Compras directas y licitaciones, ponen en duda transparencia electoral

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – Nuevamente la desconfianza asoma después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró desierta la licitación para contratar a la empresa que transmitirá los resultados de las elecciones primarias del domingo 14 de marzo, a las que acuden las principales fuerzas políticas del país, los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación, LIBRE.

Circunstancia que ante la premura del calendario electoral y las necesidades que demande el ejercicio político, abre las puertas para que el CNE realice las compras y contrataciones directas al amparo de un decreto aprobado en noviembre por el Congreso Nacional de la República.

Con esto el órgano electoral hará uso de las mismas vías que permitieron la marcha para los descomunales actos de corrupción en la era de la pandemia y de desastres climáticos certificados en los nefastos decretos PCM, que arbitrariamente se despachan el jefe del régimen, Juan Hernández Alvarado, sus ministros y las empresas a las que favorecen.

El organismo electoral dispone de mil 140 millones de lempiras para hacer compras y adquisiciones directas en plena pandemia del covid-19, y con el detalle de que los contratos arriba de tres millones de lempiras, que antes debían ser ratificados por el Congreso Nacional, ya no será necesario.

Con el consenso de liberales, nacionalistas y Libres se aprobó el dictamen de la Ley de Emergencia para la Administración y Ejecución del Presupuesto Especial para las Elecciones Primarias 2021, un círculo virtual restringido al ámbito monetario mientras  el atasco persistente de la ley electoral y la normativa de Justicia Electoral no caben en la agenda de Mauricio Oliva, no la que manejaría un poder legislativo de estadistas, lo que aporta mayor incertidumbre al ya cargado ambiente político del país.

A un mes y medio de las primarias la falta de la empresa responsable de la Transmisión de Resultados Electorales (TREP) y de la nueva ley electoral  liberó un debate ríspido e insulso, pero entretenido, ante el perdón del Congreso Nacional al juicio político y a la inmensa presión sobre Juan Hernández para quedarse en el poder frente a las acciones de la fiscalía de Nueva York y su posible extradición en la que insisten medios internacionales, son parte de las sales políticas que tiñen el proceso electoral.

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Una oleada de señalamientos generalizados, que de forma injusta soslayan la cuota de responsabilidad que corresponde a cada uno de los actores en esta puesta en escena de la clase política del país.

Panorama preocupante que agrega incertidumbre al proceso electoral cuando Honduras apenas sobrevive a la crisis sanitaria, económica, social que marcan el día a día con el sello de la pandemia, dos desastres naturales junto a los problemas estructurales del país.

Al inicio del proceso de licitación para el TREP 10 empresas mostraron interés, al final quedaron dos las que tampoco calificaron por no cumplir requisitos mínimos, como las garantías que tenían que presentar ante el organismo electoral.

Contrataciones directas que desatan riesgos y sospechas de que los resultados se conozcan a medida que avance el escrutinio y no con la rapidez que requiere el sistema político y la tranquilidad del país.

De acuerdo con el dictamen se creará una instancia de auditoría social concurrente y veeduría internacional como mecanismo de transparencia en la ejecución del presupuesto electoral, que deberá ser aprobada por unanimidad por el CNE y sin perjuicio de las revisiones concurrentes in situ que podrá hacer el Tribunal Superior de Cuentas.

Asimismo, en esa sesión virtual la cámara legislativa admitió con dispensa de debates el decreto para que la Secretaría de Finanzas destine hasta 1,760 millones de lempiras al CNE para los comicios primarios y generales de este año.

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De este monto el organismo de elecciones destinará 344 millones de lempiras para lo que resta del actual ejercicio fiscal, mientras tanto 1,416 millones de lempiras están siendo ejecutados en el desarrollo de las elecciones del bicentenario, el año de las secuelas de Iota, Eta, el Covid-19 y el viable cierre de un ciclo de tres gobiernos del Partido Nacional, los peores en indicadores de vida para el país.

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