Tegucigalpa. – Después de 20 meses exigiendo justicia, con el lema “A la Esperanza le falta una muchacha: Keyla”, familiares, organizaciones defensoras de las mujeres y feministas, se aglomeraron frente al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, para conocer el desglose de conclusiones contra el único implicado por la justicia de Honduras en el asesinato de la joven Keyla Martínez, asesinada durante un toque de queda impuesto por pandemia en febrero de 2021.
Empezando las 10:00 de la mañana el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, en el centro del país, anunció el inicio de la etapa de lectura de conclusiones del juicio oral y público en el caso judicial de contra el policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, único agente que ha sido llevado ante los tribunales por el asesinato de Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, dijo a Criterio.hn que por el abuso de poder que existe, agentes de las fuerzas de seguridad, ya sea policías y militares, salen implicados o vinculados en diversos crímenes, entre ellos los femicidios.
El mejor ejemplo respecto a violación a los derechos, abuso de poder, vulnerabilidad de la vida de las mujeres y femicidio es el caso de Keyla Martínez, asesinada en manos del Estado de Honduras, por policías que hicieron lo contrario a resguardar su vida.
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“[A Keyla] la capturaron ilegalmente y supuestamente estaba bajo el resguardo de ellos [los policías], pero terminaron asesinándola cometiendo el delito de femicidio. Todo el pueblo y testigos conocen que no solo hubo un perpetrador, ahí hubo cómplices, incluso el jefe de esa región está involucrado, según testigos, encubre este tipo de hechos”, remarcó Ana Ruth García.
El Poder Judicial expone que a Jarol Perdomo “se le supone responsable del delito de Homicidio en perjuicio de la ciudadana Keyla Martínez”, es decir, no reconocen el delito como femicidios, lo cual es fuertemente reprochado por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, feministas y diversos sectores de la población que exigen justicia para la joven de 26 años que estudiaba la carrera de enfermería.
justicia afuera de los tribunales de justicia de Siguatepeque
A Jarol lo acuso el Ministerio Público (MP) por femicidio agravado, pero el juzgado de La Esperanza, Intibucá, se encargó de tipificar el delito como homicidio simple.
Ana Ruth García, señaló que tener una posta policial en cada barrio y colonia o en alguna región, realmente no garantiza seguridad o protección, sino todo lo contrario, pues la ciudadanía ha sido testigo de tantas formas que realidad estos uniformados incluso pueden ser los mismos agresores.
INSTITUCIONALIDAD SE PRESTA PARA “LAVAR CARAS”
Ahora que Honduras, a través de organizaciones defensoras de las mujeres rendirá un informe ante el Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), en Ginebra, Suiza, en la sesión 83 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, es necesario resaltar desde las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y feministas, desde la sociedad civil, denunciar y alzar la voz en contra de todas las violaciones que el Estado de Honduras perpetúa contra las niñas, adolescentes y mujeres.
El Cedaw ha recomendado que el Estado de Honduras investigue los casos de desaparición de mujeres y de femicidios. En Honduras, del 2016 al 2021, se contabilizan 2, 264 casos de femicidio, sin embargo, la impunidad sigue imperiosa, “porque la vida de las mujeres no es prioridad para el Estado”, agregó García.
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Con el caso de Keyla ha quedado evidenciado nuevamente que “la institucionalidad del Estado se presta para lavar la cara a estas instituciones porque representan al Estado”, apuntó la coordinadora de Ecuménicas.
Desde que se cometió el femicidio contra Keyla, un caso lleno de irregularidades provenientes de las mismas autoridades policiales, el 7 de febrero de 2021, la Red de Defensoras y organizaciones feministas han solicitado que haya justicia contra todos los culpables, que sean criminalizados, judicializados y penalizados, pues es solo un oficial el que actualmente fue obligado a presentarse ante el Poder Judicial, cuando hubo otros implicados que siguen beneficiados por la impunidad de entes de justicia carcomidos por el delito.
La explicación de cómo murió Keyla, estuvo plagado de inconsistencias en las declaraciones de la Policía, en las declaraciones iniciales aseguraban que se había suicidado, pero los resultados de la autopsia de Medicina Forense indicaron que perdió la vida por asfixia mecánica, revelando que se trataba de un asesinato.
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El 7 de febrero de 2021, fecha del crimen contra Keyla Martínez, estaban de turno más de 13 agentes en la Unidad Departamental Policial Número 10, en La Esperanza, Intibucá, lugar donde la habían encerraron en una celda.
Con bastante carga probatoria, incluyendo el informe de autopsia, inició este jueves 22 de septiembre el juicio oral y público en los juzgados de Siguatepeque, Comayagua, contra el único uniformado a quien señalan como involucrado.
El proceso había entrado en un receso desde el 30 de septiembre de 2022, no se hicieron las conclusiones porque hay un recurso de amparo pendiente, interpuesto por la acusación privada, para que se modifique la figura homicidio simple a femicidio agravado.
Helen Ocampo, coordinadora del observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), manifestó a Criterio.hn que, lamentan que solo sea un enjuiciado, sobre todo cuando tres de los cuatro testigos en torno al femicidio son policías que estaban junto a él en la posta policial.
“Consideramos una ejecución extrajudicial porque fue ejecutada por operadores de justicia, lo mínimo que esperamos es la pena máxima en el caso de homicidio, que tampoco tuvo que haberse tipificado de esa manera, porque el caso de Keyla tuvo que haberse judicializado como un femicidio, como inicialmente estaba registrado”, razonó Ocampo.
Debido a las irregularidades en el caso y que solo exista un enjuiciado no significan justicia para Keyla ni para las demás mujeres que han sido asesinadas en Honduras. La integrante de CDM, explicó que en el momento que se encuentra el juicio no permite que se dé la condena como femicidio, teniendo que aceptar el reparo presentado por los abogados de la familia de Keyla, seguir con el proceso esperando que sean una sentencia condenatoria.
No obstante, los juzgados deben pronunciarse ante la exigencia tipificada en el recurso de Apelación, presentada ante la Corte de Apelaciones de Comayagua, de cambiar delito a femicidio agravado más no como homicidio simple.
Por ahora, el Tribunal que conoce la causa entra en la etapa de deliberación, proceso en el cual se valorarán las pruebas presentadas durante el desarrollo del Juicio Oral y Público, así se determinará si el policía es culpable o inocente del asesinato de Keyla.
