En el Día Mundial de la Tierra, Honduras se enfrenta a una realidad sombría: sus defensores ambientales luchan contra la criminalización y la violencia mientras protegen los recursos naturales del país
En un contexto donde los intereses económicos poderosos chocan con la preservación del medio ambiente, las personas defensoras se encuentran en la primera línea de una batalla marcada por amenazas constantes, impunidad y muerte
Tegucigalpa, Honduras. – La lucha por la protección del medio ambiente y la tierra, en Honduras se ha convertido en un acto de valentía marcado por la amenaza constante de la criminalización, la persecución y la muerte. En un país donde la deforestación, la minería y otros proyectos extractivos han generado conflictos sociales y ambientales, los defensores ambientales se enfrentan a un escenario cada vez más hostil, donde la protección de los recursos naturales a menudo choca con los intereses económicos poderosos.
Actualmente Honduras se ubica como el quinto país del mundo que reportó el mayor número de personas defensoras asesinadas en el año 2022, según el último Análisis Global de Front Line Defenders.
En el marco del Día Mundial de la Tierra, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señala que alrededor de 30 defensores del ambiente, la tierra y del territorio perdieron la vida violentamente, entre el 2022 y el 2023.
En ese sentido, para el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, estas cifras sólo ratifican lo que organismos internacionales han señalado, sobre la preocupante situación de la defensa de la tierra y el ambiente.
Además, el abogado defensor, señaló a Criterio.hn que, bajo este panorama, el “Honduras sigue siendo un país donde la defensa de derechos humanos representa un peligro”.
En sólo una década –entre 2012 y 2022—el país centroamericano, registró al menos 131 asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente según un análisis de Global Witness. De estos, 70 asesinatos ocurrieron luego del crimen en contra de Bertha Cáceres en marzo de 2016. De los 131 casos, 38 eran personas indígenas, 16 afrodescendientes, 77 otros.
Global Whitness, enfatiza las principales causas de los asesinatos, entre ellas destacan: 21 se suscitaron por proyectos hidroeléctricos, 11 por agroindustria, 11 por minería, 8 por industria maderera y 80 no han sido identificados.
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IMPUNIDAD: MAYOR ESTIMULO DE GRUPOS Y SECTORES QUE ATENTAN CONTRA DEFENSORES
De acuerdo con el Conadeh de las 30 muertes violentas de defensores que se suscitaron entre 2022 y 2023, la mayoría permanece en impunidad.
Para el abogado Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), la certeza que gozan de impunidad es “el mayor estímulo que tienen los grupos y sectores que agreden, asesinan y violentan los derechos de los defensores”.
A su criterio, esto ocurre porque las instituciones del sistema de justicia hondureño “no muestran capacidad, ni interés para perseguir y juzgar a este tipo de criminales”. Que demás, señala “muchos de ellos con vínculos y connivencia con policías, fiscales y jueces; como ha sucedido en el pueblo Tolupán en Yoro”.
Fernández, quien fue fiscal del Ministerio Público, señaló que en otros casos, son los mismos funcionarios del Estado los que ejecutan los crímenes, como el asesinato del joven campesino Kevin Meza miembro de la empresa campesina de la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI) en el Aguán, perpetrado por miembros de la Policía Nacional el 14 de octubre de 2023.
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RESPONSABILIDAD EN DIFERENTES NIVELES
La falta de protección efectiva por parte del Estado y el debilitamiento de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos y por los defensores, contribuyen a un clima de vulnerabilidad para quienes se atreven a levantar la voz en defensa de la tierra y el medioambiente.
Con relación a la debilidad institucional, Joaquín Mejía expresó que Honduras ha pasado por un proceso de debilitamiento principalmente del Mecanismo Nacional de Protección –órgano encargado de evitar que las amenazas en contra de personas defensoras se puedan concretar— que pasa por la ausencia de recursos financieros y humanos.
Por otro lado, el abogado defensor señaló que el Ministerio Público –ente encargado de investigar las amenazas y ataques contra personas defensoras— durante mucho tiempo sido “una herramienta de criminalización”, es decir, forma parte del problema. Que, con las nuevas autoridades, sugirió que hay que darle un compás de espera.
Mejía, resaltó que, con la criminalización y ataque a la defensa de los bienes comunes, se debe tener en cuenta que la violencia contra las personas defensoras es un asunto que no solamente puede provenir del propio Estado, sino que también proviene del crimen organizado y de otros actores privados que tienen intereses en las zonas en donde las personas defensoras están ejerciendo una defensoría.
Sin embargo, pese a que el papel del Estado debe ser prevenir, investigar y sancionar, Joaquín Mejía lamentó que “desafortunadamente a lo largo de los años el Estado no ha cumplido con esa obligación”.
Por su parte, Víctor Fernández, es de la opinión que la falta o insuficiente acción estatal contra estos hechos, estaría relacionado con el poder y fuerza que ejercen los grupos de agroindustriales, mineros, madereros, generadores de energía y otros, que “finalmente someten o subyugan al Estado y gobierno para garantizarles arbitrariamente sus intereses, incluyendo la impunidad frente a su corrupción y violencia”.
De acuerdo con el Conadeh, en los últimos 24 meses, siete departamentos del país fueron escenario de la muerte violenta de, al menos, 30 defensores de la tierra, de los territorios y del medio ambiente. Alrededor de 15 perdieron la vida violentamente en el departamento de Colón, 7 en Yoro, 3 en Atlántida, 2 en Olancho, 1 en Lempira, 1 en Choluteca y 1 en Intibucá.
