Concesión del proyecto “Bosques de Santa María” es una traición a la patria

 

El artículo 19 de la Constitución establece que ninguna autoridad puede otorgar concesiones “que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la Patria”

Por: René Novoa

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. Los diputados, el acalde del Distrito Central, Nasry Asfura, y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), han traicionado a la patria. ¿Por qué?, por conceder el proyecto habitacional “Bosques de Santa María”, ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, área protegida según decreto legislativo No 976-80 y que provee un 30 por ciento que consumen los capitalinos.

Este controversial proyecto inmobiliario es propiedad del Grupo Midence Soto Pierrefeu (Grupo MSP) y Condado Santa María, cuyo principal accionista es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu. Además, en el grupo desarrollador figura el empresario de la construcción y diputado por el Partido Liberal, Elvin Santos.

El proyecto se construye en un área de 499.72 hectáreas de las cuales, 96.21 están ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, y tiene un valor de mil millones 321 mil 370 lempiras, estimada a concluir en unos 20 años en tres etapas. La primera, bautizada como Portal Los Tarragones y Jilgueros, ya comenzó con la apertura de carretera en la zona El Chimbo, a cuatro kilómetros al oriente de la capital hondureña.

Leer más CNA investigará el proyecto habitacional de La Tigra

El alcalde Asfura ha dicho en reiteradas ocasiones que “sólo” extendió un permiso para la remoción de tierra y que “el proyecto representa un eje de desarrollo para la ciudad de Tegucigalpa”.

Por su parte, MiAmbiente entregó la licencia ambiental en 2016, pero un hecho curioso es que cuando en septiembre de 2019 el entonces titular de esa dependencia, Luis Galdames, anunció la cancelación del proyecto, fue destituido públicamente por el gobernante, Juan Hernández.

Traición a la patria

En relación a este proyecto que impulsa un poderoso grupo económico, el abogado con postgrado en Derecho Ambiental, Néstor Sosa, comentó que quienes dieron luz ver a esta concesión han violentado la Constitución y, por consiguiente, los derechos fundamentales de la población afectada.

“Honduras no debe ser manejado desde el punto de vista ambiental como una proyección política y mucho menos

como una hacienda personal”, afirma el abogado con postgrado en Derecho Ambiental, Néstor Sosa.

“El proyecto que se pretende construir en la zona de La Tigra, está directamente relacionado con la zona de núcleo y de amortiguamiento debido a que en esta zona se encuentra una de las principales fuentes de agua de la capital, por tanto se violenta el artículo 145 de la Constitución de la República de Honduras”.

Este artículo dice textualmente: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. En consecuencia declárase el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano. Cuyo aprovechamiento y uso será equitativo preferentemente para consumo humano. Asimismo se garantiza a la preservación de las fuentes de agua a fin que éstas no pongan en riesgo la vida y salud pública”.

Por otro lado, el profesional del Derecho resaltó que esa concesión violenta el capítulo III de la Constitución, concerniente a los tratados. “Desde el punto de vista del Derecho Internacional afirmó con certeza que se están violando los convenios internacionales, mismos que encontramos desde el Art. 15 al Art. 21 de la Constitución de la República”.

Y el artículo 19 es categórico al afirmar que: “Ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la Patria. La responsabilidad en este caso es imprescriptible”.

Así se deduce que todos los involucrados en la concesión del proyecto “Bosques de Santa María”, han incurrido en el delito de traición a la patria.

Pobladores de unas 14 comunidades beneficiadas con el agua del Parque Nacional La Tigra se mantienen en constante protesta

por la pretendida construcción del proyecto habitacional para los ricos y famosos de Tegucigalpa

Otros actores que deben ser investigados

El abogado Sosa detalló que también se han violentado otras leyes. “El primer considerando de la Ley especial del Ambiente de nuestro país, Decreto 143 – 93, igual que el considerando número 2 que siempre menciona al Estado como responsable de la utilización adecuada de los recursos naturales; de acá derivamos que esto se suma al deterioro constante que sufre el Estado de derecho en Honduras sine qua non”, dijo.

De acuerdo con el profesional del Derecho, el artículo 5 de la Ley especial de Ambiente menciona la forma en que se deben realizar los estudios de impacto ambiental, a través de MiAmbiente, “además, el artículo 109 dice que la Contraloría como tal, tiene la responsabilidad de las obligaciones derivadas del cumplimiento de los estudios de impacto ambiental”.

Además, el artículo 16 de esa ley menciona la creación de la Procuraduría General del Ambiente, que según el artículo 20, cuenta con plena autonomía, “la Procuraduría está obligada a proceder a cualquier persona natural o jurídica que cause un daño forestal, ambiental o cultural que afecte a un grupo del Estado o a todo el Estado”, sostuvo.

Es de recordar que el Estado lo conforman el gobierno, la población y el territorio.

Por otro lado, comentó que como auxiliares de la Procuraduría, están los fiscales, abogados de las Secretarías de Estados que se involucren en el tema ambiental y los juzgados de la República.

“Como profesional del Derecho, sugiero se investigue si se están siguiendo los procesos tal cual los señala la Ley especial del Ambiente tanto en la Contraloría como en la Procuraduría y sus órganos auxiliares”, enfatizó Sosa.

Leer más Ambientalistas anuncian protestas ante viabilidad del Congreso de proyecto residencial de La Tigra

También se han lesionado –continuó el entrevistado– el Convenio de Viena; Protocolo de Montreal, ratificado en Honduras en 1993, el cual versa sobre la protección de la capa de ozono; Convención relativa a los humedales (RAMSAR) que tiene como fin proteger lagos, ríos, etc.; y Honduras en 1997 ratificó el Convenio de Desertificación que habla propiamente de la falta de agua y de la desforestación, que dentro de los convenios internacionales es el que más vigencia tiene en la actualidad.

“Desde el punto de vista jurídico se está haciendo muy poco, porque si bien existen los instrumentos jurídicos necesarios para proteger el medio ambiente, no así se cuenta con la voluntad expresa para la aplicación de la Ley especial del Ambiente y lo apreciamos en la destrucción desmedida de nuestros bosques, ríos, falta de agua, etc…”, comentó.

El abogado Sosa envió un mensaje contundente a la sociedad en general: “hay mucho que hacer de parte de todos los sectores, con una orientación correcta y profesionales especializados en el área ambiental. Honduras es de todos y no debe ser manejado desde el punto de vista ambiental, como una proyección política y mucho menos como una hacienda personal”.