De acuerdo al artículo 189 de la Constitución de la República el 31 de octubre de cada año es la fecha de clausura de sesiones ordinarias, en caso de no aprobarse una extensión del periodo de sesiones ordinarias, la Junta Directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones
Sin presupuesto aprobado, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia enfrentan el proceso electoral en condiciones precarias
Tegucigalpa, Honduras. -La clausura de sesiones ordinarias de la VI Legislatura del Congreso Nacional deja en incertidumbre la aprobación de los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, dos instituciones clave para garantizar la transparencia, fiscalización y la legalidad del proceso electoral de noviembre de 2025.
La falta de aprobación presupuestaria genera preocupación entre los organismos electorales, que advierten que la ausencia de fondos comprometerá la labor de ambas instituciones.
Sin embargo, con el cierre del periodo ordinario de sesiones, los fondos para ambas instituciones quedaron pendientes. Y la Comisión Permanente del Congreso Nacional no tiene la facultad constitucional para aprobar leyes ni presupuestos, lo que deja a los entes electorales en un limbo financiero.
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La Unidad de Política Limpia y el TJE enviaron los proyectos de presupuestos al Congreso Nacional desde mayo de 2025 –seis meses antes de las elecciones generales de noviembre—, sin embargo, la Junta Directiva del Congreso Nacional no sometió a votación estas herramientas presupuestarias.
En primera instancia, la Unidad de Política Limpia solicitó 100 millones de lempiras para fortalecer la fiscalización del financiamiento político. Sin embargo, tras una revisión en el Congreso, la cifra fue reducida a 80 millones, sin que hasta ahora haya sido aprobada.
En paralelo, los magistrados del TJE solicitaron una ampliación presupuestaria de 39 millones de lempiras, destinados a reforzar las capacidades logísticas, electrónicas y operativas de cara a los comicios.
La ausencia de una sesión extraordinaria o de consenso político para aprobar ambos presupuestos deja a las dos instituciones en un limbo administrativo, en plena campaña electoral.
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FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DEJA AL TJE Y LA UNIDAD DE POLÍTICA LIMPIA SIN PRESUPUESTO
Según el analista político y abogado Henry Salinas, la raíz del problema no es técnica, sino política, en ese sentido cuestiona la falta de voluntad de las y los diputados para garantizar procesos transparentes.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hnSalinas recordó que ambas instituciones juegan un papel importante en el proceso electoral, y por ende es necesario dotarlas de las herramientas presupuestarias para que estas cumplan con sus funciones.
“No tienen compromiso con que la Unidad de Política Limpia los fiscalice, ni con dotar al Tribunal de Justicia Electoral del personal y la logística que necesita para atender los recursos que los candidatos presenten”, manifestó el entrevistado.
La falta de aprobación presupuestaria, enfatizó el jurista, no sólo afecta a estas dos instituciones, sino que se suma a una constante, la incapacidad de las y los diputados del Congreso Nacional para alcanzar consensos para aprobar leyes en favor de la ciudadanía.
Salinas recalcó que durante estos cuatro años ha sido un problema aprobar proyectos de ley, presupuestos o elecciones de segundo grado. “Este Congreso cierra con broche de oro su ineficiencia”, subrayó Salinas.
Además, deja una deuda institucional y una mora legislativa de un poco más de 1,800 proyectos de ley sin aprobar. “No es solo responsabilidad de la Junta Directiva, sino de todos los partidos que no han podido construir consensos”, puntualizó.
En el plano práctico, la ausencia de presupuesto afecta directamente al TJE y a la Unidad de Política Limpia, pues ambas dependen de esos fondos para reclutar personal técnico, auditores y analistas financieros.
“Sin recursos, estas instituciones actuarán de forma limitada. No habrá certeza sobre cómo se financian las campañas políticas, ni garantías de que los recursos sean auditados para saber el origen de los fondos”, advirtió Salinas.
Además, el retraso presupuestario al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) podría provocar la dilatación en la resolución de recursos electorales, afectando el calendario postelectoral y la confianza ciudadana en los resultados.
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Por su parte, el analista en temas electorales, Héctor Soto, coincidió en que la omisión legislativa compromete la estabilidad y el funcionamiento del TJE para resolver los recursos que deriven del proceso electoral del 30 de noviembre.
Consultado por este medio digital, el también economista, se refirió al conflicto entre los tres magistrados del TJE –por resoluciones tomadas sin el quorum necesario— están en funciones y deben resolver sus conflictos internos para garantizar el funcionamiento de la justicia electoral.
De acuerdo con Soto, la falta de asignación presupuestaria no solo afecta a la justicia electoral, sino a todo el entramado de garantías democráticas del país. “En el caso de la Unidad de Política Limpia, si no se le aprueba el presupuesto, volveríamos al pasado, cuando no existía una fiscalización real del dinero que entraba a las campañas”, explicó el analista.
La falta de recursos, sumada a los conflictos internos en los entes electorales, genera un escenario de riesgo institucional y opacidad financiera, justo cuando el país se prepara para un proceso electoral marcado por la polarización, acusaciones de fraude y conflictos en los órganos electorales.
