Tegucigalpa. – Las confrontaciones y ataques en redes sociales y a través entrevistas en medios de comunicación corporativos, se han convertido en la tendencia de cada día en Honduras, estas son mayormente protagonizadas por políticos, empresarios, religiosos y otros sectores de las élites ultraconservadoras.
No obstante, estar siempre en esa batalla de llevar la contraria en vez de trabajar juntos por la ciudadanía, es una manera de atrasar y obstaculizar los avances y el trabajo pleno en la refundación del país y, además, analistas observan que podría generarse debido al peligro de ver sus intereses en juego.
Un discurso que se ha convertido en ataques de parte del Partido Nacional, es la campaña de negar que el gobierno actual permita la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI), cuando este movimiento político fue quien se encargó cuando estuvo en el poder de sacar a la MACCIH de Honduras.
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En ese sentido, el abogado y notario Rodil Rivera Rodil, expresó en conversación con Criterio.hn que, cómo es posible que el Partido Nacional se encargue de criticar al gobierno por el tema de la CICI, siendo ellos quienes por temor más líneas de investigación, corrieron a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en enero de 2020.
A su criterio, Rivera observó que esa campaña que se ha desencadenado contra el gobierno, está claro que los sectores que están detrás de ella y la están promoviendo son una élite empresarial que se siente afectada por alguna de las leyes que ha derogado el Congreso Nacional.
Como resultado de la iniciativa de Libre, del Partido Salvador de Honduras junto al apoyo de otros integrantes de otros partidos, se inició con la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Cabe recordar que, a pesar que el Partido Nacional votó a favor y se logró derogar las ZEDE por unanimidad, “hay empresarios que se sienten afectados y salen a justificar. Hay incluso un político liberal muy conocido que es funcionario de las ZEDE”, agregó Rivera.
Otra motivación de ataques nació de la nueva Ley de Energía Eléctrica aprobada en mayo de 2022, siendo quizás la que más ha provocado reacciones negativas de los sectores empresariales y demás élites de poder, sobre todo de parte de los que abogaban a toda costa por la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
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La nueva Ley de Energía Eléctrica fue tan temida que incluso la misma embajadora de Estados Unidos Laura Dogu se pronunció al respecto, provocando en el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina una reacción de rechazo a la injerencia de la diplomática.
También, a esa lista se agrega la derogación de la Ley del Empleo por Hora, la cual era apoyada por los empresarios, justificando que beneficiaba a los jóvenes, pero los sectores de trabajadores comprobaron que no solo ellos se oponían, sino quienes habían trabajado bajo esa modalidad que llamaron “otra forma de esclavitud”, al violentar sus derechos laborales.
CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO NACEN ANTES Y DESPUÉS DEROGACIONES O APROBACIONES
Antes y después de las derogaciones o de las aprobaciones de leyes se ha iniciado una campaña de ataques masiva para desmeritar dichas acciones.
“Estos sectores de la empresa privada, que son una minoría, pero importante económicamente, se sienten dañados por leyes aprobadas y eso ha pasado siempre en los países que han intentado hacer cambios, como en este caso el Partido Libre”, expresó el togado a este medio digital.
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A todo ese contexto político actual, se suman los sectores de ultraderecha, el Partido Nacional, la cúpula religiosa que ha vuelto a tomar fuerza y otras organizaciones políticas que, por razones obvias, impulsan esas campañas de desprestigio.
Sobre las confrontaciones políticas, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, opinó para Criterio.hn que, eso sucede cuando existe un abismo entre el discurso utilizado y los hechos reales.
Esas contradicciones –apuntó- dejan apreciar que sucede con el tipo de leyes que aprobadas o el debilitamiento de instituciones que como la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), institución que señaló debería liderar proceso como la lucha contra la corrupción.
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“La clase política y sobre todo la que ha gobernado en los últimos años, ha tenido siempre un discurso favorable ante la lucha contra la corrupción, hacia los derechos humanos, pero en la práctica hacen todo lo contrario”, analizó Mejía.
El especialista en derecho humanos apuntó que existe cinismo estructural en Honduras proveniente de una buena parte de la clase política.
