A inicios de 2025 al menos 200 defensores y defensoras del medio ambiente enfrentaban procesos de criminalización en diversas regiones del país, aseguró a Criterio.hn, el experto en derecho ambiental, Pedro Landa.
Tegucigalpa, Honduras. – La mañana del jueves 22 de mayo, el Movimiento Popular y Social de Honduras (MPSH), conformado por diversas organizaciones, se movilizó hacia el Congreso Nacional para exigir cuatro demandas concretas, entre ellas, la derogación del Decreto Legislativo 93-2021, el cual ha sido utilizado para criminalizar a personas defensoras del ambiente, el territorio y los derechos humanos.
Durante su pronunciamiento, los integrantes del Movimiento Popular denunciaron que el Congreso Nacional ha ignorado la urgencia de derogar el decreto, a pesar de las graves consecuencias que ha tenido en cientos de comunidades.
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PROMESA INCUMPLIDA
Además de exponer principalmente el rechazo al proyecto de Licenciamiento Exprés impulsado por el presidente del Congreso Nacional, el Movimiento Popular y Social de Honduras exigió también la derogación inmediata del decreto 93-2021, una normativa que ha sido instrumentalizada para criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos, líderes campesinos, pueblos indígenas y comunidades que luchan de manera activa para la defensa del territorio en todo el país.
El movimiento expuso, que han comparecido en reiteradas ocasiones ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos Humanos exigiendo la derogación de dicho decreto legislativo, y que a pesar de ello no se han promovido ni impulsado reformas que reviertan la normativa.
Sobre el tema, el abogado del Bufete Estudios Para la Dignidad, Víctor Fernández, explicó frente a la secretaria del Congreso Nacional y diputada del Partido Libertad y Refundación, Luz Angélica Smith, que la criminalización en contra de las personas defensoras se intensificó con la aprobación del decreto 93-2021.
Fernández aseguró que casi todos los diputados del Congreso Nacional se han comprometido públicamente a revertir esta normativa, pero que hasta ahora no han cumplido.
El exfiscal señaló además, que la mayor parte de las personas que se encontraban presentes para exigir respuestas por parte del Poder Legislativo, habían sido criminalizados y sometidos a procesos judiciales por el reclamo del derecho a la vivienda y de la tierra a causa de dicho decreto lo que evidencia la necesidad urgente de su derogación.
Criterio.hn intentó comunicarse con el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, quién se había comprometido a colaborar en la derogación del decreto, para conocer las razones de la falta de avances para revertir la normativa y si esta podría llegar a ser derogada antes del cambio de gobierno, sin embargo, hasta la publicación de este artículo no se obtuvo respuesta.
¿BAJO QUÉ FIGURAS SE ESTÁ CRIMINALIZANDO?
El defensor y experto en derecho ambiental, Pedro Landa, explicó a este medio digital que a partir de la promulgación de los delitos de usurpación, desplazamiento y daños, contemplados en el decreto 93-2021 por las reformas al nuevo Código Penal se ha profundizado la criminalización de los defensores de la tierra, el territorio y los bienes naturales, como parte de una estrategia de las empresas para presentarse como víctimas cuando las comunidades exigen que se reconozca y se garantice el derecho a un medio ambiente sano.
Landa explicó, que los abogados de las grandes empresas utilizan estas figuras legales para acusar a las personas defensoras de cometer delitos y denunció que de esa manera, defensores de distintas regiones han sido víctimas de criminalización, ya que las reformas al Código Penal priorizan los intereses de las empresas por encima de los derechos de las comunidades y territorios.
Según lo expuesto por el jurista, para inicios de 2025 alrededor de 200 defensores y defensoras del medio ambiente enfrentaban procesos penales en distintas cortes del país. Aunque existen casos individuales, señaló que también hay comunidades enteras criminalizadas, como Punta Piedra y otras con más de 100 o incluso 200 años de existencia. En estos casos, empresarios han utilizado el delito de usurpación para denunciar a todos sus habitantes de manera colectiva.
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SOBRE EL DECRETO 93-2021
Con respecto a dicha normativa, el doctor en Derechos Humanos y abogado constitucionalista, Joaquín Mejía explicó a este medio digital que el decreto legislativo 93-2021 es uno de los que más obstaculiza la lucha contra la corrupción del Ministerio Público.
Mejía explicó que dentro de este decreto se incluyó una figura que permite fiscalizar a organizaciones de derechos humanos, exponiéndolas al riesgo de ser investigadas como si se tratara de casos de lavado de activos. Según advirtió, esta medida no busca transparencia, sino ejercer un mecanismo de control sobre las organizaciones.
El especialista en derechos humanos, remarcó que no se debe de olvidar que el Congreso Nacional reformó el decreto 93-2021 para eliminar la existencia de los delitos precedentes y que además la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales cinco artículos, por lo que señaló que como sociedad se debe revisar que es lo que existe y que no.
Otro de los puntos expuestos por Mejía, es la importancia de la figura de las personas de interés, ya que representa un peligro para las organizaciones de derechos humanos, medio ambiente y de sociedad civil.
¿PODRÍA DEROGARSE ANTES DE LA CULMINACIÓN DEL GOBIERNO DE CASTRO?
A criterio del defensor y experto en derecho ambiental, Pedro Landa, las posibilidades que este decreto sea derogado, son muy lejanas, pues explicó, que es uno de los que integra el pacto de impunidad y una de las derogaciones impuestas por Naciones Unidas para la instalación de la CICIH.
Landa añadió, que hay más de 30 o 40 países que le han exigido al Estado de Honduras derogar las leyes que criminalizan a los defensores y defensores del medio ambiente y poner una legislación más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, sin embargo hasta el momento las autoridades han hecho caso omiso de todas estas recomendaciones.
Lo manifestado por Landa, fue respaldado por el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, pues señaló que la derogación total del decreto es una de las exigencias para la instalación de la CICIH y el que no esté instalada es responsabilidad del Congreso Nacional, pues por un lado no lo han planteado en la agenda y la oposición tampoco ha convocado a reuniones extraordinarias para tratar el asunto.
En ese sentido, Mejía lamentó la situación pues considera que no será posible, ya que no existe voluntad política ni del oficialismo ni de la oposición.
