La migración y el desplazamiento forzado de personas LGBTIQ+ en Honduras está impulsado por una combinación de factores, incluida la violencia del crimen organizado, la discriminación y la falta de oportunidades.
Mujeres trans y chicos gais, la población LGBTIQ+ más vulnerable del desplazamiento forzado
Tegucigalpa, Honduras. – Además de los problemas socioeconómicos y la exclusión, las personas LGBTIQ+ están huyendo de Honduras por amenazas del crimen organizado.
Rihanna Ferrera, directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, dijo a Criterio.hn que algunas de las personas LGBTIQ+ son obligadas a la venta de drogas y a la comisión de delitos y, al negarse, terminan siendo víctimas de amenazas por parte de organizaciones criminales, por lo que se ven obligadas a abandonar el país.
Lo expuesto por Ferrera fue reforzado por la percepción de Sally Valladares, exdirectora del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien añade que la población LGBTQ+ huye de Honduras, además de la discriminación, las amenazas, las agresiones físicas, por la violencia y la extorsión.
En enero de 2021, más de 8,000 hondureños partieron en una caravana con destino a Estados Unidos. De este número, 300 personas LGBTIQ+, de las cuales 100 eran mujeres trans.
Y, según los recuentos de la Asociación Lésbico, Bisexual, Trans Feminista, Ixchel, en lo que va del 2024 al menos 20 personas LGBTIQ+ han sido forzadas a abandonar el país debido a la violencia y la violación de sus derechos humanos.
Solo entre enero y marzo, la organización antes referida registraba la migración de seis mujeres lesbianas y cuatro hombres gais.
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Migración y crímenes de odio
En los últimos años, el fenómeno migratorio en Honduras ha tenido una evolución, que pasó de ser un evento temporal en el que el jefe de familia salía por un tiempo definido del país en busca de mejorar las oportunidades de su entorno, a una decisión permanente guiada por una multicausalidad.
Sally Valladares, experta en temas de migración y exdirectora del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expuso en una entrevista con Criterio.hn, que en la migración presenta varias razones que van desde las amenazas, discriminación, agresión física, violencia, extorsión hasta la vulneración de los derechos LGBTIQ+.
Otro de los factores que estarían generando la migración, previo a procesos de desplazamiento forzado, son los crímenes de odio que, en su mayoría, se encuentran en impunidad, según la activista de la diversidad sexual.
Valladares amplió que Honduras es uno de los países en los que más se producen crímenes de odio en contra de personas LGBTIQ+, como resultado de la indefensión generada por el Estado ante la ausencia de reconocimiento de sus derechos, ya que se enfrentan a ambientes hostiles y de permanente violencia, siendo esto parte de los motivos que los hace emprender rutas migratorias.
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Asimismo, afirmó que la pobreza, el desempleo, y la falta de acceso al ejercicio de derechos fundamentales, hace que esta población se sume a la determinación de marcharse del país.
Desplazamiento forzado de personas LGBTIQ+
Kathryn Lo, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), explicó que la situación de desplazamiento forzado de las personas LGBTIQ+ es complicada, debido a que es desproporcionadamente más alta que la de otras poblaciones.
En muchos de los casos, las personas son expulsadas de sus hogares por asuntos familiares o por ser víctimas de actores criminales y al no lograr encontrar un lugar seguro en Honduras, se ven forzados a huir en busca de protección en otro país.
La representante de ACNUR, subrayó que la violencia de género es una de las principales causas del desplazamiento forzado como resultado de la discriminación y la violencia por parte de familiares, desconocidos, grupos criminales y agentes estatales, quienes generan el odio y el rechazo hacia esta población.
De acuerdo con Lo, a partir del reconocimiento del desplazamiento forzado en Honduras, como una situación que requería una respuesta, se identificó que afectaba a la población LGBTIQ+, y a partir de ahí comenzaron a registrarse los casos y a realizarse estudios para entender mejor la magnitud de la situación.
En 2019, la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia dio a conocer que, entre el 2004 y 2018, al menos 247 mil personas fueron desplazadas de manera violenta del país.
La representante de ACNUR, explicó que cada año se registran mayores cifras de desplazamientos forzados, y que, de estos, una parte pertenecen a la población LGBTIQ+; sin embargo, en muchos de los casos no se puede identificar la orientación e identidad de género de las personas.
Kathryn Lo, expresó que para ACNUR es urgente que las instituciones del Estado implementen medidas de protección que respondan a los riesgos y necesidades de las personas LGBTIQ+ y, en ese sentido, remarcó la necesidad de brindar mejores oportunidades que garanticen una vida digna a esta población.
Situación que enfrenta la población LGBTIQ+
En la actualidad, las poblaciones LGBTIQ+ enfrentan un panorama social y político sumido en la discriminación, las violaciones de derechos humanos, el incumplimiento de garantías por parte del Estado y el aumento en los crímenes de odio.
De acuerdo con el informe anual del Observatorio de violencia hacia las personas LGBTI+ de Honduras de la Unidad de Vigilancia KAI — una plataforma unificada de organismos defensores de personas LGBTIQ+— de 2004 a 2022 se registraron 466 muertes violentas de personas LGBTIQ+, y de estas 281 eran hombres gais y 132 de mujeres trans.
Mientras que, de enero a diciembre de 2023, se contabilizaron 52 muertes violentas, de las cuales 14 correspondían a hombres gais y 14 a mujeres trans, mientras el resto se dividía en otros grupos LGBTI+.
Lucia Barrientos, coordinadora de la Organización Ixchel, explicó a Criterio.hn que el desplazamiento forzado es un proceso complejo, y aseguró que a veces es necesario que las personas LGBTIQ+ tengan que migrar o buscar refugio en el extranjero a causa del contexto de violencia generalizada que se vive en el país.
Datos expuestos por Barrientos señalan que entre los departamentos con mayor desplazamiento forzado de personas LGBTIQ+ se encuentran Francisco Morazán y Cortés y entre los países con mayores solicitudes de asilo político figuran España, Estados Unidos, México y Canadá, por contar con políticas inclusivas y de seguridad.
Entre las poblaciones diversas que registran mayores índices de desplazamiento forzado se encuentran las mujeres trans y los hombres gais; sin embargo, de acuerdo con la coordinadora de la Organización Ixchel, en 2023 hubo un incremento en los casos de mujeres lesbianas.
La activista de derechos humanos detalló que los rangos de edades de las personas LGBTIQ+ con mayor desplazamiento se encuentran entre los 18 y los 40 años.
Barrientos cuantificó que, de enero a marzo de 2024, se registró el desplazamiento forzado de 10 personas LGBTIQ+, y de estas se contabilizó el caso de seis mujeres lesbianas y cuatro hombres gais. La activista señaló que a la fecha el número de desplazados se duplicó. Los detalles serán revelados a finales de julio de 2024 cuando se presente el informe anual que engloba todas las problemáticas por las que atraviesan las poblaciones LGBTIQ+.
Negación de derechos
La directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, señala que las disidencias sexuales conllevan a la violación de derechos al negarse, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación y a la justicia, ya que asegura que, en lugar de garantizarles seguridad, son criminalizados por las autoridades y los operadores de justicia.
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Ferrera acotó que una parte de la población hondureña continúa teniendo prejuicios que ocasionan rechazos y discriminación a las personas LGBTIQ+ por orientación sexual e identidad de género.
Ferrera remarcó la falta de organizaciones que asuman la responsabilidad para salvaguardar la vida de las personas LGBTIQ+, por lo que instó a las autoridades a crear políticas públicas y a abrir espacios seguros en beneficio de esta población.
Ley a medias
En marzo de 2019, la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV), a través de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente.
La referida ley fue aprobada en diciembre de 2022, y publicada en el diario oficial La Gaceta el 20 de marzo de 2023. Desde entonces se ha estado a la espera de la aprobación del reglamento.
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Sally Valladares, abogada y experta en temas de migración, afirmó que uno de los desafíos que ha presentado la normativa es el ordenamiento de la creación de un sistema nacional de protección para las personas desplazadas.
Ahondó que este año se nombró a una directora para la protección de las personas desplazadas que, hasta el momento, no ha logrado la aprobación del reglamento de la ley pese a que el tema se ha estado socializando.
Para la experta en temas de migración, el hecho de que exista la Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente, es algo positivo, pues se espera que exista un mecanismo de protección para las personas desplazadas, que trabaje en la prevención y el monitoreo.
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Medidas para frenar los desplazamientos
A criterio de Lucía Barrientos, coordinadora de la Organización Ixchel, los desplazamientos forzados podrían contrarrestarse a través de la creación de políticas públicas en protección de las personas LGBTIQ+.
Barrientos señaló que las organizaciones LGBTIQ+ han trabajado en la creación de leyes que han sido presentadas y que están a la espera de ser aprobadas, como la Ley de Identidad de Género, que plantea que las personas trans asuman su nombre con base a su identidad de género en el Documento Nacional de Identificación.
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Por su parte, Rihanna Ferrera, directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, remarcó que es necesario que las autoridades hondureñas brinden oportunidades igualitarias y sin discriminación en educación, salud, vivienda y empleo.
