Datos obtenidos por Criterio.hn del Ministerio Público reflejan que un importante número de empleados del transporte en la capital tienen comportamientos violentos
La inacción de las instituciones del Estado y, a veces, el complot de algunos funcionarios con los grupos criminales, contribuye a la violencia e impunidad en el transporte
Autores: Luis Escalante y Daniel Girón
Edición: Emy Padilla
Portada y diseño: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. – Los casi dos millones de personas que viven en la capital hondureña, conformada por las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, se enfrentan a diario a la violencia que se registra en los buses y taxis que transportan colectivamente a los ciudadanos por las diversas rutas de esta caótica ciudad que carece de una eficiente red vial.
La violencia tiene muchas orígenes y arrastra a los empleados del transporte, de quienes existen registros que los incrimina en consumo de drogas y alcohol, mientras ejercen sus labores y denuncias en su contra en sus relaciones de pareja, siendo esto un patrón que nos indica que muchas unidades están siendo conducidas por personas violentas.
Expedientes de la Fiscalía a los que tuvo acceso Criterio.hn refieren que, entre 2019 y 2023, 504 taxistas y 41 empleados de autobuses fueron denunciados en la capital por delitos relacionados con violencia doméstica, intrafamiliar o incumplimiento de deberes familiares.
Del total de las denuncias contra taxistas, 240 fueron por violencia doméstica psicológica, 86 por violencia doméstica física, 68 por violencia doméstica patrimonial, 63 por maltrato familiar, 27 por violencia intrafamiliar y 20 por incumplimiento del deber de asistencia y sustento.
Mientras, que de las 41 denuncias contra empleados de autobuses, 15 son por violencia doméstica psicológica, nueve por violencia doméstica física, siete por maltrato familiar, seis por violencia doméstica patrimonial, uno por violencia intrafamiliar, uno por maltrato por transgresión, uno por negación de asistencia familiar y uno por omisión del deber de socorro.
Augusto Aguilar, expresidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, analiza que la conducta temeraria de los conductores del transporte urbano en la capital es una consecuencia del entorno en el que crecieron, sumado a la falta de oportunidades que, en el mejor de los casos, es premiada con una licencia de conducir pesada, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
Paradójicamente, pese a que entre 2019 y 2023, 545 empleados del transporte, entre taxistas y ayuntes de autobús, fueron denunciados por sus conductas violentas ante el Ministerio Público, durante este periodo, la institución en mención sólo presentó un requerimiento fiscal por violación y tres por violación especial contra empleados del transporte urbano de la capital hondureña.
Asimismo, se contabilizaron 17 denuncias por otras formas de agresiones sexuales cometidas por trabajadores del sector, sin embargo, sólo se presentaron seis requerimientos fiscales por este tipo de delito. Estos datos ponen de manifiesto una preocupante impunidad en casos de delitos sexuales perpetrados por empleados del transporte urbano en la ciudad capital.
De acuerdo con el expresidente del Colegio de Psicólogos, la conducta temeraria expresada por muchos trabajadores del transporte es el ingrediente principal que provoca los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados los conductores, y que terminan con la pérdida de vida de los usuarios.
“Primero está su estilo de vida, entornos violentos; eso se refleja en su trabajo. Muestra de ello es la música; en las unidades escuchan canciones con letras violentas que hablan de asesinatos y drogas. Eso, en consecuencia, los hace sentir poderosos, como que ellos mandan, porque conducen unidades grandes que los hacen sentir seguros”, valoró el psicólogo.
La opinión del expresidente del Colegio de Psicólogos fue respaldada por el jefe de la Sección de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Darwin Hernández, quien precisó, además, que estas conductas se reflejan en las infracciones aplicadas.
El funcionario detalló que, las principales infracciones son aplicadas por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, también por manejar sin licencia o con licencia vencida y, en el peor de los casos, porque la unidad es conducida por un menor de edad.
Según las autoridades policiales, los conductores de autobús urbano son los segundos promotores de accidentes de tránsito; los primeros son los motociclistas (Foto: Horacio Lorca / Criterio.hn)
Pese a los argumentos presentados por las autoridades policiales, que describen la conducta de los transportistas, el cuatro de marzo pasado, la cúpula de empresarios del transporte se reunió con la Comisión de Transporte del Congreso Nacional, para proponer reformas a la Ley de Tránsito, buscando eliminar requisitos para obtener licencias y disminuir la rigurosidad en las sanciones.
En concreto, la solicitud de los empresarios fue eliminar el inciso dos del artículo 48 de la Ley de Tránsito que establece el requisito para la emisión de la licencia pesada haber cursado la educación básica. Asimismo, propusieron reformar algunos numerales del artículo 89 de la misma normativa, donde se detallan las infracciones consideradas como «graves».
El diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, respaldó la propuesta de los empresarios. Se comprometió a presentar estas reformas al pleno de diputados en las sesiones que se llevarán a cabo la primera semana de abril de 2024, después de Semana Santa.
Fuentes justificó su apoyo argumentando que, además del problema de la extorsión y la criminalidad, los transportistas están sufriendo constantemente las multas, las que, en muchos casos, se traducen en pagos de coimas a los agentes de tránsito.
Ausencia de controles origina accidentes
Además de la violencia, los capitalinos se enfrentan a accidentes por la imprudencia de algunos los motoristas, quienes ante la falta de controles por parte de las instituciones del Estado operan con irresponsabilidad.
Una acalorada tarde del 31 de julio de 2023, se registró la muerte del conductor de un “rapidito” con número de registro 978. La unidad cubría la ruta Carrizal – UNAH – La Sosa. El suceso ocurrió luego de que el vehículo, con pasajeros a bordo, cayera desde el puente a desnivel ubicado en el bulevar Suyapa, en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la capital.
La única víctima mortal que se registró en el accidente fue el conductor: Edwin Antonio Amador de 26 años, quien, en un desmedido abuso de confianza e irresponsabilidad, entregó el timón al ayudante del bus: Darwin Cerna Vázquez de 35 años, que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
“El daño de él [Amador] fue haberle prestado el bus al otro conductor. Ese fue el error más grande de mi muchachito”, relató entre lágrimas la abuela materna de Amador, mientras su nieto era sepultado en un polvoriento cementerio capitalino.
Amador, según los testimonios de los familiares, comenzó a pilotear unidades de autobús urbanos cuando tenía 17 años, cuando no cumplía con ningún requisito que exige la normativa para manipular las unidades de transporte urbano.
De acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), para poder manejar una unidad de transporte urbano se deben cumplir con requisitos como: poseer una licencia liviana por cinco años, para después optar a una pesada.
Entre los requisitos que destacan, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Tránsito, está tener 25 años, haber cursado mínimo hasta sexto grado, (ahora nueve años de estudio, según la Ley Fundamental de Educación) haber aprobado un curso para conductores de transporte y no contar con antecedentes policiales ni penales.
Aunque la normativa establece varios criterios, el empresario de transporte urbano, Marvin Galo, sin reservas, reveló, en una conferencia de prensa transmitida desde el Congreso Nacional, que la mayoría de los conductores están operando de manera ilegal debido a que no cumplen con las exigencias legales.
«Estamos buscando la oportunidad de regularizar a numerosos conductores que actualmente operan ilegalmente debido a que, en ocasiones, los requisitos establecidos en la ley son inalcanzables», confesó el empresario del transporte.
En el caso de Amador y Darwin Cerna, quien está enfrentando un proceso legal por homicidio culposo, pone en manifiesto la poca efectividad que tienen las instituciones encargadas de regular el transporte urbano.
De hecho, meses después de este accidente, precisamente en agosto de 2023, las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) comenzaron a aplicar pruebas toxicológicas a los transportistas capitalinos para, supuestamente, empezar el proyecto de modernización y depuración del rubro.
Entre agosto de 2023 y los primeros meses de 2024, de acuerdo con información proporcionada por el IHTT, se han aplicado un poco más de mil pruebas toxicológicas, a un rubro que tiene una masa laboral que rebasa más de 15,000 trabajadores, en todas las modalidades de transporte urbano en la capital.
Según los resultados, los conductores del transporte urbano en modalidad de autobús, a quienes se les debía hacer esa prueba toxicológica para entregarles el certificado de piloto, como manda la normativa, son frecuentes consumidores de cocaína, marihuana y crack.
Criterio.hn consultó a un oficial de policía si al momento de frenar una unidad de transporte urbano en un operativo, piden el certificado de piloto al conductor y, entre titubeos, reconoció que no estaba al tanto de que ese documento reglamentario tenía que ser solicitado. “No sabía que teníamos que pedirlo”, justificó, mientras estaba haciendo una revisión al vehículo del periodista en un patrullaje de rutina en el bulevar Fuerzas Armadas de la capital.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) y médico, Carlos Umaña, afirmó que están a la espera de una propuesta de reforma a la Ley de Tránsito que está siendo elaborada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, a la que también le agregarían algunas iniciativas propuestas por los mismos congresistas.
Umaña destaca la necesidad de establecer requisitos técnicos basados en la madurez de los conductores, especialmente para licencias pesadas, abogando por criterios más rigurosos en edad y experiencia. Propone que aquellos responsables de accidentes de tránsito, especialmente aquellos que resultan en la pérdida de vidas, enfrenten penas más severas, pasando de un delito culposo a un delito mayor, con inhabilitación de por vida.
Además, Umaña señala la urgencia de implementar exámenes de dopaje mensuales para conductores de transporte urbano, destacando la frecuente conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas.
El diputado cuestionó la propuesta de reforma que hicieron los empresarios del transporte al Congreso, argumentando que su enfoque se centra en la economía, descuidando la seguridad y bienestar de las víctimas de los transportistas que conducen de manera temeraria.
Umaña también señaló el impacto económico en la salud, revelando que el Estado enfrenta costos significativos para atender a los accidentados.
Como ejemplo, citó que, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ingresan mensualmente entre 150 a 200 personas por accidentes de tránsito, lo que implica un gasto promedio de 50,000 lempiras por paciente y alrededor de un millón de lempiras por aquellos que requieren cuidados intensivos.
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Violencia hacia los usuarios, la consecuencia
Transcurría el viernes 14 de diciembre de 2012, cuando, aproximadamente a las seis de la tarde, Alejandro, quien venía de sus clases de teatro, abordó un taxi colectivo en inmediaciones del centro comercial Plaza Miraflores. El taxi avanzó un poco de forma normal y, en el desvío de la Universidad Pedagógica hacia el Bulevar Fuerzas Armadas, ocurrió lo temido.
«Ya desviáte», gritó una de las tres personas que abordaron el taxi colectivo junto a él. Según recordó Alejandro, era una mujer que se sentó en el asiento delantero, y dos hombres. «Los dos me asaltaron. Eran muchachos de barrio (apariencia de pandilleros); no quisiera ser despectivo, pero los patrones rara vez fallan».
Los asaltantes le exigieron a Alejandro que bajara la mirada, amenazando con golpearlo o matarlo. «Me sacaron todo de la bolsa; andaba tal vez con unos 200 lempiras», recordó.
El taxista siguió conduciendo de manera normal, y Alejandro no sabía hacia dónde lo llevaban, hasta que el taxi, un Toyota Corolla ochentero, se detuvo.
«Me dejaron a orillas de la calle, adelante del Instituto Central “Vicente Cáceres”, sin dinero ni cómo comunicarme con mi familia. Cuando me bajaron, igual me dijeron que no volteara a ver hacia atrás. Estoy seguro de que el taxista era parte del complot», agregó Alejandro.
Al igual que Alejandro, para la mayoría de los capitalinos usuarios del transporte urbano, abordar una unidad, ya sea autobús o taxi, representa un peligro. Exponerse a asaltos armados.
Entre 2019 y 2023, en el Distrito Central se registraron 656 denuncias por parte de usuarios víctimas de delitos relacionados con robo, homicidio, delitos sexuales y violencia física.
De este número de denuncias, 561 están relacionadas con robo, robo con violencia, robo agravado, robo con fuerza y robo de celular. De ellas, 327 se generaron en taxis, 155 en autobuses y 71 en taxis privados. Otros dos incidentes ocurrieron en puntos de autobuses y seis en puntos de taxi.
El análisis de datos arrojó que se generaron 340 denuncias por delitos de robo en contra de mujeres y 221 en contra de hombres. Esto significa que se generaron un 53.84 % más de robos contra mujeres.
Del total de las 656 denuncias, 63 corresponden a violencia doméstica, maltrato familiar, maltrato, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, y 32 por violación, tentativa de violación, violación especial, violación agravada, actos de lujuria y otras agresiones sexuales, y nueve por tentativa de homicidio y una por tentativa de asesinato.
Además, en los últimos cinco años, murieron 10 usuarios a bordo de unidades de transporte urbano del Distrito Central. De ellos, seis murieron en una tentativa de robo, mientras que el resto de los crímenes fueron atribuidos a rivalidad entre barras deportivas, enemistados personales y circunstancias de atentado. Las víctimas eran estudiantes, comerciantes, amas de casa, labradores, albañiles, agricultores y guardias de seguridad.
Alejandro recuerda muy bien ese 14 de diciembre y dice que durante todo el trayecto en que estuvo sometido por sus agresores imaginó que las cosas podrían terminar mal, que podría sumarse a una estadística.
― ¿Pensó que iba a morir?
―Sí, todo el tiempo.
La violencia en las unidades del transporte en la capital ha generado un crecimiento abismal en el parque vehicular. Según información compartida por el Instituto de la Propiedad (IP) a este medio de comunicación, hasta 2023, el Distrito Central contaba con 738,078 automotores.
El Distrito Central, compuesto por Tegucigalpa y Comayagüela, según información proporcionada por el Registro Nacional de las Personas (RNP), cuenta con una población de 1, 493, 302 personas. Esto indica que por cada dos habitantes hay un vehículo.
En contraposición, la infraestructura vial del Distrito Central, según la propia Alcaldía Municipal, está diseñada para un aproximado de 250,000 vehículos.
Alejandro contó a Criterio.hn que ante el miedo a ser asaltado o, en el peor de los casos, perder la vida, optó por comprar un vehículo importado de segunda mano.
Durante las últimas décadas, la importación de vehículos que han sido dados de baja por empresas aseguradoras en Estados Unidos, han sido importados al país y reparados, presentándose como una alternativa a la adquisición de vehículos nuevos, cuyas primas y cuotas, en muchos casos, son impagables para cierto sector de la población.
Aunque años atrás la legislación únicamente permitía el ingreso de vehículos con una antigüedad que no superara los 10 años, el 4 de abril de 2022, el Congreso Nacional aprobó el decreto 15-2022, que permite la importación, nacionalización y registro de vehículos con o sin placas de otros países, sin importar el origen, del tipo de vehículo o de la antigüedad del mismo.
El caso de Alejandro se replica en miles de capitalinos más, que a diario atestan las calles creando congestionamientos que, en muchos casos, terminan en accidentes e incluso en actos de violencia como los que se han registrado en los últimos meses.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
