Tegucigalpa.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), reclamó la ausencia de un fallo a más de dos meses que inició el juicio oral y público en el caso conocido como Fraude sobre el Gualcarque.
La organización manifestó a través de un comunicado publicado a finales de septiembre, su preocupación por qué “la justicia hondureña le sigue dando largas a la resolución” del caso que involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco.
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“Aún no hay un fallo condenatorio en el juicio por la falta de resolución de un recurso de amparo por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Un amparo que fue interpuesto para la admisión de un medio de prueba en favor de la comunidad lenca de Río Blanco. El recurso de amparo fue declarado con lugar por la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción en fecha 15 de agosto de 2022”, comunicó el Copinh.
El Copinh manifestó que la continua espera para la reanudación del juicio “vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia de la comunidad Lenca y del Copinh”. Agregó, que esto “es motivo de preocupación” puesto que retrasa “un fallo que repare a las víctimas afectadas por los actos de corrupción, persecución y violencia que permitieron el funcionamiento del proyecto Agua Zarca para beneficio de la familia Atala Zablah”.
FRAUDE SOBRE EL GUALCARQUE, GÉNESIS DE NUEVA OLA DE VIOLENCIA
El fraude e imposición del proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque fue el principio de una cadena de eventos violentos contra el pueblo Lenca de Intibucá, que incluyen el asesinato de la lideresa Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, entre otros hechos, incluido el asesinato de Tomás García a manos de fuerzas militares el 15 de julio de 2013.
El caso involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco en Intibucá, a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
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Los imputados por los delitos de uso de documentos públicos falsos, fraude, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones, son: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Arqueta, Roberto Aníbal Lozano, José Mario Carbajal, Luis Eduardo Espinoza y Raúl Pineda.
Roberto David Castillo Mejía ya fue sentenciado a 22 años y seis meses por su coautoría en el asesinato de la entonces coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Isabel Cáceres Flores.
El requerimiento fiscal, presentado por la fenecida UFECIC-MACCIH en marzo de 2019, a partir de las denuncias de Berta Cáceres, involucró inicialmente a 16 funcionarios, diez de los cuales fueron beneficiados por un amparo.
ALTIBAJOS EN EL JUICIO FRAUDE SOBRE EL GUALCARQUE
Después de varios aplazamientos, el juicio inició el 25 de julio y se extendió hasta el 22 de agosto con una serie de sucesos, entre los que se incluyeron las inconsistencias en el testimonio del banquero y empresario Jacobo Nicolás Atala Zablah, y que a criterio del equipo legal de la Causa Berta Cáceres corresponden a una voluntad de impunidad.
En la etapa de conclusiones del juicio, el Poder Judicial irrespetó el principio de publicidad y transparencia al no transmitir la audiencia celebrada en el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
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No obstante, el Copinh, pese al velo de opacidad, resumió parte de las conclusiones realizadas por la acusación privada. Algunas de estas incluyen: la exposición de la “red de corrupción que actuó maliciosamente en favor de DESA” causando al Estado de Honduras perjuicio económico y el peritaje presentado por el Ministerio Público que demostró que el Proyecto Hidroeléctrico de Agua Zarca no era viable, entre otros.
Por su parte, el bufete Estudios para la Dignidad y el equipo del Movimiento Amplio por la Justicia y la Dignidad (MADJ) señalaron, mediante un comunicado, que las pruebas en este juicio demostraron que la “subyugación de la institucionalidad del Estado por parte de grupos empresariales, financieros y funcionarios corruptos no solo se realizó para este caso, sino que fue práctica estandarizada para muchos otros proyectos de generación de energía”.
