No es la primera ocasión en que una persona defensora, criminalizada en el pasado, es detenida por tener en el sistema de la DPI una supuesta orden de captura, pese a contar con una carta de libertad
Tegucigalpa, Honduras. – La defensora del territorio e integrante de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), Ethel Verónica Corea, fue requerida nuevamente por agentes de la Policía Nacional pese a contar con una carta de libertad definitiva en una causa caduca por el supuesto delito de usurpación.
La detención ocurrió la mañana de este jueves en el sur de Honduras, en la carretera Panamericana a la altura del desvío que conduce al Puerto de Henecán en San Lorenzo, Valle. Corea se dirigía al también sureño municipio de Choluteca, donde tenía agendada una reunión con integrantes de la organización de Peace Watch.
“Ethel desde la semana pasada está siendo víctima de persecución, ya habían llegado a la casa aduciendo que tenía una orden de captura sobre un expediente que ya es viejo y en el que ella ya tiene una carta de libertad definitiva”, contó a Criterio.hn la abogada de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, Nidia Castillo.
La profesional del derecho manifestó que en efecto la detención de Corea se realizó en un retén que tenía la Policía Nacional a la altura del Puerto de Henecán, donde se le informó que había una orden de captura a su nombre, por lo que sería detenida y trasladada a la posta policial de Nacaome, Valle.
Corea fue dejada en libertad luego que se comunicó con el equipo legal de la Red de Abogadas, quienes compartieron con los agentes la carta de libertad definitiva en favor de la defensora del territorio de la Península de Zacate Grande.
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La Península de Zacate Grande está ubicada en el departamento de Valle, sur de Honduras, y está rodeada en tres costados por el Golfo de Fonseca. Este territorio es el epicentro de un conflicto por la titularidad de propiedades que afirman tener miembros de la elite empresarial hondureña en detrimento de la población de ocho de las doce comunidades que la conforman. La pugna incluye hasta el acceso a las playas, las cuales son bienes nacionales de uso público de acuerdo con el artículo 617 del Código Civil.
En marzo de este año, comunidades del sur de Honduras, acuerpadas por organizaciones de derechos humanos, solicitaron al Congreso Nacional, a través de la comisión de asuntos constitucionales, derogar parcialmente el decreto 93-2021, que criminaliza a través de la figura de “usurpación de espacios públicos” a poblaciones que defienden tierra y territorio. Sin embargo, ese mismo mes el diputado Ramón Barrios admitió a Criterio.hn que no está planteado una reforma o derogación de esta figura en el Código Penal.
DEFENSORES PERSEGUIDOS AUN CUANDO TIENEN CARTAS DE LIBERTAD
Esta no es la primera ocasión en que defensores del territorio criminalizados son requeridos por la Policía Nacional, pese a contar con cartas de libertad. A mediados de agosto, en el norte de Honduras, el defensor de Guapinol, Arnol Javier Alemán, fue detenido por más de 24 horas pese a mostrar su carta de libertad y los oficios del juzgado que ratificaban la misma.
Alemán es uno de los ocho defensores del agua que permanecieron 900 días en prisión arbitraria y sometido a juicio por la defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras, en Tocoa, Colón, donde se instaló el megaproyecto minero del Grupo Emco Holding, presidido por Lenir Pérez.
Posterior al litigio, el juicio en contra de él y sus compañeros fue anulado por resolución de la Sala de lo Constitucional, argumentando que se violentó el debido proceso. Pese a contar con cartas de libertad, los defensores de Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras han sido requeridos en tres ocasiones.
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En el caso de Arnol Javier Alemán, el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Carlo Jiménez, refirió en agosto a Criterio.hn que la Dirección Policial de Investigación (DPI) seguía sin borrar del sistema las órdenes de captura, lo que permitía este tipo de abusos.
“Las contraordenes de captura fueron libradas en su momento por el Juzgado, fueron llevadas a la DPI, pero la DPI simplemente no ha hecho el trámite de pasarlas a pasivo, que así le llaman”, comentó en agosto Jiménez.
A mediados del año pasado, el doctor e investigador en derechos humanos, Joaquín Mejía, compartió que el patrón de violencia contra personas defensoras en Honduras pasaba por cinco niveles. Primero, la creación del enemigo en el imaginario colectivo, el cual era seguido por amenazas y hostigamiento contra las personas defensoras para que estas abandonen la lucha.
Esto da paso a la represión por parte de guardias de seguridad privada, en connivencia con el ejército y la policía, posteriormente se criminaliza a las personas defensoras a través del uso indebido del derecho penal. Finalmente, cuando los otros cuatro escalones no dan el resultado buscado, recurren a la eliminación física de la persona defensora.
