Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- A juicio de la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, la demanda contra la feminista Suyapa Martínez, por parte de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) es un nuevo error de quienes pretenden acallar el clamor popular.
“Yo creo que se vuelven a equivocar los que tienen el poder de matar, de llevar a la cárcel y tienen el sistema de justicia para hacer y deshacer de él”, porque “este caso debemos verlo como un ataque a la reclamación de justicia, al derecho a conocer la verdad y a la solidaridad”, sostuvo Oliva.
Este lunes, 41 organizaciones defensoras de sociedad civil, especialmente defensoras de derechos humanos emitieron un comunicado mediante el cual repudian la acción de la empresa DESA considerada como la principal sospechosa de la muerte intelectual de la extinta lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres.
En tal sentido, la coordinadora del COFADEH manifestó que lo ocurrido este martes solo es una muestra de lo que pudiera venir más adelante, porque todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos y especialmente las mujeres, “estamos alertas”.
Oliva apuntó que la implicación de DESA en el asesinato de Berta Cáceres se dijo desde antes que se registrara el nefasto capítulo y “lo dijo ella misma y lo dijo con nombre y apellido”.
Otras de las razones que ligan a la empresa antes citada, es que cada vez que la justicia ha presentado a los supuestos responsables, éstos han dicho que tienen nexos con DESA, resumió.
La defensora de los derechos humanos consideró que la acción emitida contra la directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) es un atentado contra la libertad de expresión. “A través de Suyapa nos están mandando un mensaje para que permanezcamos calladas”, expresó.
Suyapa Martínez ha sido demandada por la empresa DESA, quien le ha solicitado una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de un millón de lempiras. La empresa responsable del proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque localizado en las comunidades lencas del occidente de Honduras, presentó la acción judicial al considerar que Martínez emitió informaciones inexactas en su contra y de sus miembros sobre el crimen de Berta Cáceres.
La imputada ha sido citada a una audiencia programada para el martes 21 de marzo a las 10:00 de la mañana en el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán.
