidos, pese que Hernández, además de ser señalado por corrupción, es actor del narcotráfico, según lo ha denunciado la Fiscalía estadounidense.
Según Blinken, la nueva política estadounidense, que se ampara en la aplicación del artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ayudará a los pueblos de Honduras, Guatemala y El Salvador a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad.
“Muy a menudo, tales mejoras se topan con los obstáculos que representan la corrupción y la impunidad. La falta de gobernabilidad sólida menoscaba los talentos y los recursos de las personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas, frustra su posibilidad de forjar un futuro y motiva a algunos a abandonar sus hogares y embarcarse en el peligroso camino de la migración irregular hacia la frontera de EE. UU.”, dice el pronunciamiento.
El texto recuerda que la nueva política en la restricción de visas es parte del anuncio que hizo el pasado 29 de julio la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar las causas fundamentales de la migración.
Señala además que los desafíos en materia de gobernabilidad, como la corrupción generalizada, socavan los adelantos en áreas como oportunidades económicas, protección de los derechos humanos y seguridad civil.
Las empresas privadas mencionan la corrupción como un impedimento para las inversiones. La fragilidad de las instituciones democráticas, combinada con la impunidad generalizada, ha mellado la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en la independencia de los sistemas judiciales. El cuestionamiento de procesos electorales y la falta de transparencia en la toma de decisiones por parte de los gobiernos han dado lugar a hechos de violencia, dice el documento.
Nuestra intención es apoyar a los ciudadanos, las organizaciones y los funcionarios públicos en la región que han asumido el compromiso de infundir esperanza y generar oportunidades para los pueblos de América Central fortaleciendo las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la transparencia, agrega el pronunciamiento de Blinken.
