Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. –En el marco de la discusión para aprobar la Ley de Vacunación contra la COVID-19, diputados de oposición cuestionaron a los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras, acusándolos de ser abanderados de la corrupción por promover leyes que limitan la transparencia y rendición de cuentas.
Ante las acusaciones planteadas por legisladores del PINU, Libre y algunos liberales, el diputado Mario Pérez quien, ante la ausencia de Mauricio Oliva, dirigía la sesión de pleno, salió al paso y se defendió manifestando que quienes hablan de corrupción usan ese tema como cortina de humo y bandera política para ganar votos.
LA FRASE
“Ustedes parecen lora cada vez que participan en cualquier tema que hablan en el Congreso, solo hablan corrupción, corrupción, parece que es un tema de ganar votos”: Mario Pérez, vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras.
Mario Pérez les transmitió a sus compañeros del Congreso la idea de que los diputados del oficialista Partido Nacional han sido transparentes en todo lo que aprueban y que las denuncias de corrupción en contra de su partido son infundadas.
La declaración de Pérez es ridícula puesto que más allá de que los diputados cuestionen la corrupción para ganar votos, el Congreso Nacional ha sido en la última década una maquinaria generadora de corrupción e impunidad.
PODER LEGISLATIVO UNA PLATAFORMA DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Los datos reflejan que el Congreso Nacional es una instancia desde la que se origina corrupción e impunidad, situación que se constató con la mayoría de los casos presentados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y que comenzaron a hacerse evidentes en diciembre de 2017 con la Red de Diputados, un caso en el que se imputó judicialmente a cinco diputados con el desvío de fondos públicos a través de oenegés.
En total, la MACCIH imputó a 25 diputados de cuatro partidos políticos en cuatro de sus doce casos presentados durante su gestión y que se resumen en la “Red de Diputados”, “Arca Abierta”, “Pacto de Impunidad” y “Pandora”. Pero la instancia advirtió previó a su término que al menos 160 diputados habían participado en el latrocinio de fondos públicos, incluyendo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
En ese momento la MACCIH dio a conocer que esa investigación involucraba a más de 60 diputados y exdiputados y después amplió el número a más de 160, incluyendo a Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo y actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, así como a funcionarios y representantes de más de 30 organizaciones no gubernamentales.
Los legisladores al verse amenazados por la investigación aprobaron desde el Congreso una reforma para protegerse. Los partidos Nacional, Liberal, Democracia Cristiana, Alianza Patriótica y Unificación Democrática, aprobaron el 18 de enero de 2018 el Decreto 141-2017, el que reformó la Ley Orgánica del Presupuesto, con el objetivo de impedir a los órganos de investigación realizar acciones judiciales por actos administrativos, civiles o penales contra funcionarios, diputados y organizaciones no gubernamentales.
Sobre esta decisión la MACCIH presentó una denuncia, calificando el acto como “Pacto de Impunidad”.
En torno a ambos casos, un estudio del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), realizado a las acusaciones del expediente Red de Diputados y Pacto de Impunidad, concluyó que la corrupción se promueve desde las estructuras del Estado como el Congreso Nacional.
En las lecciones aprendidas luego del análisis de ambos expedientes, el Cespad valoró: “la lección más importante es que cuando la institucionalidad alberga y protege la impunidad, en virtud de que las redes de corrupción imputadas son las mismas que imponen la norma legislativa, es imposible lograr avances en la justicia anticorrupción”.
La segunda conclusión a la que llegó el estudio plantea: “los hechos no se circunscriben solo al Poder Legislativo, ya que, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial muestran un alineamiento que hace impensable hacer retroceder las disposiciones impuestas. Realmente, este caso evidencia cómo la institucionalidad es una sola y se retroalimenta de todas las estructuras constituidas para blindar la acción de la justicia a favor de funcionarios coludidos en redes de corrupción y los actos que atentan contra el Estado y la sociedad”.
Finalmente, el Cespad consideró que esta realidad se desprende de la politización y control partidario de las instituciones del Estado: “el cimiento de este alineamiento parece ser, nuevamente y de manera repetitiva, la alta politización de las instituciones, sumados a las deficiencias estructurales y técnicas que exhiben”.
REACTIVACIÓN DEL FONDO DEPARTAMENTAL
Otra constante en el Congreso Nacional es la creación de Leyes para usar fondos públicos en campañas políticas y no rendir cuentas ante los órganos fiscalizadores del Estado.
Este tipo de manejos se amparan en la reactivación del Fondo Social Departamental, llamado a partir del 16 de octubre de 2019, Ley especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales, contemplada en el Decreto 116-2019.
A raíz de las denuncias presentadas por la MACCIH el Fondo había estado inactivo desde abril del 2018.
Desde el punto de vista del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, esta normativa también es un pacto de impunidad que permite cometer más corrupción y no rendir cuentas.
Gracias al manejo de fondos para obras sociales por parte de diputados, la MACCIH presentó en 2018 el caso Arca Abierta, en el que 21 personas, incluidos cinco diputados activos y seis exdiputados, quienes fueron señalados por la malversación de 21.1 millones de lempiras de proyectos dirigidos a obras sociales.
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Otro caso similar fue el expediente Pandora, en el que diputados y funcionarios desviaron más de 282 millones de lempiras de proyectos que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), debían ejecutar. Estos fondos se trasladaron al financiamiento de campañas políticas del Partido Nacional y Liberal.
Pero en el Poder Legislativo se han modificado leyes que han atentado contra la transparencia, tal fue el caso del actual secretario del Congreso Tomás Zambrano y el diputados Román Villeda, Antonio Rivera Callejas y Sara Medina, quienes fueron acusados por la MACCIH de trastocar ilegalmente la Ley Orgánica del Congreso Nacional, para crear un pacto de impunidad que impidiera que los diputados fuesen investigados por corrupción.
Dicho caso es uno de otros más que ha quedado en la impunidad producto del control de la institucionalidad que gira en torno al poder político de turno.
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EXPULSIÓN DE LA MACCIH Y CÓDIGO PENAL
En diciembre de 2019, el Poder Legislativo brindó un informe en el que se concluyó que la presencia de la MACCIH no era necesaria en el país para combatir la corrupción, siendo esto el primer movimiento para que, en enero de 2020, el Poder Ejecutivo no renovara el convenio de continuidad de la Misión, suscrito por el gobierno de Honduras con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cuando Juan Hernández, titular del Poder Ejecutivo anunció que la MACCIH no continuaría, creó un Sistema de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción e Impunidad, el cual hasta la fecha no ha rendido frutos.
En su momento el diputado Yavhé Sabillón, presidente del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, denunció que este era el principio de una nueva etapa de corrupción e impunidad para los que habían sido incomodados por las investigaciones de la MACCIH.
Sabillón criticó a los diputados del Congreso que se prestaron para presionar para que no se renovara la continuidad de la Misión de la OEA.
El Frente Parlamentario concluyó que la presión para expulsar a la MACCIH se originó en el Poder Legislativo, pues muchos diputados habían sido involucrados en actos ilícitos.
La MACCIH vinculó a diputados con trayectoria política, en los casos Pandora, Arca Abierta y Pacto de Impunidad: Rodolfo Irías Navas, Elvin Santos, Milton Puerto, Gladys Aurora López, Román Villeda, Sara Medina, Tomás Zambrano, entre otros.
La salida de la MACCIH se combinó a la perfección con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una normativa aprobada desde hace dos años y que a mediados de 2020 entró en vigencia, sentando las bases para el beneficio de todos los imputados por la MACCIH.
En la actualidad, gracias al nuevo Código Penal, ya fueron absueltos todos los diputados del caso Red de Diputados, Pacto de Impunidad, Pandora, Arca Abierta y hasta el de la Caja Chica de la Dama, que involucra a la esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla.
La exdiputada Fátima Mena, junto a otros diputados que integraron el Frente Parlamentario, aseguraron que estas maniobras impulsadas desde el Poder Legislativo están dando los frutos por las que fueron creadas, que es consolidar la corrupción y fortalecer la impunidad.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), también repudió la aplicación del nuevo Código, para favorecer a diputados y funcionarios acusados por la MACCIH. Como parte de la aplicación de esa justicia selectiva, recientemente fueron beneficiados el exministro de la SAG, Jacobo Regalado, a quien la Corte Suprema de Justicia le otorgó casa por cárcel luego de haber sido judicializado por el caso Pandora y Miguel Pastor, acusado en el caso “Narcopolítica”, podrá defenderse en libertad porque la Sala de lo Constitucional ordenó el cambio medidas.
CONGRESO NACIONAL CLAVE DE LA CORRUPCIÓN DURANTE LA PANDEMIA
“Ya no sabemos ni cuantos fondos se han aprobado para manejar la pandemia, por eso exigimos que no se sigan aprobando préstamos hasta que nos digan dónde está el dinero”, cuestionó el diputado de Libre Juan Ramón Flores, a la Junta Directiva del Congreso Nacional en una sesión virtual de pleno realizada en noviembre pasado.
Para el diputado de Libre, Jari Dixon Herrera, el Congreso se convirtió en una plataforma tramitadora del Poder Ejecutivo, porque todo lo que Casa Presidencial envía, es aprobado a ojos cerrados por el oficialismo.
El diputado del PINU-SD, Luis Redondo, ha criticado en cada sesión de pleno la forma en cómo se ha manejado la situación de emergencia por la COVID-19 en el Congreso, desde la violación sistemática a la Ley Orgánica, hasta la aprobación de préstamos millonarios con organismos internacionales.
Los diputados de oposición aseguran que por ahora no llevan un control de cuántos préstamos se han aprobado, y esto genera falta de transparencia y prepara las condiciones ideales para que se cometa corrupción.
A inicios de la pandemia, el Poder Legislativo, a petición del Poder Ejecutivo, otorgó facultades a Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H), para que fuera el ente encargado de manejar los fondos de emergencia por la COVID-19, entidad que meses después ha estado en el ojo del huracán de la corrupción en temas relacionados a la pandemia.
En ese sentido, diputados que ahora se aglutinan en el Frente Legislativo contra la Corrupción, recalcaron que el oficialismo ha convertido al Congreso Nacional en una fábrica de ilegalidades.
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ES UN BURDEL DE LA IMPUNIDAD