La estrategia del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) no sería sólo imponer las autoridades del Ministerio Público, sino que también, aprovechando la vigencia que tiene la Comisión Permanente, nombrar titulares en otras instituciones del Estado que ya se les venció o está por terminar
Foto portada: Congreso Nacional
Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Permanente, nombrada e instalada por Luis Redondo, titular del Congreso Nacional, el 31 de octubre, sería la estrategia que utilizaría el oficialismo para seguir nombrando autoridades interinas en otras instituciones del Estado, como pasó con el Ministerio Público (MP).
“Hay una alta probabilidad que la Comisión Permanente escoja nuevas autoridades en instituciones que ya se les venció o, en los próximos días, se les venza el periodo por el que fueron electos”, dijo el analista político Luis León en pláticas con Criterio.hn.
León aseguró que, según el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución de la República, la Comisión Permanente, aunque fue nombrada de manera irregular, está facultada para escoger autoridades interinas en instituciones, pero sólo las que el periodo ya haya vencido antes del 24 de enero del próximo año.
“La Comisión Permanente, que sólo está integrada por nueve diputados, sólo puede nombrar autoridades interinas en este tiempo (uno de noviembre, hasta el 24 de enero, periodo de vacaciones de los diputados) porque legalmente tiene vigencia hasta que se abra la tercera legislatura”, mencionó el abogado.
La falta de consensos entre las bancadas del Congreso Nacional, no sólo empantanó el proceso de elección del MP, sino que también el de los magistrados del Tribunales Superior de Cuentas (TSC) y los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos.
Por ejemplo, la segunda jugada del oficialismo para nombrar autoridades interinas sería después del 7 de diciembre de este año, que vence el período de los actuales magistrados del TSC y, bajo el argumento de inconstitucionalidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, concretarían la estrategia, como pasó recientemente en el MP.
El artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los funcionarios que elige el Congreso Nacional, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones hasta que se realice el proceso de elección de segundo grado.
“La Comisión Permanente va a hacer esas elecciones para nombrar autoridades interinas en esas instituciones, pero el problema radical no sería ese, sino que estas autoridades se mantendrán hasta que los diputados logren consensos para llevar a cabo los respectivos procesos de elección”, opinó.
En tanto, el jefe de la bancada el Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien fue salpicado por corrupción en el caso Fe de Erratas, presentado por la MACCIH, denunció que las intenciones del oficialismo no sólo es nombrar autoridades interinas, sino que también pretenden integrar una junta de comandantes de las Fuerzas Armadas (FF. AA) con el apoyo de la Comisión Permanente.
“No sólo quieren nombrar autoridades en las instituciones, sino que también, el gobierno pretende nombrar una junta de comandantes con el visto bueno de la Comisión Permanente y con eso terminar de configurar la dictadura socialista”, denunció en medios de comunicación el diputado opositor.
Sin embargo, el congresista nacionalista, uno de los más grandes aleados que tuvo el expresidente Juan Orlando Hernández (privado de libertad en Estados Unidos) no explicó cuál es el argumento de su denuncia. Criterio.hn se intentó contactar con él, pero hasta la publicación de este artículo no respondió.
Aunque, según opiniones de analistas, las posturas de los nacionalistas no obedecen a la poca probabilidad que en Honduras se instale un gobierno de izquierda, sino que es por el temor que los casos de corrupción archivados en la fiscalía salgan a la luz pública y, en consecuencia, estos sean procesados.
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COMISIÓN PERMANENTE NO SE HABÍA NOMBRADO EN HONDURAS
El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), José María Díaz, planteó que el conflicto está tan arraigado en la institucionalidad que, en busca de estrategias y salidas que terminan favoreciendo a una línea política, la Junta Directiva del Congreso terminó nombrando por primera en la historia a una Comisión Permanente.
“Desde que se aprobó la Constitución de la República nunca se había activado la Comisión Permanente, ahora por intereses, es que los respetuosos de la Constitución comienzan a hablar de esa comisión para elegir autoridades”, opinó Díaz.
“Yo reconozco que sí hay una Comisión Permanente instalada, pero no está autorizada para elegir a un fiscal general interino, aunque así lo interpreten, esto me parece motivo de un régimen novedoso. La crisis de los diputados generó una situación de incertidumbre y no veo una salida pronta con estas medidas”, agregó.
Menos de 24 horas después que Redondo nombrara la Comisión Permanente, integrada por nueve diputados oficialistas, esta se reunió para nombrar como nuevas autoridades del MP al abogado Johel Zelaya (fiscal general) y Mario Morazán (fiscal adjunto) bajo la promesa que será un interinato que terminan cuando escojan a los titulares en propiedad, con los votos de la mayoría calificada de diputados (86).
Una de las primeras ilegalidades en la que incurrió esta Comisión Permanente fue ir en contra de lo que manda el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, mismo que establece que la primera reunión debe ser dentro de los tres días
Ante las irregularidades que rodean a la Comisión Permanente, nombrada y encabezada por el diputado Redondo, el Frente Democrático para la Defensa de la Constitución, interpuso ante la Sala de lo Constitución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, ante las actuaciones de dicho grupo conformado por nueve diputados.
Este Frente Democrático para la Defensa de la Constitución pide a la Corte que preside la abogada Rebeca Obando, solicitó que el recurso de amparo sea admitido con suspensión de acto reclamado, en pocas palabras, que se deje sin lugar y efecto el nombramiento interino de los abogados al mando del Ministerio Público.
