Cárcel en Islas del Cisne: tercera licitación fallida aumenta las dudas sobre su viabilidad

La ausencia de propuestas en esta última convocatoria refuerza las críticas hacia el proyecto, mientras analistas advierten sobre los riesgos de corrupción y el impacto negativo en el medio ambiente

Tegucigalpa, Honduras. La construcción de la polémica cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne ha fracasado por tercera vez en su proceso de licitación, reafirmando la inviabilidad del proyecto carcelario. Este último intento, que se llevó a cabo recientemente, se declaró desierto.

El comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz, explico a medios de comunicación queninguna empresa presentó ofertas antes del plazo establecido, que venció el jueves 19 de septiembre.

Sin embargo, pese al fracaso, Muñoz reafirmó que el gobierno de Honduras no se rendirá en su objetivo de establecer un nuevo centro penitenciario, a pesar de las dificultades recomendaciones y el rechazo.

Este fracaso se produce en un contexto donde la construcción de la cárcel ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones y analistas han expresado su preocupación por el impacto ambiental del proyecto y las posibles violaciones a los derechos humanos que podrían derivarse de su implementación. La falta de respaldo social y el hermetismo en el proceso han intensificado los cuestionamientos sobre la transparencia del mismo.

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FRACASO DE LICITACIONES INDICA FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA

Con el fracaso de la tercera licitación para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, se plantean dudas sobre la viabilidad del proyecto y la confianza en el proceso de contratación pública.

Aníbal Calix, exdiputado del Partido Anticorrupción, destacó que este fracaso refleja una preocupante “falta de seguridad jurídica”. Fotografía: Jorge Burgos/Criterio.hn

Calix subrayó que el proceso de licitación ha sido marcado por una incertidumbre constante, lo que impide que las empresas se sientan seguras al invertir en un proyecto que requiere un alto nivel logístico y financiero. “Cualquier empresa seria no se arriesgará a participar en un proyecto donde no hay garantías claras de que se completará”, afirmó.

Este contexto ha llevado a cuestionar la transparencia del proceso, especialmente dado que el proyecto se desarrolla en un área considerada protegida, y la referida construcción conlleva un impacto ambiental.

En la primera licitación el coronel Ramiro Muñoz, también jefe de la interventora del Sistema Penitenciario Nacional, confirmó que, de las doce empresas inicialmente interesadas, sólo tres –dos nacionales y una extranjera— llegaron a la fase final, pero ninguna cumplió con los requisitos necesarios, especialmente en términos de garantías bancarias. “El incumplimiento de este requisito es fundamental para proteger al Estado contra el riesgo de abandono de obra”, explicó Muñoz en esa ocasión.

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IMPLICACIONES DEL FRACASO

La reiterada escasez de oferentes en las licitaciones para la construcción de la cuestionada cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, no sólo pone de manifiesto dificultades logísticas y financieras, sino que también plantea la posibilidad de recurrir a contrataciones directas, lo que podría agravar las inquietudes sobre la corrupción en el proceso.

Esta situación genera un clima de desconfianza en la gestión pública, ya que la falta de competencia en la adjudicación de contratos y el hermetismo con que se ha desarrollado este proyecto carcelario, puede dar lugar a prácticas opacas y favorecer a empresas con conexiones políticas,

En ese sentido, Aníbal Calix advirtió que esta situación podría llevar a un proceso menos transparente, donde se elija a una empresa sin el debido proceso competitivo. “Esto sería una mala práctica y podría resultar en un uso indebido de recursos públicos”, señaló. Además, el fracaso recurrente en las licitaciones ha suscitado críticas desde diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales.

Grupos ambientalistas han expresado su preocupación por el daño ecológico que podría causar la construcción en un parque nacional marino, mientras que defensores de derechos humanos temen por las condiciones carcelarias y los derechos básicos de los privados de libertad, familiares y personal penitenciario.

  • Breidy Hernández
    Amante de la lectura y la naturaleza, una mujer con la convicción firme que todos podemos hacer cambios significativos en la sociedad, por eso mi objetivo es exponer las injusticias que adolece la ciudadanía. Busco incidir, a través del periodismo, en la defensa y promoción de los derechos humanos, evitando caer en la complicidad de callar ante las injusticias y la corrupción. Ver todas las entradas
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