Tegucigalpa. – Al haber encontrado culpable como coautor intelectual al exdirector ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), David Castillo, la justicia hondureña dio un paso importante en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
La familia de la ambientalista y su defensa continuarán en la lucha hasta que sean judicializados y sentenciados los demás autores materiales e intelectuales del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.
Víctor Fernández, abogado de la familia de Cáceres, expresó a Criterio.hn que el asesinato les permitió construir una estrategia en diferentes componentes a la que le denominan “Causa Berta Cáceres” y desde la perspectiva jurídica implica una serie de casos, uno de ellos es el caso de David Castillo.
Fernández indicó que falta terminar el proceso de Castillo, porque lo que culminó, fue la fase en la que el tribunal dictó un fallo de culpabilidad y luego viene la fase de individualizar la pena.
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“Lo que sigue es terminar el proceso de este caso hasta que se resuelva definitivamente y la sentencia cause firmeza, o sea que sea inmodificable”, dijo el profesional del derecho.
Además, Fernández relató que se le seguirá dando continuidad a los demás casos que integran la “causa de Berta Cáceres” porque la ambientalista fue asesina por oponerse y reivindicar derechos en el marco de la concesión del río Gualcarque que actualmente sigue vigente y tiene varios procesos.
Uno de ellos es el caso que lleva la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), denominado “Fraude sobre Gualcarque” y que ellos siguen luchando para poder participar en este caso, porque contribuye al debate en representación al pueblo lenca y por asegurar el juzgamiento de al menos seis personas de 16 que todavía siguen acusadas y que presentó el Ministerio Público y que entre esas seis personas forma parte David Castillo.
Otro caso, es que se revoque la concesión del río Gualcarque a la empresa DESA que sigue vigente actualmente y que el mismo Estado de Honduras ha reconocido a través de distintas instituciones como el Ministerio Público (MP), que esa concesión aparte de tener hechos de corrupción, también hay hechos de violencia que incluye el asesinato de Cáceres.
“Desde el punto de vista administrativo, esas resoluciones son lesivas a los intereses del pueblo lenca y constituyen un atropello a la dignidad de este país. Esas decisiones administrativas deben ser revocadas y es inconcebible que una empresa criminal, siga gozando de un beneficio tan grande como la concesión de la riqueza natural de este país”, lamentó Fernández.
El caso denominado “Fraude sobre el Gualcarque” está relacionado con el otorgamiento ilegal de licencias para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en territorio indígena lenca.
Los afectados directos en este caso son el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la comunidad del río Blanco.
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Fernández también indicó que seguirán en la búsqueda de los demás responsables del asesinato de Berta Cáceres, porque Roberto David Castillo fue declarado culpable como coautor y eso significa que hay otros autores.
“Aquí está la otra línea de trabajo que nosotros vamos a seguir y que estamos siguiendo ya tiempos con bastantes obstáculos por parte del MP y es la búsqueda de los autores intelectuales, quienes tomaron la decisión y financiaron para cometer este crimen y que son los principales accionistas de la empresa DESA”, dijo Fernández.
Fernández explicó que DESA está constituido por capital de dos sociedades, una de ellas llamada PEMSA que tenía el 35 % del capital y la otra Las Jacarandas que tenía el 65 % y los principales accionistas de Las Jacarandas son los señores Atala Zablah, Pedro Atala, Jacobo Atala y José Eduardo Atala.
“Si la motivación del crimen son los perjuicios económicos es muy básico que la línea de investigación debe dirigirse a estas personas, sin que hubiera ninguna información, solo con que se identificará el móvil del crimen”, señaló Fernández.
Agregó que hay información particular que apunta a que los señores Atala, mínimamente estaban enterados, de una serie de ataques y de persecución que sufría Berta Cáceres.
“Por lo tanto, hay indicios suficientes para que haya una investigación en curso en contra de ellos y de eso nos estamos encargado nosotros ya días y por eso tenemos desencuentros con el MP, porque no han sido diligentes en cuanto a la persecución de este tipo de autores o compartir los avances o el curso que sigue la investigación sobres estos señores”, señaló Fernández.
Además, Fernández manifestó que la base probatoria para encontrar culpable a ocho personas, fueron las comunicaciones telefónicas y si ese fue el medio para encontrar a la autoría intermedia como David Castillo, el MP debió requerir la información telefónica de los socios y accionistas, empleados, consultores y de toda la gente relacionada a la empresa DESA desde marzo del 2016, cuando se produjo el asesinato Cáceres, porque si no, hay un compromiso con la impunidad.
“Si no haces eso, porque tu propia investigación te lo está diciendo, entonces debemos interpretar que estas procurando proteger a este nivel de la estructura criminal que participo y ese es el más grande desafío que tenemos en la Causa Berta Cáceres”, enfatizó.
Asimismo, el profesional del derecho indicó que también hay responsabilidad estatal, porque el Estado es el responsable de proteger la vida y los derechos de Berta Cáceres y no los hizo al contrario los comprometió.
Añadió que también hay responsabilidad del sistema financiero de los bancos que apoyan estos proyectos porque hay intereses, a pesar que estos proyectos son denunciados como “Proyectos de muerte” porque son violadores de derechos humanos y todo eso sigue en la causa de la muerte de Berta Cáceres.
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La ambientalista Berta Isabel Cáceres fue asesinada el 3 de marzo del 2016 en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, por oponerse a la construcción de una represa en el río Gualcarque que es vital para la subsistencia de los indígenas lencas.
Según Global Witness Honduras es el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental y según sus investigaciones desde 2010 hasta el 2017 han muerto más de 120 personas que se opusieron a proyectos de represas, minas, tala de árboles y agricultura de sus tierras. Además, está ONG indica que otros han sido encarcelados, amenazados o atacados por defender los recursos del territorio hondureño.
El 29 noviembre del 2018 la justicia hondureña declaró culpable de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados por el crimen el 3 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.
Los acusados fueron Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte
A uno de los acusados, Emerson Duarte, en cuya casa en la caribeña ciudad de La Ceiba fue hallada la pistola con la que fue asesinada Cáceres, se le absolvió de toda responsabilidad penal.
Tres de los siete acusados, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa DESA) fueron condenados por el delito de asesinato.
Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Edilson Duarte y Oscar Torres, fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.
El fallo contra los responsables del asesinato de Cáceres, fue rechazado por la familia de la víctima y por el Copinh, al considerar que la condena se limitaba al grupo de sicarios y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa DESA, lo que no significaba que se haya alcanzado justicia.
