Entre sus deudas, Honduras debe aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia en la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Tegucigalpa.- En Honduras el sistema judicial es diligente para criminalizar y perseguir a quienes protestan y defienden derechos, pero no así para identificar a las personas responsables de violaciones de derechos humanos.
Esta fue una de las discusiones del foro “Debida diligencia en las investigaciones de casos sobre violaciones a derechos humanos en Honduras: avances y obstáculos”, realizado el día de hoy por la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Durante el evento realizado en Tegucigalpa, víctimas en los casos ante la Corte IDH, personas expertas a nivel nacional e internacional e integrantes de la Mesa de Seguimiento, denunciaron que en Honduras las investigaciones de violaciones de derechos humanos se enfrentan a una serie de obstáculos fácticos y normativos que violentan el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia.
En este país, la impunidad es la regla en los casos de violaciones de derechos humanos que han sido juzgados por la Corte Interamericana.
En este sentido, los y las expositoras denunciaron que las investigaciones afrontan problemas estructurales como la falta de mecanismos de investigación efectivos; las irregularidades procesales en la recaudación de prueba; la falta de independencia de los y las operadoras de justicia; los riesgos a la seguridad de quienes denuncian, investigan y testifican; la falta de recursos para el funcionamiento de las instituciones; y la falta de celeridad y diligencia en la investigación.
En el evento también se abordaron los principios y estándares internacionales que Honduras debe cumplir para llevar a cabo investigaciones diligentes que garanticen verdad y justicia, así como buenas prácticas en la región.
En particular, se recordó la necesidad de que el Estado hondureño cumpla con el compromiso de aprobar e implementar un protocolo sobre debida diligencia en la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, adquirido en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso del asesinato del defensor Carlos Escaleras.
Asimismo, se enfatizó en que resulta fundamental que los procesos judiciales en Honduras cumplan con los principios de publicidad y transparencia, garanticen la participación y protejan los derechos de las víctimas, y cumplan con los principios de imparcialidad e independencia, incluyendo un enfoque de género en todas las etapas del proceso.
Por su parte, César Luna, hijo del defensor Carlos Luna, víctima ante la Corte IDH, denunció que, a 20 años del asesinato de su padre, el Estado de Honduras no había dado respuesta y que ahora la familia de Berta Cáceres estaba enfrentando la misma situación de revictimización. “Yo pedí al Estado que no quería ver sufriendo a otra gente como yo sufrí, pero ahí está sufriendo la familia, las hijas de Berta Cáceres. El Estado de Honduras mantiene la impunidad», sostuvo Luna.
Finalmente, los y las participantes del foro recordaron que el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana es imperativo para garantizar verdad y justicia, tanto para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como para la sociedad hondureña.
El panel recalcó que romper con la impunidad permite fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, así como garantizar que las graves violaciones de derechos humanos no se vuelvan a repetir.
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Un comentario
Solo la investigacion a los derechos humanos de JOH para reelegirse…en un santiamen se pronuncio la corte.