El juicio se realizará el lunes 17 de octubre en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, a partir de las 9:00 de la mañana, según comunicó el Copinh
Fotos: Copinh/Víctor Galeano
Tegucigalpa. De cara al juicio a iniciar el próximo lunes 17 de octubre, la comunidad Lenca de Río Blanco y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), exigen justicia por el intento de homicidio contra Allan García a manos de un integrante de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.).
El Copinh recordó que durante años tanto la organización como las y los pobladores de la comunidad indígena de Río Blanco han sufrido amenazas de muerte y ataques físicos a manos de miembros de las FF. AA. por su oposición al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ).
“Los actos de violencia contra defensores de sus territorios ancestrales, tal como es el caso de nuestro compañero Tomás García y Allan, no solamente violan sus garantías individuales, sino también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad las FF. AA. de Honduras”, compartió el Copinh desde las redes sociales.
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El caso se remonta al 15 de julio de 2013 en el departamento de Intibucá cuando durante una movilización por la defensa del río Gualcarque, Allan García, junto a su padre Tomás García, recibieron varios impactos de bala.
Por estas acciones a manos del suboficial del Batallón de Ingenieros, Kevin Yasser Saravia, falleció el líder Lenca, Tomás García, y resulto seriamente herido su hijo Allan.
EL JUICIO CONTRA EL SUBOFICIAL EN 2015
“Queremos decirles que nuestra posición como Copinh, como pueblo Lenca de Río Blanco, va a ser continuar defendiendo la vida y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se aplique justicia”, manifestó en 2015 la lideresa Lenca, Berta Cáceres, meses antes de su asesinato, cuando concluía el juicio contra Saravia, no obstante se desconocía aún la sentencia.
Tras ese juicio, el suboficial Kevin Yasser Saravia fue declarado culpable por el delito de homicidio simple contra Tomás García. No obstante, fue absuelto por la tentativa de homicidio en contra de Allan García. El Tribunal argumentó que en el caso de Allan solo fueron “faltas”, y que “no era su intención matarlo”, dándole una pena de 30 a 90 días de prisión.
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En una conversación previa con Criterio.hn, el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, integrante de la Causa Berta Cáceres, explicó que tras la sentencia, como parte acusadora se presentó un recurso de casación que resultó en la repetición del juicio en lo que concierne a la querella correspondiente a los hechos ocurridos contra Allan García.
La parte acusadora, en su recurso de casación, manifestó que Saravia no era culpable por el delito de lesiones sino por el delito de tentativa de homicidio porque la intención del disparo no era lesionarlo o herirlo, sino matarlo, señaló Mejía.
Tras la conclusión del juicio en 2015, Berta Cáceres denunció la discriminación y racismo que se cometió contra el pueblo Lenca y el Copinh durante el desarrollo de las audiencias, y declaró que la “exclusión y saqueo histórico contra los pueblos indígenas se repite en el sistema judicial” pero que pese a esto, el caso no quedaría impune y continuarían denunciando el crimen.
EL CICLO DE VIOLENCIA QUE DESATÓ DESA
El asesinato contra la lideresa indígena, Berta Cáceres, por oponerse al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es una de las acciones violentas más conocidas a nivel nacional e internacional. Por este caso fue sentenciado a 22 años y seis meses de cárcel, Roberto David Castillo Mejía, declarado culpable de ser coautor del asesinato de la ambientalista y defensora del territorio.
Sin embargo, la escalada de violencia contra la comunidad de Río Blanco y el Copinh inicio desde el momento en que no se consultó sobre el proyecto a la población Lenca, como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en 1995 por Honduras. Un patrón que el Estado repite a lo largo de las comunidades indígenas del país.
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La imposición inconsulta del proyecto hidroeléctrico desde el Estado y DESA, resultó en hechos de violencia y amenazas contra la vida de líderes y lideresas de la comunidad, así como la detención de miembros de la organización, denunció el Copinh.
A partir de estos hechos, que fueron denunciados en su momento por Berta Cáceres, la UFECIC-MACCIH construyó el caso Fraude Sobre el Gualcarque, que involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a DESA y por el que actualmente está pendiente la sentencia contra seis exfuncionarios.
