Tegucigalpa.- La Coalición Contra la Impunidad presentó su propuesta de candidatos para ser electos como representantes de sociedad civil en la Junta Nominadora que deberá evaluar y seleccionar al menos 45 candidatos y candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes aseguran denunciarán cualquier pretensión de imposición por parte de grupos de poder.
En asamblea general, la Coalición que aglutina más de 50 organizaciones de sociedad civil decidió postular a la abogada Martha Elizabeth Dubón Acosta y al sociólogo y trabajador social, Tomás Andino Mencía, como propietaria y suplente respectivamente para representar a sociedad civil en la Junta Nominadora.
La Constitución de Honduras, en su artículo 311, establece el procedimiento para la elección de los magistrados, siendo un representantes de la Corte Suprema de Justicia, al igual que un representante del Colegio de Abogados, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), un representante del claustro de profesores de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de la Confederación de Trabajadores y un representante de organizaciones de sociedad civil que integrarán la Junta Nominadora.
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Esta Junta Nominadora deberá evaluar, bajo una matriz especial, a los candidatos y candidatas que aspiren a ser magistrados y magistradas de la Corte Suprema eligiendo una nómina de postulantes no menor a 45 candidatos, de los cuales, serán electos por el voto de al menos 86 diputados los 15 magistrados que conforman ese poder del Estado.
“Valoramos que la Coalición haya depositado en mi persona el nombrarme como propietaria como representante de sociedad civil ante la Junta Nominadora, el interés de fondo es que realmente se pueda hacer un trabajo transparente y poder estar vigilantes que el proceso se realice de la mejor manera posible y que se puedan escoger los candidatos y candidatas a magistrados con el perfil ideal para poder garantizar impartir justicia en el país”, expresó Dubón a Criterio.hn.
La abogada asegura que la respalda más de 20 años de experiencia en organismos de sociedad civil defensoras de derechos humanos, trabajos con población LGTBIQ+, labores con temas de derechos de mujeres.
“Tengo una trayectoria que me respalda y sobre todo la transparencia, la honorabilidad con la cual me he desempeñado en mis cargos. Nadie me va a poder señalar que he hecho acciones fraudulentas en mis trabajos y en las acciones que he hecho”, aseveró.
Añadió que su labor será “vigilar y ser transparentes en este proceso y no quedarnos callados si vemos un acto inadecuado que entorpezca un proceso que puede marcar la diferencia y la historia de este país”.
Dubón promete que, en caso de ser electa como miembro de la Junta Nominadora, cerrará el ciclo que se elijan a personas bajo compadrazgos o intereses que se juegan de fondo.
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De igual manera, Tomás Andino, en entrevista a Criterio.hn, indicó que la postulación va más allá de algo personal sino un mandato con la finalidad de evitar maniobras del pasado que caracterizan el proceso de selección de los candidatos y candidatas a magistradas.
“Lo que pretendemos es procedimientos los más transparentes al público para que las maniobras que puedan implementar sean evidentes y determinar si la elección ha sido correcta o no… este tipo de batallas se ganan con base a la presión pública, convocar al pueblo hondureño para que presione desde diferentes trincheras para que el proceso no sea al gusto de grupos de poder”, señaló.
Certifica que ambos postulantes “están involucrados en el proceso porque conocemos la historia de nuestro país, la historia de las Juntas Nominadoras”, al tiempo que reconoce “hay grupos de intereses que se pueden mover y seguramente se están moviendo para imponer a los suyos”, por lo tanto, garantiza que vigilarán el proceso desde adentro para que cualquier sospecha con pretensiones mezquinas sean denunciadas.
Cabe indicar que las organizaciones de sociedad civil deben pasar por varios filtros en Secretaría de Transparencia y Lucha Contra y la Secretaría de Gobernación y Justicia quienes deberán certificar que los entes tengan experiencia y recorrido en temas de corrupción, justicia y defensa de derechos humanos.
Las organizaciones que logren superar el primer filtro deberán proponer a sus candidatos y candidatas a representarlos en la Junta Nominadora que también serán evaluados por las secretarias antes referidas y finalmente, el próximo 17 de agosto en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se realizará una elección del propietario y su respectivo suplente entre las organizaciones que cumplieron los requisitos estipulados en ley.
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BREVE PERFIL DE LOS POSTULADOS POR LA COALICIÓN
Martha Elizabeth Dubón, es originaria de la ciudad de El Progreso, Yoro. Graduada de abogada y con una maestría en derecho procesal penal en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Inició su trayectoria como promotora social en la Fundación Salvadoreña para la vivienda Mínima (FUNDASAL).
También, fue promotora legal en el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) que dirige el reconocido sacerdote jesuita Ismael Moreno. Trabajó como coordinadora de fortalecimiento organizativo en la Red de Comercialización Alternativo (Red Comal), laboró durante 8 años como responsable de promoción social en la Fundación Fe y Alegría, posteriormente paso a ser especialista en emprendedurismo y grupos de auto ahorro y préstamo.
Fungió como catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica de Honduras, y desde el 2019, comenzó su trabajo en la Asociación de Jueces por la Democracia-AJD, donde actualmente se desempeña el cargo de subcoordinadora de proyectos, además es coordinadora de la secretaría técnica de la Coalición.
Tomas Andino, originario de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Egresado como licenciado en trabajo social y licenciatura en sociología. Tiene un diplomado en derecho constitucional. Fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Trabajadores Sociales de Honduras, durante el periodo 1999-2000, fue diputado suplente al Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán del 2006-2009.
Asimismo, consejero de estudiantes en la Escuela De Agricultura “John F. Kennedy”, también laboró como trabajador social en la Junta Nacional de Bienestar Social y en la Fundación de Rehabilitación e Integración del Limitado.
Fue promotor productivo de grupos campesinos en el Proyecto Marcala Goascorán (Margoas), también se desempeñó como educador de calle y trabajador social en el proyecto “Alternativas y Oportunidades”, donde desempeñó el cargo coordinador regional de programa para la agencia: Save The Children – Reino Unido, Oficina para El Caribe Y Centroamérica. Fungió como coordinador del proyecto construcción de políticas públicas para niñez y juventud para la red COIPRODEN. Es consultor independiente y actualmente trabaja como coordinador de gestión del conocimiento con el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE).
Un comentario
¡Que ironia!
Se da tantas veces como “sobreentendido” o “algo incuestionable”, que un juez es o deberia ser una persona honesta, imparcial, amante de la verdad y la justicia, de la equidad. Pronto, despertamos del sueño de lo que deberia ser y nos encontramos en la realidad de lo que no deberia ser!.
Asi la corte suprema, son jueces!.
Cómo saber cual es el mas adecuado!.
Me lo ponen dificil!. Quizas un pequeño SCAN CEREBRAL!!!