Tegucigalpa. –Analistas consultados por el equipo de Criterio.hn consideran que el Congreso Nacional que lidera el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, aflora un cambio en la forma de aprobarse las leyes en Honduras dejando atrás el control y autoritarismo que ejercía el conservador Partido Nacional sobre el Poder Legislativo.
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El Pode Legislativo se enfrenta a una crisis surgida en las últimas dos semanas por la instalación de dos Juntas Directivas en paralelo, una al mando del diputado Redondo y respaldada por la presidenta, Xiomara Castro y otra liderada por el diputado insurgente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, quien cuenta con el apoyo del Partido Nacional y del Partido Liberal, de la facción que lidera Yani Rosenthal.
Cálix cuenta con el voto de 43 diputados del Partido Nacional, a quienes consideró por mucho tiempo sus enemigos, también 14 diputados disidentes de Libre lo acuerpan y 14 del Partido Liberal sumado al voto del Partido Anticorrupción (PAC) logrando sumar 72 votos.
En tanto, 36 diputados del Partido Libre, 10 del PSH, 8 liberales y el congresista de la Democracia Cristiana (DC), apenas alcanza los 56
Pese a la falta de legitimidad en ambas directivas, la Junta que lidera Redondo está dando muestras de que es posible que las prácticas del pasado de aprobar leyes y contratos al antojo del partido de gobierno vayan desapareciendo, que Honduras se encamine por una separación de poderes y se restituya el Estado de Derecho.
Lo anterior se evidenció el 27 de enero durante la celebración de la primera sesión en el Hemiciclo Legislativo, cuando el diputado de Libre, Fabricio Sandoval presentó una moción para nombrar a Manuel Antonio Díaz Galeas como procurador general de la república y a Tomás Emilio Andrade Rodas como subprocurador sin que los demás diputados tuvieran conocimiento de esto.
Al presentar la moción, Sandoval, se limitó únicamente a decir que era un trámite a petición del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, su compañero de bancada por el departamento de Cortés, Ramón Barrios, intervino y exhortó a los demás congresistas a no caer en las mismas acciones de los diputados del Partido Nacional que, en el pasado, ellos mismos cuestionaron.
Al igual que Barrios, el conservador congresista del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra, reaccionó en contra de cometer una arbitrariedad destituyendo a los procuradores sin conocer quienes quedarían en el cargo.
Los funcionarios actuales vacan en su cargo a finales de junio próximo, luego de haber cumplido un periodo de cuatro años. La actual procuradora general de la república, Lidia Estela Cardona fue electa por el Congreso Nacional en junio de 2018.
Para el cargo de procurador y subprocurador de la república se requiere de la votación de la mayoría simple de los diputados, es decir, 65 votos.
“Le pido a la Junta Directiva y bancadas que tengan prudencia, este tema puede esperar…creo que no es el momento ni la forma correcta. Hagamos lo correcto”, instó.
La postura de ambos congresistas impidió que se aprobara la moción de Sandoval quien al final terminó retirando la propuesta y anunció que se daría a conocer las hojas de vida de Galeas y Rodas.
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Para el director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, la acción del congreso que preside Redondo es la evidencia de un cambio que apuesta por la democratización y no la imposición como aconteció en los últimos 12 años.
“Es importante que se haya evitado repetir las prácticas que había venido implementando el gobierno nacionalista, en el marco de un régimen político marcado por el autoritarismo, por la dictadura de un partido. En ese sentido, es positivo que esa acción, que ojalá pudiera ser la nueva práctica del Congreso Nacional, buscar la democratización de las decisiones”, manifestó.
A criterio de Irías, se espera que exista más información, más debate, que puedan presentar diversas opciones en cuánto a candidaturas y que se empiece a imponer la meritocracia y no la militancia partidaria como ha sido en la práctica en el sistema político hondureño.
Con respecto a la crisis que atraviesa el Poder Legislativo, al mando de dos facciones del Partido Libre, Irías dice que solo una salida política daría la respuesta porque en el campo jurídico, incluso la Constitución, no le da las facultades a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para resolver ese tipo de conflictos.
“Solo hay una salida que implica la negociación democráticamente o estamos frente a una peligrosa crisis interinstitucional que podría desembocar en una crisis constitucional que pondría en gran riesgo la democracia hondureña” advirtió.
De igual manera, la directora ejecutiva de la Fundación Democracia Sin Fronteras, Melisa Elvir, contempla de forma positiva que nuevos congresistas mantengan una postura de cambiar las acciones que empañaron los congresos anteriores.
“Ese ha sido la costumbre para elegir a los procuradores y cargos de segunda elección. Lo que se acostumbraba en el Congreso es que en la primera sesión se eligieran al procurador y subprocurador y era mediante un proceso legislativo en el que nominaba a alguien y los demás estaban de acuerdo. La mayoría de las veces ya estaba arreglada y se aprobaba la moción”, señaló.
“Lo que nunca se había visto es que un diputado pidiera la hoja de vida, sobre todo, porque generalmente ya eran personas conocidas en los mismos partidos políticos y eso implicaba que ya estaba armado o negociado, los cuadros tenían todo preparado”, añadió.
Según Elvir, es una buena práctica las señales que emanan desde el Congreso al mando de Redondo e implica que la ciudadanía tiene el mismo interés por las acciones en el Congreso Nacional.
“Es una de las prácticas que hemos clamado desde sociedad civil”, dijo.
En cuanto al manejo de la crisis, afirma que la única salida es el diálogo y parte de esas salidas implican negociaciones de ambos bandos en disputa por la presidencia del Legislativo.
“Un diálogo sincero por el interés de la sociedad en general y no por el interés de unos cuantos diputados disidente o unos cuantos que no lo están, sería la solución, eso va a generar que ambas partes van a tener que ceder de una u otra forma pensando en el bienestar de todos”.
Elvir señala que la continuidad de la crisis pone en peligro los proyectos de ley demandados por el Poder Ejecutivo y promueve inestabilidad política que termina pasándole factura a la sociedad.
