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Situación de ENEE supera L 75,600 millones en deuda

privatización de la Enee

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Tegucigalpa.- Le deuda total que mantiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) supera los 75 millones de lempiras que representa más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, escenario que refleja la crítica situación que atraviesa la estatal electrica mientras el nuevo gobierno de Honduras apuesta por recuperarla.

“Ante la grave crisis en la que recibimos la ENEE, nos planteamos dos alternativas: Salvar la ENEE como empresa pública, o continuar hacia el abismo de la bancarrota y la quiebra para justificar la privatización total y entregar los activos acumulados a lo largo de su historia, que hoy superan los tres mil millones de dólares”, expone la presidenta de Honduras, Xiomara Castro a través del proyecto de ley que envió al Congreso Nacional para declarar como un bien y derecho humano la energía eléctrica.

Según cifras expuestas por el gobierno de Honduras, desde el 2010 hasta 2021 la estatal recibió unos L 58,000 millones en préstamos y 270 millones en donaciones por organismos internacionales, sin embargo, la ENEE se encuentra sumergida en un descalabro financiero y una inminente quiebra.

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En total, la deuda de la estatal eléctrica supera los 75,600 millones de lempiras que se asemejan al 60% de los ingresos de la nación anualmente y representa el 10.05% del PIB.

Existen 75 contratos de generación de energía que facturan al mes L 1,875 millones con ganancias exorbitantes al vender a precios elevados en comparación con precios en la región centroamericana e incluso en Latinoamérica y a nivel mundial para una nación que más del 74% de la población vive en pobreza, de esos, 53% en extrema pobreza. 

Las pérdidas técnica y no técnicas de la ENEE ascienden a 38% pese que se contrató con artimañas la concesionaria Empresa Energía Honduras (EEH) que debía reducir las pérdidas, mejorar el servicio y la red de distribución, sin embargo, anualmente la estatal pierde 17 millones de dólares, es decir, alrededor de 418 millones de lempiras, además la EEH recibe mensualmente 10.5 millones de dólares por el contrato pese a incumplir con sus obligaciones.

Solo en 2022, el nuevo gobierno debe pagar a generadores de energía privados al menos 5,600 millones que podría alcanzar los 7,000, mientras las térmicas amenazan al gobierno que habrá suspensiones del servicio de energía siendo la ciudadanía los afectados. La deuda total es de 16,000 mil millones.

“La crítica situación de la ENEE es provocada y va cada día en aumento. El suministro del servicio de la energía eléctrica es insostenible e impagable por los consumidores en las condiciones que se encuentra por lo que se impone el deber de contribuir para salvar la empresa implementando medidas como la revisión y renegociación inmediata de los contratos de generación, asumir de parte del Estado el despacho de la energía, implementar un Plan agresivo para la recuperación de las pérdidas e investigar la patraña y la corrupción que se evidencian en los diferentes fideicomisos incluyendo el de EEH”, expone Castro en la solicitud al Congreso para aprobar el proyecto de ley.

La apuesta del gobierno será alcanzar el 60% de la generación de energía por parte del Estado con un 70% de energía renovable para reducir la importación de combustible.

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MÁS ALLÁ DE LAS PÉRDIDAS TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS DE LA ENEE

A criterio de Elsia Paz, presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, la solución a la problemática de la estatal yace en la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas.

“Esto ha sido una crisis constante que parece no cesar, pero la falta de reducción de pérdidas genera la falta de sostenibilidad financiera en el sector y eso deriva en la falta de capacidad para invertir en generación, transmisión y distribución. Los cálculos están claros que reducir las pérdidas reduciría el déficit de la ENEE. Tenemos que enfocarnos en dónde está el déficit más grande de la ENEE”, dijo.

Añadió que el proyecto de ley que fue enviado al Congreso Nacional genera incertidumbre porque arguye que se menoscaba la intención de lograr mayor competencia en el sector eléctrico, “no podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado, el negocio se lo está llevando los bancos”.

Para el titular de la Secretaría de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), Lucky Medina, se debe entender que el déficit de la ENEE va más allá de una cifra que se generó a través de un esquema de corrupción durante los últimos doce años.

“Digámosle al pueblo hondureños cuantas escuelas, centros de salud dejamos de construir, pero el déficit no es casual, detrás de eso hay un modelo de corrupción que se profundizó, que avalaba que, usando los mismos recursos del Estados, esas empresas que hoy critican al Estado hacían uso para beneficio propio”, cuestionó.

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De igual manera, el ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, señaló que el gobierno no pretende atender la crisis energética desde un solo factor, por el contrario, será una reforma integral con todos los componentes que sumergen a la estatal en una situación crítica.

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“No estamos enfocados en una sola dimensión del problema, estamos enfocados en toda la dimensión, pero mediáticamente los que se sientes afectados están queriendo desviar la atención para tratar de dar a entender que la solución está únicamente en la reducción de pérdidas técnica y no técnicas y no es cierto, está en todo, son una serie de acciones para rescatar todo», sostuvo.

Barquero resaltó que el modelo que se instauró en el régimen del exgobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos por narcotráfico, solo socavó la ENEE con la intención de privatizarla por lo que se pretende iniciar acciones diferentes en rescate del ente público.

“El modelo anterior no funcionó, si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Es insostenible, es fuera de toda lógica pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo”, añadió.

Será el Poder Legislativo quien decidirá si aprueba el proyecto de ley que envió la presidenta Xiomara Castro para atender la crisis energética y salvar de la quiebra inminente a la ENEE.

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