Crisis post electoral ha aumentado el riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-«La crisis política generada tras las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2017 ha aumentado el riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en el país», destaca el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ayer presentó su informe anual respecto a la situación de la libertad de Expresión en el continente en 2017.

El informe destaca que la Relatoría Especial ha recibido con alarma,  información de Honduras sobre la declaratoria de un estado de excepción, ataques y amenazas a medios de comunicación, así como asesinatos y lesiones de manifestantes como consecuencia del uso ilegal y excesivo de la fuerza policial. También han registrado detenciones masivas de manifestantes, algunos de los imputados de terrorismo.

En un año crítico para la democracia, la independencia de los medios de comunicación, y la libertad de expresión en el Hemisferioel informe también destaca la realización de las visitas in-loco a Guatemala y México de esta oficina durante 2017, que tuvieron como resultado un extenso análisis de la situación de la libertad de expresión y la formulación de recomendaciones.

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Honduras.

La crisis política generada tras las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2017 ha aumentado el riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en el país. La Relatoría Especial ha recibido con alarma información sobre la declaratoria de un estado de excepción, ataques y amenazas a medios de comunicación, así como asesinatos y lesiones de manifestantes como consecuencia del uso ilegal y excesivo de la fuerza policial. También han registrado detenciones masivas de manifestantes, algunos de los imputados de terrorismo. Con anterioridad al periodo de electoral, la Relatoría ya había expresado su preocupación por la aprobación de una serie de reformas al Código Penal de Honduras, que incluyen disposiciones han sido contrarias a estándares internacionales y que pueden restringir ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión en el país. Asimismo, la Relatoría Especial ya había recibido denuncias sobre restricciones ilegítimas y uso del derecho penal para criminalizar protestas estudiantiles, así como uso excesivo de la fuerza para dispersar estas protestas.

El Salvador.

En 2017 la Relatoría Especial registró amenazas e intimidaciones hacia periodistas, por lo que valoró la presentación de un proyecto de ley que garantizaría mecanismos de protección a periodistas y comunicadores sociales, aunque no se ha avanzado en su aprobación hasta el momento. Asimismo, la Relatoría destacó el archivó de una demanda por difamación presentada por el alcalde de la ciudad de San Salvador, Nayib Bukele, en contra de La Prensa Gráfica, al entender que la investigación periodística era de interés público y se basó en diversas fuentes documentales y testimoniales. La Relatoría Especial también destacó una decisión de un Tribunal de Apelaciones que absolvió al director de la Revista Factum que en 2016 había sido denunciado por calumnias por un empresario interrogado y luego arrestado por los delitos de fraude y cohecho. Durante 2017 la Comisión también dictó medidas cautelares para la protección de periodistas que se encuentran amenazados por investigar el fenómeno de las maras y su represión por parte del Estado.

Guatemala.

Durante la visita in loco realizada en 2017, la Relatoría Especial constató que Guatemala vive un contexto de violencia contra periodistas, caracterizado por asesinatos, amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y periodistas comprometidos con el combate a la corrupción y el abuso de poder. Según lo informado, sobre todo en el interior del país, los periodistas y comunicadores sociales se encuentran en un “alto grado de vulnerabilidad” para ejercer su profesión. Estos periodistas, además de enfrentar el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado, sufrirían agresiones provenientes de algunos funcionarios que estarían vinculados a hechos de corrupción. Según lo informado, Quetzaltenango sería una de las zonas donde se ha reportado más ataques contra comunicadores en los últimos años.

Costa Rica.

Durante 2017 la Relatoría Especial conoció del envío por parte del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que contempla la despenalización de los delitos contra el honor en casos de interés público, protege el derecho a la reserva de la fuente y estipula la cláusula de conciencia para los contratos de trabajo de periodistas. Por otro lado, toma nota del envío al legislativo de un proyecto de ley dirigido sobre acceso a la información pública. Durante 2017 la Relatoría Especial recibió las denuncias e informaciones planteadas por la sociedad civil en torno a los niveles de concentración mediática que existirían en la radio y la televisión en el país y sobre la falta de un marco regulatorio adecuado para garantizar la diversidad y pluralidad de contenidos y operadores.

Nicaragua.

Durante el año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión continuó recibiendo información preocupante sobre la situación de la libertad de expresión en Nicaragua. De acuerdo a la información reportada por medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil, continuaría en el país la práctica de impedir o limitar el acceso libre de periodistas y comunicadores independientes a un amplio rango de actividades oficiales. El presidente Daniel Ortega no ha realizado conferencias de prensa abiertas para todos los medios en los diez años que lleva al frente del Poder Ejecutivo y jerarcas de su Gobierno están impedidos de conceder entrevistas a los medios no oficiales. Asimismo, se reportaron casos de hostigamientos, estigmatizaciones y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos. Las limitaciones al trabajo de la prensa independiente ocurren en un contexto en el que la mayoría de los medios de comunicación televisivos y radiales estarían controlados por un duopolio compuesto por la familia presidencial y el empresario mexicano Ángel González, lo que afecta de forma severa la pluralidad de voces y el acceso del pueblo nicaragüense a información independiente y variada.

Vea aquí el informe completo...

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/AnexoRELE.pdf

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