Tegucigalpa.- El Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) denunció la persecución arbitraria contra el líder indígena y defensor del bosque, Ovidio Enamorado Guillén, quien fue detenido la mañana de este jueves por la policía hasta presentar su carta de medidas sustitutivas a la prisión.
Enamorado Guillén es uno de varios presos políticos de Las Vegas, Santa Barbara, en espera de respuesta a la solicitud de audiencia -realizada el viernes 25 de febrero- para la aplicación del Decreto de Amnistía número 04-2022 para presos políticos y de conciencia.
El Cofadeh indicó que en 2018, el defensor del bosque fue privado de libertad en la cárcel de máxima seguridad ubicada en Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo. Junto a él, fueron apresados su hermano Faustino y siete compañeros más, produciéndoles pérdidas económicas y familiares.
La organización defensora de derechos humanos indicó que en total fueron 28 personas -20 hombres y 8 mujeres- las imputadas por incendio agravado en perjuicio de la alcaldía de Las Vegas, Santa Barbara, dirigida en ese momento por la edil Petrona Audofinia Pineda con afiliación al Partido Nacional de Honduras (PNH).
El hecho por el que fueron criminalizados ocurrió en el marco de las protestas posteriores al fraude electoral de 2017. Según relatos de los defensores en ese momento ejercían su labor de observación. Posteriormente fueron apresados por tres meses en el centro penitenciario de Ilama, Santa Barbara.
La amnistía ha recibido fuertes críticas por otorgar acceso directo a funcionarios públicos de la administración Zelaya Rosales (2006-2009). En cambio, los defensores de derechos humanos que fueron criminalizados por el régimen que se instauró tras el golpe de Estado deben solicitar certificaciones y constancias al Cofadeh y a la Secretaría de Derechos Humanos para posteriormente presentarlas ante el Poder Judicial, que admite o rechaza la solicitud en una audiencia.
Es en esta última parte del proceso donde se encuentra Ovidio Enamorado Guillén, quien ya lleva un mes esperando se señale la fecha de su audiencia.
El primer exfuncionario de la derrocada administración Zelaya en ser beneficiado tras la entrada en vigencia del Decreto de Amnistía número 04-2022 fue Enrique Flores Lanza. Seguido por el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.
Uno de los primeros defensores criminalizados en ser acogido por la amnistía fue Eduardo Enrique Urbina, quien fue acusado de incendiar un camión militar durante las protestas post fraude del 15 de diciembre de 2017 en el sector de El Carrizal, en Tegucigalpa. No obstante, Urbina pudo comprobar en San José, Costa Rica, que no era responsable de los cargos que se le imputaban en Honduras, por lo que fue liberado y logró asilo en el país centroamericano.
A mediados de febrero, el Cofadeh anunció que había solicitado la amnistía para once casos de presos políticos y exiliados por persecución política, durante el golpe de Estado de junio de 2009 y la reelección ilegal del expresidente Juan Orlando Hernández en 2017.
Una de las solicitudes de amnistía que más controversia ha causado es la de Roberto David Castillo Mejía por el caso “Fraude sobre el Gualcarque”. Castillo ya fue declarado culpable de ser coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, quien lideraba en ese entonces el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y el movimiento social que se oponía al proyecto de Agua Zarca.
Al respecto, la coordinadora del Copinh e hija de la lideresa indígena, Bertha Zúniga Cáceres, denunció y rechazó la utilización ilegal e ilegítima del decreto de amnistía para presos políticos y de conciencia de la cual pretenden hacer uso los abogados defensores de David Castillo.
