Instan al Departamento de Estado a apoyar futuras investigaciones en el asesinato de la ambientalista y a la embajada de Estados Unidos en Honduras a desmentir las declaraciones, en medios de comunicación, en las que se afirma que agencias estadounidenses encontraron irregularidades en las evidencias presentadas contra los acusados.
Tegucigalpa. – Diecisiete congresistas estadounidenses instaron al secretario de Estado, Antony Blinken, a monitorear las apelaciones pendientes de las sentencias de las ocho personas privadas de libertad por el asesinato de la ambientalista Lenca, Berta Cáceres.
Además, remarcaron la importancia de continuar las investigaciones de las personas implicadas en el crimen contra la lideresa indígena el 2 de marzo de 2016, así como indagar sobre los delitos financieros y el fraude relacionado con el proyecto hidroeléctrico y la violencia ejercida contra las y los pobladores de Río Blanco, que involcuran muchos más asesinatos.
Actualmente, guardan prisión como autores materiales: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Atilio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Óscar Torres Velásquez. A ellos se suma Roberto David Castillo, expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) culpable en el grado de coautoría en el crimen.
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Pese a que sus fallos fueron dictados el 2 de diciembre de 2019, para los siete primeros, y el 20 de junio de 2022 para Castillo, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa sin confirmarlas.
“Hoy las condenas y la continuación de las investigaciones están en riesgo. Los ocho hombres condenados por el asesinato de Berta han apelado. Esas apelaciones están atrasadas y el Copinh ha informado que los jueces han sido sometidos a presiones indebidas”, señalan en la carta las y los representantes Jan Schakowsky, Hank Johnson y Peter Welch, entre otros legisladores.
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Aludieron además que los abogados de los ejecutivos condenados por ordenar el asesinato de Cáceres promueven una campaña en los medios de comunicación destinada a cuestionar el fundamento de las condenas a través de información falsa, a la que la familia de la lideresa Lenca y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) no han tenido la oportunidad de responder en los mismos espacios en que ha sido difundida.
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Señalaron como preocupantes “los cargos espurios presentados en 2019 por el director general de DESA, condenado por el asesinato, contra la experta en tecnología que aportó pruebas a la fiscalía”. Agregaron que los cargos continúan bajo investigación y han sido remarcados por el equipo de la defensa en medios de comunicación.
Las y los congresistas estadounidenses aludieron a la responsabilidad de la comunidad internacional, recordando que los juicios expusieron la colusión entre redes delictivas organizadas y el sector privado en un proyecto que recibió financiamiento de organismos financieros internacionales.
En julio de 2021, tras el veredicto de culpabilidad de Roberto David Castillo, el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) reconoció que finació a DESA, empresa cuyo director ejecutivo estuvo involucrado en el asesinato de Berta Cáceres.
“Hemos tomado conocimiento del veredicto en el juicio de David Castillo en Honduras. El asesinato de Berta Cáceres fue una tragedia. Tenemos el más sentido pésame con todos los afectados por su muerte y esperamos que esta convicción le brinde algún consuelo a su familia y a todos los que la rodean. El veredicto significa que financiamos una empresa cuyo director ejecutivo ha sido declarado culpable de estar involucrado en un asesinato. Estamos devastados por esto”, publicó el FMO en su página web.
Finalmente en la carta, instaron al Departamento de Estado a apoyar futuras investigaciones en el asesinato de Cáceres y a la embajada de Estados Unidos “a repudiar públicamente las declaraciones falsas en los medios de comunicación que las agencias estadounidenses encontraron irregularidades en las evidencias contra los defendidos”.
