Declarar como un bien público y de derecho humano el servicio de energía eléctrica, declarar emergencia nacional, recuperar la ENEE, renegociar contratos leoninos y poner fin a fideicomisos contempla proyecto de ley del Poder Ejecutivo
Tegucigalpa.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió un proyecto de ley al Congreso Nacional denominado “Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y derecho humano de naturaleza económica y social” con la finalidad de hacerle frente a la crisis en materia energética que afronta la nación.
La referida normativa contiene 21 artículos en los que resalta declarar “Emergencia Nacional en el subsector eléctrico, la obligación del Estado en garantizar y proveer el servicio de energía eléctrica a toda la población, renegociar contratos de energía, derogación de fideicomisos que entregan las cuencas de ríos para la construcción y generación de energía y el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
“Hemos introducido la ley que va destinada a declarar como un bien público y un derecho económico y social el servicio de energía eléctrica y atacar los problemas urgentes, críticos, dramáticos de la ENEE y el subsector eléctrico, en general aborda la problemática actual”, detalló el titular de la Secretaría de Energía y gerente de la ENEE, Erick Tejada.
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En la declaratoria de emergencia se autoriza al Poder Ejecutivo y la Junta Directiva de la estatal eléctrica implementar un plan de emergencia para la recuperación de la empresa que comprendes desde la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Organismo Operador del Sistema conocido como ODS que está bajo control privado.
Asimismo, obliga al Estado de Honduras garantizar a toda la población el servicio de energía eléctrica siendo la ENEE el ente que ejercerá el control de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía situación que expone la extinción de contratos nocivos y leoninos que han socavado y dilapidado a la estatal.
RENEGOCIAR CONTRATOS O ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO
Los contratos de generación de energía por plantas térmicas deberán ser renegociados en caso de no lograr acuerdos se autoriza a la ENEE la extinción del contrato y la adquisición por parte del Estado estableciendo un justiprecio.
“La esencia y espíritu de la ley es la designación como un derecho humano, no va a haber expropiación, eso no va a existir; lo que va a existir, en los casos que sean necesarios, y ojalá que no sea necesario en ninguno porque a nosotros como gobierno no nos interesa comprar las plantas de los privados, si no se puede llegar a una negociación, entonces vamos a plantear la posibilidad de comprarles las plantas de mutuo acuerdo”, explicó el secretario de Desarrollo Económico.
Misma situación establece en los contratos de energía solar y eólica y la autorización para la adquisición de plantas generadoras de energía con cláusulas de derechos preferentes de compra en sus contratos.
El plazo para lograr acuerdos de renegociación será de 30 días calendario una vez que se publique en el diario oficial La Gaceta la ley cumpliendo con la venta de energía y el suministro a la población mientras el gobierno se compromete a pagar la mora con los generadores que superan los más de 75,000 millones de lempiras. Dicha mora será también renegociada y se establecerá un mecanismo mediante el sistema financiero nacional.
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Además, se ordena a la ENEE presentar un informe sobre las irregularidades de contratación del consorcio colombiano bajo la Empresa Energía Honduras (EEH) y posteriormente presentar una denuncia ante el Ministerio Público, al igual que se ordena, en un plazo de 30 días desde que se publique el decreto de ley, al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) efectuar una auditoría de cumplimiento legal y financiero por parte del concesionario.
Asimismo, se contempla la derogación del contrato de fideicomiso que entrega 14 subcuencas en ríos para la construcción y generación de energía bajo el Decreto Legislativo 33-2021 referente al desarrollo de proyectos públicos para controlar inundaciones y mitigar los efectos del cambio climático.
Dicho decreto, entrega de manera lesiva a capital extranjero 14 ríos para la construcción de represas como Los Llanitos y Jicatuyo, río Ulúa, Santa Bárbara; el Tablón, río Chamelecón, Santa Bárbara; Quebrada Relumbrosa, La Ceiba, Atlántida; Texiguat, El Paraíso, entre otros.
El Organismo Operador del Sistema (ODS) deberá devolver las instalaciones donde funciona como una ONG y se ordena a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización anular la resolución 1250-2016 de la CREE que reconoce a la ODS, integrada por cuatro miembros del sector privado y uno del sector público, como el organismo que establece los precios de compra de energía y decide qué empresas suministran el servicio cada hora y será ahora la ENEE la encargada de dichas funciones.
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Cabe indicar que se creará la Comisión Nacional de Auditoría integrada por un miembro de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, Servicio de Administración de Rentas, Aduanas y Comisión Nacional de Banca y Seguros.
La auditoría será a los estados financieros de las empresas de generación de energía, desde el inicio de sus operaciones para cuantificar los costos financieros, costos fijos de operación y mantenimiento, costos variables de combustible, costos variables de operación y mantenimiento, y su rentabilidad, así como cualquier otro costo o beneficio aplicable con que operan y el cumplimiento de los contratos de operación y la normativa legal.
“Es una reconfiguración de la dinámica de los sectores del subsector eléctrico, la garantía y la forma en que se despacha va a estar bajo la álgida de la ENEE. La actual ley no tiene un componente humano, es una ley hecha para los mercados y esta ley pone en relieve al ser humano y la sociedad”, aseguró Tejada.
También se contempla una reforma a diez artículos de la Ley General de la Industria Eléctrica y se reforma la composición de la CREE que estará conformada por tres comisionados nombrados por el presidente y sus acciones tendrán repercusiones civiles, penales o administrativas en caso de afectar los intereses de la nación.
