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Cuestionan aplicación arbitraria de amnistía que está beneficiando a implicados en corrupción

Cuestionan aplicación arbitraria de amnistía

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Por Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. El organismo de sociedad civil “Movimiento Patria Honduras”, mediante un comunicado, reprochó la aplicación arbitraria de la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso Nacional que ha beneficiado a exfuncionarios acusados y condenados por actos de corrupción durante el periodo 2006-2009.

Bajo Decreto Legislativo 4-2022, el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Reconstrucción del Estado de Derecho y para que los Hechos No se Repitan en condena al golpe de Estado de 2009 y la Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia.

La supuesta finalidad de la normativa es resarcir los daños y otorgar una amnistía a quienes hayan sido víctimas de persecución política y enjuiciamiento desde junio de 2009 cuando se ejecutó el golpe de Estado en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Sin embargo, dentro de la amnistía se contempló beneficiar de manera directa a los exfuncionarios, directores, empleados y autoridades electas desde el 27 de enero de 2009 hasta el 28 de junio de 2009 acusados, perseguidos, condenados o que tienen un proceso de investigación por actos de corrupción o delitos contra la administración pública.

Por lo anterior, el Movimiento Patria Honduras, conformado por más de 70 personas miembros de organismos de sociedad civil, se pronunció en contra del uso arbitrario y caprichoso por parte del Poder Judicial a favor de imputados sin tener reciprocidad con los hechos del golpe de Estado.

“En su implementación por parte de los Juzgados, se está aplicando la ley sobre la amnistía en forma antojadiza y con el riesgo de otorgar sobreseimientos y cartas de libertad, por causas y actuaciones previas al golpe de Estado del 2009 y que nada tendrían que ver con el enfrentamiento político que la ley busca superar”, detalla el documento.

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Si bien, el Movimiento Patria reconoce y celebra la acción urgente de una ley de amnistía amplia con el fin de superar la profunda división causada por el golpe de 2009 y sacar a miles defensores de derechos humanos de la persecución y de la cárcel emprendida durante los últimos doce años del gobierno del conservador Partido Nacional, consideran que se está ejecutando una mala aplicabilidad por parte de los jueces.

“Entendemos que la mala aplicación de la ley es una responsabilidad de la judicatura y, en particular, de los jueces que han fallado, a quienes todos debemos exigir que se deduzca responsabilidad cuando corresponda. Consideramos que no hay responsabilidad del gobierno en esa mala aplicación de la ley. No vemos razón para suponer una conspiración”.

En tanto, demandan al Congreso Nacional aprobar una reforma para mejorar la normativa y evitar que se sigan cometiendo abusos y arbitrariedades promoviendo la impunidad en un país que al año, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se pierden más de 65 mil millones de lempiras por corrupción.

Asimismo, celebran la instauración de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), promesa de campaña de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que permitirá enjuiciar a los responsables de saquear los fondos de las instituciones del Estado.

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RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La jueza Karla Lizeth Romero Dávila, quien juramentó a Castro en su toma de posesión en el cargo como presidenta, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley de Amnistía al considerarla lesiva contra la Constitución.

Como juez de sentencia de la sala III del Tribunal de Sentencia, Dávila recibió la petición de amnistía por parte de los abogados Marvin Antonio Rosales y Luis Alonzo Mejía que solicitaron la aplicación de la amnistía a favor de cuatro implicados acusados por delitos contra la administración pública al desviar fondos que debieron ser utilizados para la implementación de pupitres y construcción de aulas en zonas rurales del país.

“Hemos considerado que la misma vulnera principios constitucionales. La Sala de lo Constitucional debe determinar si es constitucional o no”, expresó.

Según Romero, no puede establecer un fallo sobre la causa 17-269-2016 que le fue presentada ante la Sala de Sentencia sin antes conocer la postura del Poder Judicial de Honduras.

Cabe señalar que, Organizaciones como el CNA, Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), califican la amnistía como un “pacto de impunidad” que beneficia a personas acusadas de corrupción bajo el falso espejismo de ser “perseguidos políticos”.

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