Candidatos al TJE acumulan antecedentes políticos y defensas legales controvertidas

El listado incluye perfiles de postulantes que han ejercido la defensa legal de exfuncionarios y empresarios señalados en expedientes de corrupción.

En el listado de aspirantes al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se incluye perfiles con conexiones familiares directas a exmagistrados, a un diputado y exfuncionarios del sistema de justicia.

Tegucigalpa, Honduras. –Luego del proceso juicio político que culminó en la destitución de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán (propietario) y los suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez, el Congreso Nacional inició un proceso de recepción de auto postulaciones para llenar las vacantes en este órgano del sistema electoral.

De acuerdo con información oficial, más de 50 profesionales presentaron su interés en integrar el TJE. Sin embargo, únicamente 28 aspirantes, entre abogados, funcionarios y exfuncionarios, avanzaron a la etapa de audiencias públicas,

De acuerdo con el cronograma oficial, las audiencias públicas para el TJE se reanudarán este martes 5 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana, iniciando con la participación de Claudia Lizeth Aguilera y el miércoles 6 de mayo y concluirán a las 6:40 de la tarde con la intervención de Vilma Clementina Zúñiga.

Una vez finalizadas las audiencias, la comisión especial del Congreso procederá a realizar una evaluación integral que combinará los puntajes obtenidos en las hojas de vida con el desempeño mostrado durante las entrevistas.

En paralelo, el proceso de selección para el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya completó su fase de audiencias, por lo que la comisión cuenta con las evaluaciones individuales de cada aspirante, tanto en capacidad técnica como en perfil profesional.

No obstante, la comisión ha decidido no remitir listados parciales. En su lugar, realizará un único filtro final que incluirá tanto a los candidatos del CNE como del TJE, con el objetivo de enviar un paquete consolidado a la Junta Directiva del Congreso Nacional, que posteriormente lo someterá a votación en el pleno legislativo.

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PERFILES DE LOS ASPIRANETS A MAGISTRADOS DEL TJE

Criterio.hn realizó un análisis de los perfiles, antecedentes y experiencia de los aspirantes a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y se encontró figuras con vínculos políticos, antecedentes en la función pública y participación en casos judiciales como apoderados legales de personajes acusados de corrupción.

Entre los postulantes figura Edson Javier Argueta Palma, abogado y notario que ha fungido como apoderado legal del Partido Libertad y Refundación (Libre) y como secretario privado del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

En su hoja de vida también se incluye asesorías legales en gobiernos locales, como la Alcaldía de Tocoa, durante la administración de Adán Fúnez, quien ha sido vinculado a Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga líderes del cártel de Los Cachiros.

Otro de los aspirantes es Félix Antonio Ávila Ortiz, quien formó parte del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, durante la fase inicial de su proceso de extradición a Estados Unidos tras ser acusado por Estados Unidos de conspirar para traficar 500 toneladas de cocaína hacia esa nación.

Tras la captura de Hernández en febrero de 2022, Ávila enfocó la defensa técnica ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para intentar evitar su extradición hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el proceso siguió su curso y Hernández fue llevado ante la justicia norteamericana donde fue sentenciado a 45 años de prisión por delitos relacionados al tráfico de drogas y armas.

No obstante, el 1 de diciembre de 2025 el presidente de estadounidense Donald J. Trump otorgó un indulto a Hernández Alvarado.

Ávila también ha representado al actual presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, en el caso conocido como “Fe de Errata” o «Pacto de Impunidad»). Esta línea de investigación fue presentadaporla extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la desparecida Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).

En la lista también aparece el nombre de Juan Carlos Berganza Godoy, quien se desempeñó como jefe de la unidad jurídica del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y ha ejercido la defensa legal de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla en procesos por corrupción.

Bonilla fue acusada por la Unidad Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de sustraer más de 16 millones de lempiras del Despacho de la primera dama.

Entre los perfiles se encuentra Nilia Raquel Ramos Gonzales, exfiscal del Ministerio Público y actualmente ejerce como abogada privada. Entre sus defendidos figura el exmiembro del Consejo de la Judicatura, Francisco Quiroz, quien hoy se desempeña como subprocurador de la República.

De acuerdo con el portal Revistazo, Ramos Gonzales mantiene afinidad política con el Partido Nacional, un elemento que se suma al análisis público sobre los vínculos partidarios de algunos aspirantes a cargos en el sistema de justicia.

En su ejercicio profesional, también ha representado a figuras involucradas en uno de los mayores casos de corrupción en el país: el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Entre sus defendidos se encuentran el exdirector de esa institución, Mario Roberto Zelaya Rojas; el exgerente administrativo y financiero, José Ramón Bertetty Osorio; así como el empresario John Charles Bográn Velásquez, propietario de la empresa J & J Travel Tours. Todos ellos han sido imputados por diversos delitos contra la administración pública vinculados al mega fraude al IHSS.

FAMILIA DE PODER: LOS NEXOS QUE RODEAN AL ASPIRANTE CARLOS CÁLIX HERNÁNDEZ

Otro nombre reconocido en los círculos de poder es el del abogado Carlos Roberto Cálix Hernández, quien cuenta con trayectoria dentro del Poder Judicial, donde ha ocupado diversos cargos, incluyendo magistrado de Corte de Apelaciones y director de la Carrera Judicial.

Su entorno familiar ha sido objeto de señalamientos públicos. De acuerdo con una publicación de Criterio.hn su hermana, Erika Yolanda Cálix Hernández, registra antecedentes que han generado cuestionamientos. En mayo de 2018, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán declaró “con lugar” una solicitud del Ministerio Público para proceder con un requerimiento fiscal en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.

Según investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la exjueza habría otorgado medidas sustitutivas a una persona procesada por el delito de violación, un ilícito que, conforme al marco legal hondureño, contempla la prisión preventiva como medida obligatoria. Este hecho fue considerado irregular por los entes investigativos.

Dentro del núcleo familiar, destaca Jacobo Antonio Cálix Hernández, quien se desempeñó como magistrado de la Sala de lo Penal entre 2009 y 2016. También es primo de la exdirectora de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) Soraya Cálix y del jefe de la bancada del Partido Liberal Jorge Cálix.

A estos vínculos se suma la situación de Mario José Cálix Hernández, otro de los hermanos, quien enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Aunque fue solicitado en extradición, permanece prófugo desde enero de 2019. De acuerdo con reportes judiciales, ha sido señalado por presuntos vínculos con estructuras criminales asociadas al narcotráfico en el país.

Revistazo/Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) lo identificó como cercano al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, y al exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla.

A lo largo de su carrera, Cálix Hernández ha ocupado diversos cargos dentro del sistema judicial. Ha integrado sesiones del pleno de la Corte Suprema en sustitución de magistrados ausentes y se desempeñó como jefe de Personal del Poder Judicial, director de la Carrera Judicial y presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados. Asimismo, presidió el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras.

Su trayectoria también incluye funciones como juez de Paz en Guarita, Lempira, y Nueva Arcadia, Copán; juez de Letras en La Entrada, Copán; así como magistrado de las cortes de apelaciones de Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán. Su nombre se suma así a la lista de postulantes que buscan ocupar las vacantes en el Tribunal de Justicia Electoral, en un proceso que ha despertado debate por los vínculos políticos, familiares e institucionales de varios de los aspirantes.

En este contexto, la postulación de Carlos Roberto Cálix Hernández y los antecedentes de su entorno familiar se insertan en un proceso de selección que ha estado marcado por el escrutinio público, especialmente en torno a la independencia judicial, los vínculos políticos y las redes de poder que rodean a varios de los aspirantes a cargos de alta magistratura en Honduras.

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EXFUNCIONARIOS DE DISTINTAS ADMINISTRACIONES BUSCAN UN LUGAR EN EL TJE

Asimismo, figura Arístides Mejía Carranza, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exsecretario de Defensa durante el gobierno de Manuel Zelaya, con una trayectoria que incluye funciones diplomáticas y asesorías en organismos internacionales.

También aspira Agapito Alexander Rodríguez Escobar, exdirector del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), cuya gestión fue objeto de críticas por la aprobación de concesiones mineras que generaron conflictos con comunidades.

En el listado figura Mariano Torres Flores, actual funcionario del gobierno y con experiencia en litigios electorales, incluyendo representaciones ante el propio TJE en casos vinculados a candidaturas dentro del Partido Liberal.

Torres representó a Jorge Cálix ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en su intento por ser inscrito en la planilla de candidatos a diputados por el departamento de Olancho. El 28 de octubre de 2025, Torres Flores compareció ante medios de comunicación para anunciar que Cálix sería inscrito como candidato a diputado por el Partido Liberal en Olancho, tras un fallo del órgano electoral.

La resolución fue adoptada por mayoría de votos de los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona, quienes declararon con lugar la apelación presentada por la no inscripción de Jorge Cálix y Cristhian Villalobos. La decisión se produjo en una sesión marcada por la ausencia del magistrado Mario Morazán, un hecho que meses después derivó en el juicio político en su contra, proceso que concluyó con su destitución.

Otros aspirantes incluyen a operadores judiciales como Idulio Melquiades Alonso Medina y Landon Arnold Gough Ducker, ambos con experiencia en tribunales, así como figuras con trayectoria política como Sobeyda Judith Andino, exdiputada liberal.

La nómina también incorpora a profesionales con vínculos partidarios recientes, como Karen Yohana Guandique, excandidata por la Democracia Cristiana (DC) y Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos y excandidato presidencial por Libre.

De igual forma, aparecen perfiles con experiencia en la administración pública, como Allan Miguel Pineda Echeverría, exsecretario general de la Secretaría de Salud; Marco Antonio Palacios Castro, exfuncionario del Instituto Nacional de Migración y Mario Amílcar Portillo, actual diputado del Partido Libre.

Algunos nombres han sido objeto de observaciones por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), como Víctor Manuel Murillo Lara y Gustavo Adolfo Zavala Umanzor, debido a posibles conflictos de interés o litigios vigentes con el Estado hondureño.

También integran la lista profesional con experiencia en el ámbito electoral, como Laura Victoria Salgado Carías y Vilma Clementina Zúñiga de Vicente, ambas con participación previa en procesos ante el TJE.