Caso Pandora, Red de diputados, Hospitales Móviles y ahora la muerte de la fiscal de la ATIC, Sherill Yubissa Hernández Mancía, son algunos de los casos que han reabierto los fiscales interinos del Ministerio Público desde que iniciaron su gestión hace dos meses y medio
Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) presentó en fecha reciente 75 medios de prueba sobre el caso Pandora II, que involucra a seis exfuncionarios hondureños, entre ellos, dos expresidentes nacionalistas, Juan Orlando Hernández (2014-2022) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Los otros cuatro imputados son: Wilfredo Cerrato, exsecretario de Finanzas; Johny Handal Hawit, el exgerente Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), además los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia Bográn y James Aldana.
Asimismo, el director de presupuesto, Roberto Zúniga, todos señalados por el delito de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y perjuicio en el erario por más de 288 millones de lempiras.
Sobre los medios de prueba el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, informó que los 75 medios de prueba que envió el Ministerio Público incluyen: dos testigos, tres pericias y 70 medios de prueba documental relacionados con registro contable de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Ganadería (SAG).
“Estas pruebas están sujetas a ser admitidas por el juez natural de la Corte Suprema de Justicia que incluyen convenios que se firmaron con organizaciones no gubernamentales como liquidaciones y registros”, mencionó Silva.
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“PEPE” LOBO ALEGA INOCENCIA
Sobre las acusaciones el expresidente Porfirio Lobo Sosa, se defendió y dijo que el proceso está “bastante forzado” debido a que ninguno de los acusados se ha apropiado del dinero en cuestión.
“Esas teorías funcionaban bien cuando estaba la Maccih, porque los jueces y fiscales hacían lo que les decían, todo estaba alienado, pero yo lo veo como un proceso forzado y lamento pierdan el tiempo en esto sinceramente”, expresó Lobo, ante los medios de comunicación.
Al tiempo que agregó que: “toman a personas de la tercera edad, todos somos de la tercera edad y nos quieren meter presos, no tiene sentido y aún en fianza no procede porque nadie se ha apropiado de recursos y yo entiendo que en el fraude tiene que haber un beneficio económico y eso no hay”, argumentó Lobo.
Aseguró que ya han escuchado las acusaciones de la fiscalía, pero a su criterio no encuentra el delito, defendió asegurando que las acusaciones vienen de misiones internacionales, la cual cuestionó, porque según su juicio, dichas misiones deben tener como función entrenar a los fiscales en temas éticos y morales.
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GESTIÓN DE FISCALES INTERINOS
Desde que los fiscales interinos, Joel Zelaya y Mario Morazán, asumieron las riendas del Ministerio Público, ha reabierto casos como Red de Diputados y Caso Pandora II, mismo son parte de la línea de investigación que presentó la entonces Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), apoyada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Del mismo modo, en dos meses y medio de la gestión de los interinos se han emitido casi 50 requerimientos fiscales contra exfuncionarios que se han visto envueltos en actos de corrupción.
De su lado, el fiscal general interino, Johel Zelaya, anunció que se realizarán cambios y rotaciones de fiscales del Ministerio Público a nivel nacional, “es imperativo realizar cambios, son necesarios y se llevarán a cabo en todo el país”, expresó Zelaya, en una visita que realizó en la sede del Ministerio Públicó en Choluteca.
Otro de los casos reabiertos, además de casos Pandora II, Red de Diputados y Hospitales móviles, fue el de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancia, la cual aseguró que se está reabriendo con el fin consignar nuevos medios de prueba.
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PRUEBA CIENTÍFICA PARA RESOLVER CASOS
Tras la reapertura del caso de la fiscal, a través de la sección de Muertes Violentas y Femicidios, la subsecretaria de seguridad Julissa Villanueva, sostuvo que, tal como lo apuntó en 2018, altas personalidades estaban involucradas en la muerte de Hernández.
Aplaude la reapertura ya que en años anteriores los funcionarios del Ministerio Público desacreditaron la versión de asesinato, pese a que estaba sustentada con la prueba científica, “es lamentable que en aquel momento la autoridad del Ministerio Público buscó desacreditar la prueba científica, porque siempre hemos dicho que la prueba científica es objetiva”, expresó Villanueva.
En este sentido, reiteró que en ese entonces la escena del crimen fue manipulada para que pareciera un suicidio, por motivo de problemas financieros.
JUSTICIA EN FEMICIDIOS
Ante este caso y los de la ola de femicidios que afronta el país, -12 femicidios en lo que va de 2024-, se pide a las autoridades del Ministerio Público, que se esclarezca los femicidios y se pueda castigar a los responsables.
A criterio de la directora del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, la impunidad es el factor que permite que los crímenes se sigan suscitando en el país.
En este sentido, lamentó el alza en crímenes contra mujeres y que exista pocas capturas de los responsables, “el problema es que hay tantas muertes violentas y tan pocos capturados, al final el tapón que cierra esa botella de inseguridad hacia las mujeres es la impunidad”, expresó.
Por qué llamó a las autoridades a tomar medidas contundentes sobre los hechos y de esta forma no repetir la situación del año anterior que cerró con casi 300 asesinatos de mujeres, muchas por violencia de género y otras por actos de violencia y crimen organizado.
