Texto: Aimée Cárcamo
Portada: Reynaldo López
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa. –“Mi hermano murió agarrado de mi mano, apretándome mi mano derecha fuerte y yo veía cómo se debilitaba hasta que él murió”.
Esos son los últimos instantes que Rosibel Pedrano, maestra jubilada de 52 años y residente en la capital, recuerda junto a su hermano César Aníbal Pedrano, quien murió el 24 de agosto del año pasado después de haber sido víctima de la brutalidad policial en el municipio de Liure, departamento de El Paraíso, unos 98 kilómetros al oriente de la capital de Honduras.
César Aníbal tenía 49 años y era el tercero de cinco hermanos, Rosibel es la segunda.
Era comerciante, tenía tres hijos y alquilaba un apartamento en la capital, pero a raíz de la pandemia por la Covid-19 se había ido para su pueblo a quedarse en la casa materna y trabajar en el negocio de un amigo que tenía una bodega.
Los hechos que le relató su hermano antes de morir ocurrieron el 4 de agosto. Eran aproximadamente las seis de la tarde y estaba platicando con su amigo en un carro, frente a una cantina, cuando llegó un grupo de policías asignados a la jefatura del municipio. “Venimos por vos”, le dijo uno de ellos.
Les preguntó por qué se lo querían llevar y les dijo que él no era delincuente. Trataron de subirlo a la patrulla, pero él se resistió y en el forcejeo un agente de apellido Sánchez le asestó una patada en la mandíbula que lo tumbó.
Después le apuntó con una pistola, pero una mujer policía de apellido Pastrana, que no participó en el maltrato, se la quitó, “si no, lo hubiera matado allí en ese momento”, dice Rosibel. Los otros agentes fueron identificados con los apellidos Betancur y Cruz.
Camino a Texiguat le dieron una brutal golpiza, le fracturaron la mandíbula y varias costillas, le rociaron gas pimienta en la cara y con la cacha de una pistola le reventaron los dedos de los pies, en los que llevaba puestas unas sandalias.
Lo dejaron en el vecino municipio, donde otro hermano—que fue por él—lo encontró tirado en una acera.
Según el relato de Rosibel, en los días siguientes llevaron a su hermano a Choluteca en una ambulancia para que le hicieran unas radiografías porque no aguantaba el dolor. De vuelta en Liure, un médico le dijo que a causa de las fracturas tenía líquido en los pulmones y lo remitió al Hospital Escuela de Tegucigalpa.
Lo mandaron el 20 de agosto para la capital, pero por la pandemia no fue ingresado en el centro asistencial. Lo revisaron, le dieron algunos medicamentos para el dolor y la inflamación y le dijeron que se fuera para la casa de su hermana, que ellos lo iban a monitorear por videollamada.
Al día siguiente fue a la aldea El Lolo, en el Distrito Central, para ponerse en manos de un sobador, quien le dijo que tenía tres costillas fracturadas. Ese mismo día fue a cobrarle a unos clientes que tenía en la capital.
Rosibel recuerda que “él cuando comía algo se metía (el bocado) bien adentro de la boca para podérselo tragar” debido a la fractura de mandíbula. “Comé algo”, le decía ella, a lo que él respondía “es que no puedo Rosibel, no puedo comer, no puedo tragar, no puedo masticar”.
El 24 de agosto se quejó de que sentía mucho dolor, pero antes ella le había preguntado por qué se habían ensañado con él esos policías.
No hay una respuesta clara. Los agentes presuntamente están aliados con vendedores de droga y también la consumen. Tienen varias denuncias por maltrato, entre ellas la de un joven al que le fracturaron un brazo y le quebraron los dientes, asegura Rosibel.
“Unos minutos antes de que muriera, me quedó mirando en la cara y me dijo: ‘Si mañana estoy bien, vamos a ir a poner la denuncia’. Entonces yo le dije que sí. Caminó como tres pasos y se agarró la columna y me dijo: ‘Si yo no puedo, lo hacés vos’. Y fue lo que yo hice”.
Fue a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) y al Comisionado de los Derechos Humanos. De la Didadpol fueron a investigar y le dijeron que habían terminado con la parte administrativa que era la que les correspondía, y que los derechos humanos tenían que hacer lo demás, que según ella es la exhumación del cadáver porque a su hermano no le hicieron autopsia.
La respuesta que Rosibel obtuvo de la policía deja en evidencia el alto nivel de impunidad que corroe a esta institución que, en vez de presentar el caso ante el Ministerio Público, se limitó a dar repuesta a la parte administrativa.
El hecho causó tal indignación en Liure, donde su hermano fue enterrado, que la noche del velatorio un grupo de habitantes estuvo a punto de ir por los policías y de prenderle fuego a la jefatura policial.
Los policías siguen activos e impunes, Rosibel cree que uno de ellos hasta fue asignado a otro sector.
“Me duele mi hermano”, exclama, mientras sus esperanzas de justicia languidecen. “Lastimosamente vivimos en un país en que no hay mucha justicia, o hay justicia solamente para algunas personas”, lamenta Rosibel a más de cuatro meses de la tragedia que la enlutó y que está en la impunidad.
La muerte de su hermano ocurrió tres meses después de la de su madre en mayo pasado, a causa de un paro cardíaco.
Nadie más que ella sabe el coraje y la indignación que siente cuando va al pueblo y mira “a esa gente que se ríe de todo lo que ha hecho”. Peor aún es la impotencia de no poder hacer nada.
UNA FARSA
En 2012, durante el gobierno de Porfirio Lobo, fue creada la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) a raíz del asesinato del hijo de la entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos y de un amigo que lo acompañaba a manos de elementos de la Policía. Estaba integrada por el sociólogo Víctor Meza, el extinto académico Matías Funes y el exrector de la UNAH Omar Casco.
Ese fue “el verdadero intento de modernización y transformación de la Policía”, pero el trabajo de esta comisión quedó “guardado en la gaveta no sé de quién”, dijo a Criterio.hn la comisionada de policía en condición de retiro María Luisa Borjas.
En abril de 2016 trascendió un informe de la Inspectoría General de la Policía que involucra a la cúpula policial con los asesinatos del zar antidrogas Arístides González y del asesor en materia de seguridad Alfredo Landaverde.
Ese mismo mes, el presidente Juan Hernández juramentó a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Vilma Morales, al representante de la Sociedad Civil Omar Rivera y al pastor Alberto Solórzano como miembros de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
La depuración policial que hizo esta comisión “es la farsa más grande que se ha dado aquí en el país”, opinó Borjas, cuyo último cargo en los 25 años que trabajó en la Policía fue como jefa de la Dirección Nacional de Asuntos Internos.
En ese entonces, los asesinatos de niños y jóvenes iban en aumento. Solo entre 1998 y 2002 más de 1,500 menores fueron ejecutados, según reportes que mencionaban la participación de las fuerzas de seguridad en estos crímenes.
Durante su gestión Borjas envió a los tribunales a la entonces Directora General de la Policía, Coralia Rivera Ramos; a la supervisora general de la Policía, Mira Suazo Rivera y a Juan José Aguilar Godoy, jefe de la sala de manejo de crisis y mano derecha del entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, todos ellos acusados por obstrucción de la justicia, por haber destruido, supuestamente, seis fusiles AK-47, con los que se habían asesinado aproximadamente a 50 jóvenes en la ciudad de San Pedro Sula.
Asimismo, por asesinato a los oficiales Juan Carlos Bonilla Valladares (El Tigre), Carlos Arnoldo Mejía López, Carlos José Zavala Velásquez y José Ventura Flores Maradiaga.
Carlos José Zavala Velásquez, fue extraditado a Estados Unidos donde fue condenado en el 2018 a 12 años de prisión por conspiración de narcotráfico y Juan Carlos Bonilla Valladares, que llegó a ser director de la Policía Nacional en 2012, ha sido acusado por la Corte de Nueva York de conspiración internacional de tráfico de drogas y armas.
En respuesta a la acción de Borjas los oficiales de policía se tomaron Asuntos Internos para evitar cualquier extracción de documentos, y la cúpula dispersó a su equipo investigativo por todo el país y le dio la baja deshonrosa. Fue en ese momento cuando, según Borjas, comenzó la persecución en su contra y de su familia.
Vilma Morales fue la abogada que absolvió a los oficiales señalados de cometer las ejecuciones extrajudiciales y que le negó el derecho a reclamar por su ilegal despido. Por eso, cuando fue juramentada junto con Omar Rivera, que se “autodenomina representante de la Sociedad Civil”, y Alberto Solórzano para liderar la depuración policial, la pregunta que Borjas se hizo fue: “¿Y estos señores qué es lo que van a ir a hacer a la Policía?”.
La depuración resultó en la cancelación por decreto de 3,815 miembros del personal policial, la mayoría de la escala básica, según datos de la oficina de Recursos Humanos de la Policía Nacional.
Criterio.hn solicitó una entrevista a Omar Rivera, a quien se le enviaron varias preguntas a través de su WhatsApp, entre ellas por qué mientras la Comisión Depuradora informó que el número de depurados oscilaba entre los cinco mil y seis mil, la Policía Nacional proporcionó otra cantidad. El ahora secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) no respondió.
Entre los depurados hay conductores, aseadoras, cocineras, es decir, personal auxiliar, para hacer más larga la lista y generar mayor impacto ante la sociedad, dijo Borjas.
A su juicio, la depuración sirvió para sacar a las personas que tenían una hoja de servicio limpia, mientras a los de la cúpula involucrados en actos de corrupción los sacaron con una baja honrosa y, además, premiados económicamente “porque les dieron sumas millonarias para que se mantuvieran callados”.
Los policías han estado y siguen estando involucrados en narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas, secuestros y asaltos, dijo la comisionada de policía en condición de retiro.
Ellos, que deberían ser la solución, son más bien parte del problema, empezando por el ministro de Seguridad que ha sido mencionado en la Corte de Nueva York y el director de la Policía Nacional señalado también por narcotráfico, agregó.
Según Borjas lo que hizo la Comisión Depuradora fue destruir la jerarquía y disciplina de la Policía, en la que ahora no ascienden por méritos, capacidad o antigüedad, sino porque son parientes o recomendados de un político.
Opinó que los depuradores llegaron para cumplir el mandato de Juan Hernández de destruir la institución porque él quería darle preponderancia a la Policía Militar, que es su policía pretoriana.
POCO EFECTIVO
El analista Raúl Pineda Alvarado opinó que el proceso de depuración fue animado por la demagogia y resultó poco efectivo porque “los elementos malos, indeseables y corruptos” continúan en la Policía Nacional.
La depuración, entonces, de acuerdo con el analista sirvió para que una parte de los corruptos se fuera, pero también para que el poder de otra facción corrupta se consolidara.
Después que la DNI (Dirección Nacional de Investigación) fue eliminada en 1993 ante los “tremendos crímenes” en que se vio involucrada, lo que no se estableció es que estos procesos no deben ser coyunturales, sino mantenerse de manera continua, sostenible y supervisada, dice Pineda Alvarado.
A su juicio, la militarización de la policía, la cual se remonta a 1963, es el peor error que se puede cometer.
En 1997, la institución policial fue traspasada al poder civil, primero bajo el mando de una junta interventora y luego del Ministerio de Seguridad, encabezado por un civil.
Pero esta separación con las Fuerzas Armadas sufre un retroceso en 2015, cuando el presidente Hernández nombra a un militar en la Secretaría de Seguridad. Además, está sujeta a lo que decida la coordinación de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina) al mando también de militares.
Pineda Alvarado sostuvo que peligra el proyecto de crear una policía profesional y civil porque cada vez se va militarizando más y se toman decisiones de política criminal equivocada.
Se creó una Policía Militar para resolver los problemas de corrupción de la Policía Nacional, pero “hoy tenemos dos” policías corruptas, manifiesta el analista.
Continuó diciendo que los procedimientos de los policías involucrados en ilícitos se han sofisticado y disimulado más, pero el nivel de la corrupción va en crecimiento, tanto en la escala básica como en los mandos policiales.
El analista considera que Honduras no necesita más instituciones policiales sino mejores policías. Asimismo, que es necesario ir pensando en una nueva depuración en la que los policías honrados tengan un rol protagónico para salvar a su institución. No obstante, dijo, no hay voluntad política para eso ni para reconocer que se equivocaron.
REQUERIMIENTOS FISCALES
En 2017, mediante la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, fue creada la Didadpol para investigar faltas graves y muy graves de miembros de la carrera policial.
A partir de entonces, la Comisión Especial dejó de conocer los procesos de depuración policial y tiene que ver más con la parte de reformas y transformación, aclaró el director de la Didadpol, Allan Argeñal.
Dijo que, a través de la Unidad de Casos Sensitivos, Didadpol ha demostrado la vinculación de miembros de la carrera policial en crimen organizado y “hemos podido sentar algunos precedentes de algunos miembros que se creían intocables”.
Los procesos disciplinarios siguen vigentes y “no hay que descartar” que haya miembros involucrados en actividades ilícitas, pero esos casos en materia penal “le competen exclusivamente al Ministerio Público”.
Criterio.hn, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, consultó cuántos requerimientos fiscales contra policías se han presentado desde que inició el proceso de depuración hasta la fecha. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia respondió que 38, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial informó que ha presentado 6 requerimientos fiscales, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, 19 y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos reportó 104.
Al respecto, el abogado Raúl Pineda Alvarado dijo que “la Fiscalía trabaja con la información que le da la misma policía”.
Consideró que la cantidad de requerimientos fiscales tiene que ver con el mal trabajo de la Junta Interventora, que le costó al país al menos mil millones de lempiras más las indemnizaciones a policías que fueron depurados sin respetar las normas legales.
Lo que está pasando ahora es que los cuadros retirados se gastaron el dinero de la indemnización “y se fueron a engrosar las filas de los traficantes de drogas, del pandillerismo o del sicariato, entonces la medicina resultó peor que la enfermedad”.
Señaló también que, con la admisión indiscriminada de elementos, la Policía y las Fuerzas Armadas están entrenándole la gente a los elementos del crimen organizado.
En la actualidad, la Policía Nacional cuenta con 18,486 elementos, dijo el titular de la Didadpol, a los que se sumarán los de la nueva promoción de enero.
BRUTALIDAD POLICIAL
La brutalidad en la Policía Nacional tiene sus orígenes en la militarización de esa institución, explica en su libro Policías y Militares de Honduras (1993) la socióloga Leticia Salomón. Fue en la gestión del General Gustavo Álvarez Martínez, quien trató de implantar la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que se desnaturalizó la función policial impregnándola de una perspectiva militar que relegaba las prioridades de su quehacer profesional y sustituía al ciudadano por el enemigo, como centro de su actividad. De ahí los ‘excesos’ cometidos por la famosa Dirección Nacional de Investigación (DNI).
Para la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, se trata de un problema estructural que se promueve en las academias y en los centros de estudio porque los mismos cadetes son formados con golpes e insultos.
Cuando estuvo en Asuntos Internos, Borjas dice haber conocido casos de mujeres cadetes que andaban los glúteos y las piernas moradas porque las golpeaban con palos de escoba. También el de un joven con un brazo fracturado y otro que abandonó la Academia Nacional de Policía (Anapo) después que lo lanzaron amarrado de pies y manos a una piscina.
Envió fiscales a investigar, pero los oficiales de la plana mayor siempre estaban presentes, tampoco sirvió que mandara a los médicos forenses para entrevistar a las víctimas porque el miedo les impedía hablar.
“Tanto oficiales como policías salen a reproducir esa brutalidad a la sociedad, salen con esa furia a desquitarse con los ciudadanos, a despojarlos de sus cosas”, porque ellos como cadetes también son despojados de sus pertenencias, comenta.
Otro “problema gravísimo” es el acoso sexual, dijo el abogado Pineda Alvarado.
Recordó que en algún momento circuló un memorando de un jefe policial que establecía que en un año el 80 % de las muchachas que llegaban al Instituto Técnico Policial salían embarazadas producto de relaciones que se ejercían bajo una condición de superioridad de mando por parte de sus jefes.
Estos temas no fueron abordados por la Comisión Interventora porque estaban interesados en satisfacer una especie de populismo y cumplir con una agenda obsequiosa con propósitos electorales, agregó el también analista.
Pineda Alvarado puntualizó diciendo que sacaron policías de la institución en respuesta a una demanda ciudadana, en vez de resolver realmente el problema y combatir una cultura policial orientada a la comisión del crimen y estimulada básicamente por el mal ejemplo que dan los jefes. Si los oficiales no dan un buen ejemplo a sus subalternos, los subalternos van a ser violentos y corruptos, finalizó.
