Tegucigalpa. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) alertó que el Poder Judicial decretó la apertura del juicio solo con seis de los funcionarios y funcionarias implicadas en el caso «Fraude Sobre el Gualcarque».
Los imputados son Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda. Las acusaciones en su contra van desde fraude, falsificación de documentos y violación de los deberes de los funcionarios, entre otros.
El anuncio sobre la apertura del juicio ocurre un día después que el Tribunal en Materia de Corrupción declaró sin lugar la solicitud del Copinh de incluir a otros diez funcionarios implicados en el caso «Fraude Sobre el Gualcarque», que involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco.
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De acuerdo con los documentos del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la petición fue declarada sin lugar debido a que las personas señaladas «no forman parte en este proceso judicial por habérseles dictado sobreseimiento definitivo a su favor según lo ordenado por la Corte de Apelaciones».
A inicios de noviembre, durante la audiencia preliminar del caso «Fraude sobre el Gualcarque», el Copinh exigió a través de sus representantes legales se convocara a los 16 funcionarios implicados en el caso de corrupción, argumentando que el amparo de estos 10 funcionarios beneficiados con sobreseimiento, fue anulado cuando la Sala de lo Constitucional respaldó la participación e integración del COPINH como víctima durante todo el proceso judicial.
Pese a esta decisión, el Copinh anunció que seguirá exigiendo la incorporación de los diez funcionarios y funcionarias restantes que también habrían participado en el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en perjuicio de las comunidades indígenas Lenca.
Esta concesión ilegal resultó en violaciones a los derechos humanos de los pobladores que se resistían a la misma, y posteriormente en el asesinato de la líder indígena, defensora de los derechos humanos y del ambiente, Berta Cáceres, en marzo de 2016, por el cual fue declarado culpable como coautor del crimen, David Castillo.
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A más de cuatro meses del fallo condenatorio contra David Castillo, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal sigue sin dictar condena. Por lo que tanto el Copinh como la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres han urgido al Tribunal a que emita la sentencia conforme al fallo condenatorio.
