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Por: Marlín Oscar Ávila

 

Las estructuras del Estado constituidas dentro del sistema capitalista, después de transitar del sistema feudal, lógicamente obedecen a intereses de acumulación de capitales en pocos manos, extraídos mediante procedimientos y mecanismos propios. El neoliberalismo fue la última etapa conocida de lo que algunos analistas llamaron “capitalismo salvaje”, propio de la privatización de todos los servicios y bienes del estado sin importar sus consecuencias para las mayorías. Algunos analistas piensan que estamos pasando de este periodo neoliberal a uno dominado por un gobierno único en el mundo, o gobierno global fortalecido por corporaciones multimillonarias globalistas. Dentro de las discusiones al respecto se incluye el paso de un poder unipolar al multipolar de la geopolítica mundial.

En Centroamérica y en cada uno de sus seis países miembros, se discute más el poder local, soslayando muchas veces las vinculaciones con el exterior y no digamos las grandes riñas por el poder hegemónico mundial. Así que los efectos climatológicos, económicos y políticos generales vinculados con lo global se obvian cuando nos enfrascamos en las discusiones por el poder local.

Desde noviembre del año 2021, en Honduras, las disputas políticas son cotidianas y en algunos momentos muy candentes y emotivas. Aunque por ratos, también lo ha sido en otros países donde ejercieron procesos electorales recientes, como Costa Rica, después de cumplir con el ritual periódico electoral reciente, ahora por ejercer la segunda vuelta. En donde las elecciones políticas también sucedieron como si no hubiese ocurrido nada, fue en Nicaragua, con la tercera confirmación en el poder del mismo gobernante, José Daniel Ortega.

Como sabemos, las elecciones en Honduras tuvieron un impacto muy importante, puesto que la ciudadanía decidió dar un triunfo contundente a la oposición, después de 12 años en que el Partido Nacional se dedicó a desmantelar cualquier indicio de democracia participativa al país.

Ahora, las mayorías empobrecidas están iniciando un proceso de rescate, de reconstrucción y cimentación de una plataforma sobre la cual se levante una democracia socialista y participativa.

Cuando se le dio el golpe de Estado al Expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, se había apenas iniciado la construcción del “poder ciudadano”. Se tenían organizadas cuatro regiones en mancomunidades equipadas con presupuestos, equipos profesionales multidisciplinarios, mesas ciudadanas de desarrollo donde se gestionaban los planes de desarrollo regional y se implementaban los proyectos gestionados por la misma ciudadanía de base.

Más de la mitad de los 298 municipios del país tenían funcionando las Comisiones Ciudadanas de Transparencia y se impulsaba una gestión municipal con un alto grado de autonomía. Esto no solamente se detuvo por el gobierno golpista, pero se dilapidaron todos los recursos que vivían la experiencia de descentralización nacional del poder ciudadano. El ministro golpista de gobernación que asaltó el mando en junio expresó a los directores de área, que “nada de lo que se tenía planificado hacer tenía valor alguno, sino lo que pudiera hacerse en los próximos tres meses de su gestión”. En esos tres meses se desaparecieron los vehículos, equipos de oficina, presupuestos y todo lo que tenía valor alguno en las oficinas regionales de Talanga, Intibucá, La Entrada y El Paraíso.

Ahora, con el nuevo gobierno encabezado por doña Xiomara Castro, se está impulsando nuevamente esa experiencia con el nombre de Poder Popular. Desde luego, hay doce años de intervalo y destrucción de algo que apenas estaba gestándose y ya tenía vida, pero con la fragilidad de una criatura humana con seis u ocho meses de vida. Quienes estuvimos involucrados directamente hemos dejado los espacios a quienes ahora son personas acabadas de concluir su adolescencia, algunas con un grado de soberbia que no les permite aprender del pasado, pero muchos otros entusiasmados por construir aprendiendo.

Ahora, el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer el Sistema Nacional de Poder Popular. Desde luego que para muchos esto será algo que se tendrá que estudiar, discutir y consensuar, además de ver cuánto se adecúa a los marcos legales vigentes. Pero lo más importante es establecer una estrategia organizativa para evitar los obstáculos y abusos de algo tan importante para el futuro nacional y seguramente enfrentará.  Sabemos que el Decreto es clave, pero no asegura la existencia del poder popular o ciudadano si no es comprendiendo, discutiéndolo y organizando con las bases sociales. No solamente con las directivas gremiales actuales y autoridades municipales, las que no dejan de tener dentro de sí los flagelos heredados de la administración nacionalista, pero por el caciquismo, caudillismo, machismo y patriarcado cultural que dejaron las épocas pasadas.

 Recientemente le consultamos a una lideresa regional en el departamento de Colón “¿Qué haremos cuando tengamos algo que está contra los intereses de las mayorías desde este gobierno? Si lo expresamos, los que rinden reverencia a doña Xiomara 24/7 nos acusarán de “traidores a la patria” Su respuesta fue: “…es preocupante, se ha perdido la objetividad, imparcialidad, libertad de pensamiento, …la crítica debe continuar, las disidencias también, es más grande el interés colectivo que el partido, que Mel y Xiomara… Hay que enfrentar sin miedo a defensa de los principios y derechos colectivos. “

Sí existe este grado de conciencia crítica en líderes regionales, seguramente un proyecto del Poder Popular no tendría mayores riesgos sí el liderazgo social mantiene esa conciencia crítica, tampoco habrá que temer por el poder del Ejecutivo en manos de una mujer fuerte que ha prometido ser democrática y fortalecer la participación ciudadana. Lo peor sería que estuviésemos siguiendo modelos de otros países y sociedades sin apropiarse de este sistema participativo que venga a fortalecer nuestra democracia. Un poder popular no puede ser un poder centralizado en una persona ni en una familia, tampoco en un reducido grupo de autócratas. Desde luego, hay que creer que el proyecto enviado por la presidenta Xiomara Castro al CN, busca un verdadero poder democrático de las grandes mayorías ahora empobrecidas.

Esta etapa es esencial desarrollarla con cuidado y eficacia para que no exista posibilidades de otro golpe de Estado, aunque existiendo una embajada de ese país amigo, dicen algunos analistas que el riesgo siempre está latente.

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