Centros educativos impartirán clases de educación vial ante el aumento de accidentes de tránsito

Para que en las escuelas de educación media gubernamental y no gubernamental se impartan clases de preparación vial que, en pocas palabras, oriente al estudiante la prevención de accidentes de tránsito, la Secretaría de Educación dirigida por Daniel Sponda, deberá diseñar un plan de estudio de la mano de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Tegucigalpa, Honduras. Por el alto índice de accidentes de tránsito registrados en 2023 y en el primer trimestre de 2024, y debido a que la mayoría de esos incidentes viales son causados por la irresponsabilidad de los conductores, la mayoría de los cuales son jóvenes que no cuentan con la documentación legal necesaria para circular, se ha decidido que los centros educativos públicos y privados de todo el país deberán impartir clases de educación vial.

Lo anterior forma parte de un proyecto de ley que fue conocido y dictaminado por la Comisión de Educación, integrada por varios diputados. Estos entregaron el dictamen con las reformas propuestas a la Junta Directiva del Congreso Nacional, presidida por el congresista Luis Redondo, para su respectiva aprobación.

Las autoridades de Educación deberán iniciar el trabajo en el proyecto educativo una vez que los tres artículos aprobados en el Congreso Nacional la noche del martes 16 de abril, sean conocidos por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y posteriormente publicados en el diario oficial La Gaceta

 En resumen, tres artículos, aprobados en tres debates respectivos, establecen que la Secretaría de Educación, liderada por el secretario Daniel Sponda, deberá proceder a ejecutar una estrategia para comenzar a implementar progresivamente la educación vial en todos los centros de educación media, tanto gubernamentales como no gubernamentales, del país.

Daniel Esponda, titular de la Secretaría de Educación (Fotografía: Horacio Lorca/ Criterio.hn)

Además, entre los contenidos educativos, se debe priorizar temas relacionados con las normas de tránsito en todas sus modalidades de transporte, el significado de la señalización en las carreteras y la conducta que se debe tener al manejar un vehículo en la vía pública, con el objetivo de concienciar sobre las consecuencias de cometer una irresponsabilidad al volante.

“La Secretaría de Educación será responsable de elaborar el plan educativo vial, en consulta con los expertos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Además, la Secretaría deberá reglamentar estos decretos, asegurando una distribución idónea de los contenidos antes mencionados”, establece parte del dictamen leído por la diputada Linda Donaire, prosecretaria del Congreso Nacional.

Las reformas aprobadas por el pleno de diputados entrarán en vigencia después de que el Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Xiomara Castro, las conozca y posteriormente las mande a sancionar al diario oficial La Gaceta.

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ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR IRRESPONSABILIDAD: ARGUMENTOS DE LOS DIPUTADOS

El elevado índice de accidentes de tránsito reportados durante el año 2023 y en el primer trimestre del 2024 ha llevado a los diputados a solicitar la implementación de clases de orientación vial en los centros educativos. Esta petición surge debido a que la mayoría de los siniestros involucran a jóvenes de entre 18 y 30 años.

«En este contexto, resulta crucial abordar la formación en educación vial desde las primeras etapas del proceso educativo, estableciéndola como una prioridad durante todo el trayecto formativo. Es por ello que los diputados proponen la necesidad de introducir la educación vial en el nivel de educación media, abarcando todos los centros educativos a nivel nacional», indica parte del dictamen presentado por los legisladores.

Aunque las decisiones y propuestas de los diputados, en pocas ocasiones van dirigidas a la protección de la sociedad, ya que, a pesar de que fueron electos para servir al pueblo, sus decisiones están inclinadas hacia una élite, estas reformas están en sintonía con la realidad. Sólo en 2023, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), murieron 1,820 personas en accidentes de tránsito, posicionando a los siniestros como la segunda causa de muerte violenta en Honduras.

 Durante el primer trimestre del 2024, se han registrado más de 500 fallecidos debido a accidentes de tránsito, principalmente jóvenes motociclistas y conductores de automóviles que manejan bajo los efectos del alcohol y drogas. Este dato confirma la preocupante tendencia. Además, la mayoría de estos siniestros ocurren los días viernes, sábados y domingos, fechas en las que parte de la población consume bebidas embriagantes y drogas, según registros de las autoridades.

«Estas cifras alarmantes no solo instan a las autoridades a establecer medidas más rigurosas, sino que también deben generar conciencia entre la población sobre la conducción irresponsable, la cual pone en riesgo tanto su vida como la de otras personas», expresó Darwin Hernández, jefe del departamento de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la DNVT, en declaraciones a Criterio.hn.

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CONGRESO A LA ESPERA DE PROYECTO DE LEY PARA REFORMAR

La institución armada todavía no ha entregado el proyecto de reforma a la Ley de Tránsito, pese a que algunos diputados han mencionado estar a la esperar de recibirlo para conocerlo y, de ser necesario, sugerir modificaciones (Fotografía: Horacio Lorca/ Criterio.hn)

Desde mediados del 2023, el Congreso Nacional ha estado a la espera del proyecto de reforma a la Ley de Tránsito, el cual está siendo elaborado por las autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Este proyecto busca establecer sanciones más severas para aquellos conductores que manejen de manera temeraria, poniendo en riesgo la vida de otras personas.

Sin embargo, un grupo de empresarios de transporte urbano también están pidiendo reformas a la misma ley, pero para eliminar algunos requisitos que, de acuerdo con sus posturas, son obstáculos para la libre circulación de algunos conductores de unidades de transporte urbano e interurbano.

En pocas palabras, la solicitud de los empresarios consistió en eliminar el inciso dos del artículo 48 de la Ley de Tránsito, el cual establece como requisito para la emisión de licencias pesadas haber cursado la educación básica. Además, propusieron reformar algunos numerales del artículo 89 de la misma normativa, donde se detallan las infracciones consideradas como ‘graves’.

Por otro lado, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tiene la responsabilidad de designar una comisión de diputados, la cual conocerá, valorará y discutirá con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte nuevas medidas que podrían implementarse para mitigar el elevado índice de accidentes de tránsito en el país.

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