Tegucigalpa. El Ministerio Público, cuatro años más tarde, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) efectuó, el pasado martes 28 de septiembre, una inspección en las bodegas de la empresa Mapa Soluciones por el fraude electoral en 2017.
En la investigación que está montando la Fiscalía se conoció que se involucra directamente a los exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson quien fungió como presidente del ente electoral además a los exmagistrados Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete y José Saúl Escobar Andrade además al gerente de la empresa Mapa Soluciones, Faustino Reyes Rodríguez.
La inspección se ejecutó por fiscales anticorrupción y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en las bodegas de la empresa Mapa Soluciones en la que también se utiliza como sede del Partido Salvador de Honduras (PSH).
En la requisa se decomisaron 2,711 escáneres que fueron utilizados para el escrutinio de las actas electorales de las votaciones generales del 26 de noviembre de 2017 en las que se le adjudicó de manera directa a Mapa Soluciones el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
En ese año, los magistrados del TSE suscribieron un contrato por 41 millones de lempiras de forma directa bajo un acuerdo de “emergencia” en el que se benefició a Faustino Reyes.
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CUATRO AÑOS DESPUÉS
Para el sociólogo y analista político, Julio Navarro, detrás de las acciones del Ministerio Público, en el marco de la operación Omega XI, se fragua una acción política del oficialismo para depurar sus filas en aquellos líderes o candidatos en quienes ya no confían.
“Cuatro años después el Ministerio Público quiere deducir responsabilidades a los que integraron el TSE; yo creo que eso además de una acción de carácter judicial tiene una connotación política que es parte del proceso de depuración que tiene el Partido Nacional en algunos cuadros que van a cargos de elección y otros que tienen posiciones relevantes en la institucionalidad del Estado en quienes han pérdida de confianza”, expuso.
Por su parte, en declaraciones recientes, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, reprocha que mediante fraudes electorales las estructuras de poder se han mantenido gobernando al país.
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“Lamentablemente es un drama para el país que los partidos políticos y en estas estructuras electorales sean escuelas de fraude y no haya castigo; se va construyendo un concepto en el país que para ganar hay que ser corrupto, hacer trampa porque no ha funcionado el Estado para castigar a todos los que comenten fraude”, cuestionó.
Cabe indicar que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) antes de los comicios generales de 2017 reveló que Matamoros Batson benefició a la empresa Mapa Soluciones con contratos sobrevalorados en los que se orquestó el fraude electoral de 2013 y 2017.
