Tegucigalpa.- La tragedia que enfrenta la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, condenada por delitos de corrupción, ha impulsado una serie de reacciones de algunos que consideran se le debe otorgar un “trato especial” de “casa por cárcel”, pese que la propia normativa constitucional establece que “todos somos iguales ante la ley”.
Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), se encuentra recluida en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ubicado en la comunidad de Támara a 29 kilómetros de la capital, al ser declarada culpable por el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los delitos de fraude continuado y apropiación indebida.
La familia Lobo-Bonilla ha venido enfrentando una serie de tragedias, en su mayoría por acciones reñidas con la ley. Para el caso, el Fabio Lobo, hijo del expresidente se encuentra en prisión en Estados Unidos al ser sentenciado a 24 años de cárcel más cinco en libertad condicionada por delitos de narcotráfico.
También, la familia Lobo-Bonilla fue designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la lista de funcionarios corruptos del norte de Centroamérica conocida como Lista Engel, no son elegibles para ingresar a esa nación y su visa fue revocada.
La exprimera dama, fue condenada en el caso de corrupción conocido como “Caja Chica de la Dama”, que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), acusada de apropiarse L 12 millones que debían ser destinados a proyectos sociales en beneficio de la niñez hondureña, pero fueron desviados a gastos personales.
En un primer juicio, Bonilla fue sentenciada a 58 años de prisión mientras que su exsecretario privado Saúl Escobar a 48 años por ocho delitos de fraude y tres de apropiación indebida, sin embargo, tras un recurso de amparo, en marzo de 2020, la Sala Penal ordenó la repetición del juicio quedando en libertad.
Tras repetirse el juicio, en marzo de este año, el Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, la declaró culpable siendo enviada de nuevo a prisión y a la espera de ser sentenciada pudiendo enfrentar una pena de 2 a 4 años por delito de fraude aumentándose un tercio por ser un delito continuado y de 5 a 7 años de prisión por apropiación indebida también con el condicionante de delito continuado agravando la condena que podría ser de 12 a 16 años.
El pasado 14 de julio, fue asesinado su hijo Said Lobo Bonilla, junto a otros tres jóvenes, al salir de una discoteca en el bulevar Morazán de Tegucigalpa. Los entes de investigación del Estado han realizado algunas capturas de los involucrados en la masacre, de la cual, se ha revelado incluso supuesta participación de un agente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público.
Este fin de semana, Bonilla fue trasladada a un centro asistencial por una crisis nerviosa tras conocerse un presunto amotinamiento en la cárcel de mujeres. Así lo dio a conocer el asesor presidencial de presos políticos, Pedro Joaquín Amador.
Lo antes referido sumado a la imagen de Bonilla hospitalizada, causó diversas reacciones de algunos que abogan por un indulto a favor de la exprimera dama o que su sentencia la cumpla en su casa, otorgando un estatus especial violentando la constitución.
El propio exfiscal de la república y ministro de transparencia y lucha contra la corrupción, Edmundo Orellana, expresó que “es de justicia que la exprimera dama sea objeto de un régimen especial para cumplir con la condena”.
La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Beatriz Valle, arguye que “sería humano” otorgarle la libertad aun reconociendo en daño que causó al Estado de Honduras por la corrupción que promovió y que precarizó todavía más la situación de la niñez.
“Yo opino que luego de la muerte trágica de su hijo, sería muy humano permitirle defenderse desde su casa… a pesar de los pesares y de los que haya hecho, ni siquiera puedo imaginar ese dolor”, escribió en su cuenta de Twitter.
Al igual, Hugo Maldonado, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), señala que el sistema penitenciario no tiene la capacidad de proteger a los privados de libertad, pero solo pide indulto hacia Bonilla no así con la demás privadas de libertad.
“Sistema penitenciario del país no garantiza la salud a cientos de privados de libertad, por ello abogados por el indulto y el cambio de medida para la exprimera dama”, dijo.
La Constitución de Honduras, en su artículo 60, establece que “todos los hombres nacen libre e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley”, un principio y precepto constitucional que se violentaría al beneficiar a Bonilla.
Para Jimena García, de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), califica como vergonzoso el pedir libertad para alguien condenado por corrupción porque de ser así, entonces señala que privadas de libertad que han perdido un hijo también deberían ser beneficiadas.
“De vergüenza esto, el gobierno no garantiza la salud a las mujeres embarazadas, a los niños, a los enfermos renales, etc. No es justicia si es dirigida a una sola persona. Todos somos iguales ante la ley. Entonces todas las mujeres, que son muchas, que estando privadas de libertad y le has asesinado un hijo, pero no son figura pública, merecen esa consideración. La justicia selectiva no es justicia”, recriminó.
La defensa legal de Bonilla, presentó un nuevo recurso con el objetivo de cambiar la medida de prisión por casa por cárcel pretendiendo justificar problemas de salud que, según pretenden hacer creer, “se agravó”.
“Yo como abogada miro que en ese tribunal nada nos pega, sentimos que los jueces se han venido en contra de ella, no sabemos por qué, pero esperemos que en esta oportunidad lo hagan conforme a derecho y puedan mirar la salud muy delicada de la señora Rosa Elena y no regresar al lugar que le provoca las crisis que le dan”, manifestó Daysi Banegas, abogada de Bonilla.
No es la primera vez que se pretende manipular para beneficiar a Bonilla, el 20 de julio, el propio asesor de presos políticos, solicitó al Tribunal de Sentencia otorgar casa por cárcel a favor de la exprimera dama considerado una arbitrariedad legal.
A consideración del reconocido abogado experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, en Honduras existe una justicia selectiva porque esa justicia trata de manera diferente cuando se trata a violaciones de derechos humanos como en el caso de los defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
Mejía detalló que había una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) para liberar a los defensores del ambiente que fueron llevados a prisión de manera injusta, pero el Poder Judicial no los liberó hasta tiempo después, contrario a políticos y funcionarios vinculados en corrupción que se les permite defenderse en libertad o hacerlos parecer que tienen condiciones difíciles como pretenden con Bonilla.
Además, lamenta que más del 50% de la población penitenciaria no tiene una condena y se encuentra en prisión enfrentando la justicia mientras los de clase privilegiada sí reciben beneficios penales.
“pareciera que en Honduras hay dos tipos de ciudadanías, una ciudadanía de primera clase en el sentido que se les garantiza el debido proceso, juicios justos, garantías penales e incluso se establecen este tipo de campañas para beneficiarle con medidas distintas a la prisión preventiva y luego una ciudadanía de segunda clase que es ese mas 50% que está en las cárceles del país sin ninguna condena, pero que no son objeto o no tienen la posibilidad de ser escuchados en libertad”.
“Eso es fundamental que cambie en el país porque no vamos a poder avanzar, tener instituciones sólidas, no vamos a tener un sistema político sólido si se sigue manteniendo esta lógica de estos tipos de ciudadanías donde unos si tienen los beneficios que dan las garantías penales mientras que otros no”, concluyó.
Un comentario
Todos los hondureños debemos ser tratados por igual. ¿Cuántas madres están en CEFAS en la misma situación? Ella se robo un dinero de proyectos para la niñez. Ella debe pagar su condena, sino, este sistema sería una payasada.