Corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y acoso sexual marca a precandidatos presidenciales

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. –Dos políticos investigados por el Ministerio Público por presunta corrupción lucharán este domingo en elecciones primarias por la candidatura presidencial del Partido Nacional y un condenado a tres años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico por el opositor Partido Liberal, en busca de suceder al presidente Juan Hernández, señalado por fiscales norteamericanos por vínculos con capos del tráfico de drogas.

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El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y el alcalde de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura competirán entre ellos en el partido de gobierno, y Yani Benjamín Rosenthal en el Liberal con el exrector de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Luis Zelaya, y el caricaturista, periodista y diputado Dario Banegas.

Las investigaciones contra Oliva datan de cuando operaba en el país la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y en el caso de Asfura, el Ministerio Público presentó en 2020 una solicitud de antejuicio previo a un posible requerimiento fiscal.

En el caso de Oliva, el proceso de investigación se paralizó ante un Recurso del presidente del Congreso Nacional, bajo el argumento que no había sido informado sobre las pesquisas, y el de Asfura aún está pendiente de resolución.

En el Partido Libertad y Refundación (Libre), se nomina, junto a otros tres aspirantes a la candidatura presidencial para las elecciones generales del 28 de noviembre, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales, que en un juicio en Nueva York el miembro del cártel del narcotráfico, Dévis Leonel Rivera, reveló le entregó 500.000 dólares en 2006 a cambio del nombramiento de un primo en el cargo de ministro de Seguridad, lo que no ocurrió.

Zelaya desafió a Hernández a que viajen juntos a comparecer en la Corte Federal del Distrito Sur en Nueva York, mientras el gobernante atribuyó las acusaciones de los fiscales estadounidenses a las declaraciones “falsas” de los capos del narcotráfico, que se quieren vengar de él y su gobierno por la persecución que lanzó contra el crimen organizado,

Rivera dijo en el juicio al presunto narcotraficante Geovanny Fuentes, que también entregó 500.000 dólares al Designado Presidencial, exalcalde y candidato a diputado, Ricardo Álvarez, en las nóminas del movimiento que apoya a Oliva y 250.000 dólares al gobernante Hernández.

Nueve precandidatos de 14 movimientos políticos compiten por ser los candidatos titulares de sus partidos para optar a la presidencia de la República, de igual manera hay 1,792 precandidatos a diputados que apuestan por representar a sus departamentos y 4,172 precandidatos a alcaldes, que buscan convencer al electorado para que les den su voto este 14 de marzo.

De los nueve precandidatos en los tres partidos que van a internas, son cuatro del Partido Libre: Xiomara Castro de Zelaya, Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez y Nelson Ávila; dos del Partido Nacional Mauricio Oliva y Nasry Juan Asfura Zablah y por el Partido Liberal van tres precandidatos: Luis Zelaya, Yani Rosenthal y Darío Banegas.

Todos en sus mensajes aseguran que apuestan a cambios, a la transparencia, altura y respeto. Pero algunos tras sus espaldas cargan con señalamientos por su actuar dentro de los cargos públicos desempeñados, algunos por su mención dentro de la criminalidad organizada y otros, cuyas investigaciones se cerraron con recursos administrativos para suspender la investigación penal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por actos de corrupción.

Pero además de sus propuestas, promesas de campaña, – ¿quiénes son?, -¿cuál ha sido su proyección, su compromiso de país y su transparencia en el ejercicio de sus funciones?

En el Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Handal, actual alcalde de Tegucigalpa por dos ocasiones, fue diputado también. En su historial la más reciente acción de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que presentó el 26 de octubre del 2020, ante la Corte de Apelaciones del Tribunal en Materia de Corrupción, lo tiene en el ojo del huracán.

Hay en su contra una solicitud de antejuicio por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y lavado de activos en perjuicio de la administración pública, fe pública y economía del país, esto por el desvío de 29 millones de lempiras.

El proceso está en curso, esperando la resolución que determine la viabilidad de interponer un requerimiento fiscal contra el edil. Como antecedentes, Asfura como socio de Sula Ambiente y posteriormente de AGAC en 2001, amenazó con demandar a la Municipalidad de San Pedro Sula, por violentar el contrato de manejo de desechos sólidos, asegurando que se ocasionó a las empresas daños y perjuicios, situación que se dilucidó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula.

La resolución fue a favor de las empresas y se ordenó el pago de más de 6.6 millones de dólares. Roberto Larios Silva, era el alcalde 1998-2002, que concesionó los desechos sólidos a Sula Ambiente, pero al asumir Óscar Kilgore (2002-2006), no ejecutó el contrato, arguyendo perjuicios.

Luego la Corporación Municipal autorizó a Kilgore resolver la disputa mediante la conciliación y se realizó un arbitraje, pero no se llegó a acuerdos. Fue hasta la segunda etapa cuando se concluyó con acuerdos de pago. Pero esos acuerdos de modificar tarifas, dolarizarlas y eliminar el barrido de calle, no se cumplieron.

Cuando Juan Carlos Zúniga asumió como alcalde, la negociación fracasó y la Municipalidad tuvo que pagar 180 millones de lempiras a Sula Ambiente.

Es así como Asfura a través de su empresa de construcción y de desechos, ha sido beneficiaria de adjudicaciones de contratos con el Estado. Pero hay algunos de esos proyectos que se otorgaron sin licitación. Uno de ellos, es la concesión de la hidroeléctrica José Cecilio del Valle, donde aparece Desarrollo Construcciones y Equipos S.A. (DECOESA), de la cual Asfura es socio, según una publicación de diario La Prensa de enero de 2010.

Esas son entre otras, algunas de las contrataciones de las que el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional ha recibido por décadas del Estado de Honduras.

¿INVESTIGADO MAURICIO OLIVA?

El segundo precandidato que lucha por quedarse en la titularidad de la candidatura del Partido Nacional para ser presidente es Mauricio Oliva Herrera, médico y actual presidente del Congreso Nacional. Oliva ha estado en la mira del Ministerio Público, a través de la desmantelada Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (UFECIC) que trabajó junto a la MACCIH.

Pero un recurso de amparo que, interpuesto su abogada defensora, Karla Patricia García, el 2 de agosto del 2018, interrumpió el proceso cuando la Sala Constitucional el 13 de septiembre del 2018, resolvió que se debían suspender las investigaciones en su contra.

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Un Fiscal que conoció del caso, aseguró a Criterio.hn, que se le seguía la pista a la ruta de dineros del precandidato, “pero todo quedó paralizado, porque Oliva argumentó que le estaban violando los derechos constitucionales”.

Así se paró cualquier investigación contra el congresista, pero en mayo de 2020 la revista Expediente Público reveló que el socio de una empresa vinculada a la familia Rivera Maradiaga, conocida como Los Cachiros, traspasó tres bienes al señor Mauricio Oliva Herrera, y una casa a su yerno, César Antonio Pinto Pacheco, esposo de Rina Oliva Brizzio, directora del Banco Central de Honduras.

Según la publicación que Criterio.hn divulgó en el marco de una alianza con el medio en mención, Luis Alfonso Deras, socio de Inversiones Acrópolis, (descargue contrato) empresa inscrita en el Registro Mercantil de Tegucigalpa, (descargue) y que está involucrada junto a Waldina Lizzeth Salgado y Francisco Arturo Mejía en el caso “Patuca III Colusión y Corrupción”, la décima investigación penal integrada que presentó en marzo de 2019 el equipo formado por el Ministerio Público con su Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) con la colaboración de la MACCIH.

La investigación reveló además que, en 2016, el empresario Luis Alfonso Deras, mediante otra empresa, Inversiones Santa Fe, (descargue) constituida ante los oficios del notario Francisco Arturo Mejía, traspasó una propiedad en residencial La Hacienda, en Tegucigalpa, a Mauricio Oliva Herrera, según consta el instrumento número 95 del Registro de Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad de Honduras. La compra de ese inmueble fue por cuatro millones de Lempiras, unos doscientos mil dólares. (Descargue).

Luis Alfonso Deras también en 2018 traspasó 2 condominios de Tegucigalpa en Lomas del Guijarro Sur a Mauricio Oliva Herrera, Rina María Brizzio y Rina Rosario Brizio Rivas, cuyo monto fue de 20.9 millones de lempiras (836,000 dólares), como confirma la escritura pública con presentación número 1649558. (Descargue). Un mes después, las dos casas en Lomas del Guijarro Sur fueron constituidas en fideicomiso de bienes inmuebles que mantiene al propietario anónimo.

De acuerdo con la investigación las dos propiedades, inscritas en el Registro de la Propiedad de Honduras, habían sido adquiridas por Luis Alfonso Deras por el valor de 600 mil lempiras (26 mil dólares), el 6 de abril de 2015, de acuerdo con la escritura pública realizada ante los oficios del notario Carlos Humberto Pacheco Morales. Tres años antes de venderlas al presidente del Congreso Nacional por 20.9 millones de lempiras.

Por otra parte, ante los oficios del notario Mario Enrique Boquín Hernández, el 13 de julio de 2006, Luis Alfonso Deras también traspasó un bien inmueble en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa, capital de Honduras, a Tania Gabriela Pinto Pacheco, diputada suplente del Partido Nacional (Descargue).

Y en 2011, Tania Gabriela Pinto Pacheco le regaló la casa a su hermano César Antonio Pinto Pacheco, (Descargue) quien está casado con Rina Oliva, hija de Mauricio Oliva, y actualmente es diputado suplente de Antonio Callejas, del gobernante Partido Nacional, quien es uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, implicado junto a Sara Medina en el Pacto de Impunidad que inicialmente involucró a Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.

Esto confirmaba lo que en enero de 2018, informó Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la MACCIH, cuando informó que Mauricio Oliva y otros 60 diputados eran investigados por drenar fondos públicos a través de Organizaciones no Gubernamentales.

A esto también se sumaron las voces del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pues el  jefe de la Unidad de Investigaciones de este organismo, Odir Fernández  aseguró en septiembre de 2019 que Oliva era investigado por la UFECIC. “Es investigado por corrupción, por delitos contra la administración pública”, dijo el funcionario anticorrupción.

Esos son los antecedentes del hombre fuerte del Poder Legislativo, el que con bombos y platillos anuncia una campaña sin odio y sin sectarismos.

DE LA PRISIÓN EN BUSCA DEL PODER POLÍTICO

Tras cumplir una condena de tres años en Estados Unidos, por el delito de lavado de activos, producto del narcotráfico para la organización Los Cachiros, un juez además de dictar 36 meses de prisión incluyó también un total de 3 millones de dólares en sanciones financieras contra Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, precandidato del legendario Partido Liberal.

Joon H. Kim afirmó en su sentencia: “Como admitió previamente en la corte, Yani Rosenthal era un prominente político y empresario hondureño quien además sirvió como agente para lavar dinero para los Cachiros, una violenta organización hondureña de tráfico de drogas”.

Pero además la Fiscalía de Nueva York evidenció que Rosenthal Hidalgo, se hacía cargo personalmente de notarizar los contratos de préstamos que se concedían al cártel de Los Cachiros.

Pero esos señalamientos, no afectaron a Rosenthal, quien desde su llegada inició cabildeos para convertirse en el precandidato del movimiento Yanista. Por segunda vez apuesta a ser el candidato oficial del Partido Liberal.

En la información que Criterio.hn solicitó al Ministerio Público, se informó que los únicos procesos que se han registrado contra el precandidato liberal fueron en el año 2016 y consistieron “en acciones de privación y congelamiento de cuentas que se hicieron, donde se incluyó las fincas, banco, empacadora, entre otros bienes de la familia incluyendo a Yani”.

Para algunos la precandidatura de Rosenthal refleja cinismo y descaro, para otros, simboliza esperanza y un cambio de país.

ROBO PARLAMENTARIO DEL SIGLO

El diputado liberal, ahora aspirante a la candidatura presidencial por el también Partido Liberal, Ángel Dario Banegas, no se libera de los escándalos e irregularidades. El también caricaturista figura en la denuncia “Robo Parlamentario del Siglo” presentada ante el Ministerio Público en septiembre de 2017 por los diputados Luis Redondo y Jorge Cálix y el fiscal de la Constitución, abogado René Adán Tomé Rosales, por la comisión de los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otros, por la supuesta aprobación de 67 decretos y cerca de cien contratos en un solo día, el 20 de enero del 2014.

Con base en la denuncia el exfiscal de la Constitución, René Adán Tomé Rosales, solicitó el jueves ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la inhabilitación constitucional a Dario Banegas para ser candidato presidencial de la República.

En la relación de hechos Tomé Rosales argumentó que el Ministerio Público no ha actuado contra Banegas porque está siendo protegido por el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla, quien a la vez está sobornado y es “traidor a la patria”.

Aun llevando a cuestas la denuncia en su contra, Banegas asegura que se encamina hacia el interés nacional en su campaña, como precandidato del movimiento La Esperanza de Honduras. En los círculos políticos se comenta que su candidatura ha sido impuesta por el expresidente, Carlos Flores Facussé, pero él se defiendo diciendo que solo está moviendo la piedra para remover la corrupción, la desesperanza, la división que vive el país y que es un hombre de acuerdos y de alianzas.

En su discurso y en algunas acciones se ha distinguido por no acuerpar las componendas en el Congreso para avalar reformas o leyes que van en contra de los intereses de los ciudadanos, pero votó en contra cuando se propuso en Gracias, Lempira, un juicio político para el exfiscal, Luis Rubí.

CONFLICTO FAMILIAR, ARGUMENTO DE DETRACTORES

Por segunda ocasión Luis Orlando Zelaya Medrano, apuesta a conquistar la titularidad de la candidatura presidencial del Partido Liberal. Lo acusan de dividir a su partido, pero él asegura que lo que divide es a los corruptos y narcotraficantes.

Ha mostrado una voz de denuncia y en apoyo de luchas sociales, pero, la piedra en el zapato ha sido su familia. Fue el 1 de marzo del 2019, cuando se presentó en los Juzgados una demanda civil que interpuso Martha Medrano, la madre de Zelaya contra cinco de sus seis hijos, entre ellos el precandidato Liberal, por una herencia. Esto ha sido utilizado por los detractores de Zelaya que evocan a la parte moral, sin embrago, el candidato ha asegurado que en el tema hay una manipulación mediática gestada por sus enemigos políticos, quienes aprovechan las declaraciones de su madre y hermano Iván Zelaya Medrano, para hacer creer que hay ambición de su parte cuando lo que él y sus otros cuatro hermanos lo que buscan es proteger a su madre.

En su campaña Luís Zelaya pregona una gran alianza nacional y muchos ya predicen que, si queda como candidato oficial del Partido Liberal, podría analizar una coalición de oposición con Salvador Nasralla, entre otros políticos y líderes sociales, para llegar a la presidencia de Honduras, ofreciendo luchar contra los corruptos.

XIOMARA, LA ÚNICA MUJER LUCHANDO POR LA PRESIDENCIA

Luego de luchar contra el fraude electoral en el 2013, de ceder su candidatura en el 2017 para dar paso a una alianza encabezada por Salvador Nasralla, Xiomara Castro de Zelaya, postula su precandidatura presidencial por seis de los nueve movimientos del Partido Libertad y Refundación (Libre). Por segunda ocasión va por una lucha frente al golpismo que asegura que aún gobierna.

Su lucha asegura es contra la oligarquía y transnacionales. En su perfil, sus seguidoras la califican como una mujer luchadora, que forjó su carácter en las protestas cuando el golpe de Estado del 28 de junio del 2009.

Sus adversarios la ven como una mujer manipulada por su esposo Manuel Zelaya y que hará lo que “Mel” pida. Pero tras esa Xiomara, hay una mujer de carácter, decidida, valiente, que no renuncia a la posibilidad de ser la primera mujer que gobierne a Honduras, dicen personas creíbles cercanas a ella.

En sus mensajes deja claro que revertirá las privatizaciones, que revocará todas esas leyes que violentan los derechos y que, sobre todo, eliminará el militarismo y combatirá a los narcotraficantes.

CARLOS EDUARDO REINA Y SU REVOLUCIÓN

Promulga la revolución moral y quiere hacer honor, tanto a su tío el fallecido expresidente hondureño Carlos Roberto Reina y a su padre Jorge Arturo Reina, líderes del liberalismo. Apuesta a contener, controlar y llevar a prisión a los corruptos de ser ganador en la contienda electoral.

Por primera vez lanza su precandidatura. Se le señaló como el promotor de las marchas post golpe y que recibía dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero él lo desmintió.

Asegura que sólo luchó por defender la democracia y la legalidad. Ahora, dice que ser precandidato es una oportunidad para estar cerca de la gente, conocer mejor la realidad. Se declara de izquierda democrática y lucha por desaparecer los niveles de desigualdad e injusticia.

Fue fundador de la agrupación Liberales en Resistencia, tras el golpe de Estado en 2009 contra el expresidente Zelaya, que alimentó las bases del Partido Libertad y Refundación. Su lema es una campaña de altura, la que realizó parcialmente bajo la modalidad virtual por la pandemia.

Carlos Eduardo Reina estuvo casado con la hija del expresidente Carlos Flores Facussé, Lizzy Flores Flake, actual representante del gobierno de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas. De su matrimonio con Flores Flake tiene dos hijos.

NELSÓN ÁVILA, EL INTELECTUAL

Por segunda ocasión, Nelson Ávila, se lanza a una precandidatura por el partido Libre, por el movimiento 5 de julio que él mismo fundó. Es un exministro y exfuncionario internacional de organismos mundiales y regionales, académico, consultor y conferencista internacional.

Es de los que pide un debate presidencial para discutir las ideas y planes de gobierno de todos los precandidatos. Hasta ahora no se le ha vinculado en actos de corrupción o grupos criminales. Lucha por eliminar las causas del fraude y de criminales disfrazados de políticos.

DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA POLÍTICA

Por el movimiento Honduras Libre, Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos aspira a ser candidato oficial por el partido Libre para la presidencia. Su enfoque es la lucha contra los corruptos, los que roban, manipulan al pueblo hondureño. En su propuesta incluye el lado humano, una de sus banderas de lucha para asegurar que la defensa de los derechos humanos sea una prioridad de salir electo. En su contra, hay una denuncia ante el Ministerio Público por acoso sexual y hostigamiento laboral que está en proceso de investigación, confirmó a Criterio.hn la directora del Movimiento por la Paz “Visitación Padilla”, Merly Eguigure.

¿EXPEDIENTES LIMPIOS?

Desde hace más de 20 años arrecian las denuncias de la infiltración del narcotráfico en la política hondureña y los fiscales de Nueva York lo saben. No solo ha sido el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), cuyo nombre ha sonado en las cortes neoyorquinas, sino también Juan Hernández, de quien develan toda la operación que presuntamente montó junto a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, para apoyar a cárteles hondureños, mexicanos y colombianos.

A eso se suman dos exdiputados liberales acusados: uno en proceso de sentencia Fredy Renán Nájera Montoya y otro prófugo, pero acusado en el 2018, Midence Oquelí Martínez. Otro diputado mencionado en Estados Unidos ha sido Óscar Nájera, diputado nacionalista por el departamento de Colón, vinculado a la organización criminal Los Cachiros, pero que ha negado su involucramiento con el narco.

“Es una situación que se ha denunciado desde hace muchos años. Desde hace 20 años se da la infiltración del narco en la política. Hay participación de gente con denuncias sobre negocios turbios, pactos debajo de la mesa, negociando cuotas de poder. Desde hace mucho tiempo vivimos en ese ambiente, donde en la política se filtran candidatos que no reúnen los requisitos de capacidad o expediente limpio”, dijo el analista Rafael Delgado.

Parte del problema para los analistas es la falta de filtros de partidos medianamente estructurados con reglamentos y estatutos para analizar los perfiles de los que proponen en las papeletas.

“Hay gente con antecedentes delictivos, comprometidos con intereses ilegales y agendas escondidas. Los partidos políticos no funcionan como verdaderos mecanismos para filtrar a los mejores. No es una competencia de peores candidatos sino mejores candidatos”, expuso Delgado.

No en vano, la MACCIH, junto a la UFECIC), acusó a 25 diputados de cuatro partidos políticos, en cuatro de los 12 casos que presentó en su gestión.

En el aso Red de Diputados, involucró a cinco diputados y diputadas del Congreso Nacional, cuyas investigaciones demostraron que se coludieron con tres miembros de una Organización No Gubernamental (ONG), Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), mediante la que se habrían apropiado ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales.

El Caso Arca Abierta, que también involucró a cinco diputados y seis ex diputados, porque según la investigación, malversaron fondos públicos del Programa de Asistencia Social del Gobierno de Honduras, destinados al financiamiento de proyectos de interés social para mejorar las condiciones de vida de los hondureños que se ejecutarían en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la ONG Asociación Planeta Verde.

El caso Pacto de Impunidad involucró a dos diputados nacionalistas: Antonio Rivera Callejas y Sara Ismela Medina. El requerimiento se presentó por las actuaciones que ambos diputados hicieron tras el requerimiento presentado el 24 de mayo del 2019, contra José Tomás Zambrano y Román Villeda, quienes de manera anómala aprobaron la Ley de Presupuesto para favorecer a los diputados procesados en el manejo de fondos públicos.

Caso Pandora, se otorgó sobreseimiento definitivo por la Corte de Apelaciones natural a 22 de los imputados, la mayoría diputados, exdiputados, funcionarios y exfuncionarios públicos, implicados en el desvío de 12 millones de dólares (280 millones de lempiras), fondos que fueron a parar a las campañas de los partidos políticos, entre ellos el Partido Nacional y Liberal. Uno de los acusados fue el excandidato a la Presidencia por el Partido Liberal Elvin Santos, quien aparece ahora en la casilla uno de diputados como precandidato del movimiento de Yani Rosenthal. Elvin Santos busca la reelección como diputado.

A raíz de las acusaciones los diputados, especialmente de los partidos Nacional con el aval de un grupo de liberales, afines al expresidente Carlos Flores Facussé y de partidos minoritarios, aprobaron varias leyes y reformaron otras que les permitieron que fueran absueltos de las acusaciones en su contra.

Asimismo, en enero de 2019, cerraron filas para no ampliar el convenio a la MACCIH.