El juicio busca determinar la responsabilidad de dos agentes acusados de manipular pruebas para desviar la investigación del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres, intentando presentar el crimen como un robo y no como consecuencia de sus denuncias y oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca
Ilustración: Guillermo Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – A casi ocho años de su primera captura, inició el juicio contra Juan Carlos Cruz, agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y Miguel Arcángel Rosales Izcano, expolicía, acusados de inutilizar registros y falsificar documentos públicos durante la investigación inicial del asesinato de la lideresa ambiental lenca y defensora ambiental Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016.
Sobre el proceso judicial que inició el 20 de octubre y que se extendió hasta esta semana, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) exigió se juzgue no solo a los autores materiales y a quienes coordinaron el crimen, sino a quienes buscaron encubrir y proteger a los autores intelectuales, quienes aún permanecen en la impunidad.
El auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Cruz y Rosales Izcano se obtuvo en noviembre de 2017. De acuerdo con el Ministerio Público, ambos acusados fueron asignados a la investigación del crimen de Cáceres, quienes habrían presentado pruebas falsas entre las que se incluyó la declaración de un supuesto testigo protegido y una grabación adulterada que apuntaban a que el crimen estaba vinculada a un robo.
Esta versión fue descartada luego que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) efectuó cuatro capturas, entre estas la de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, exgerente ambiental de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa denunciada por Cáceres debido a las irregularidades detrás de su concesión.
A partir de las denuncias realizadas por la defensora lenca, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentaron el caso Fraude sobre el Gualcarque.
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En el segundo semestre de 2019, el Ministerio Público interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), después de que la Corte de Apelaciones de Comayagua declaró con lugar el recurso de apelación en favor de Cruz y Rosales Izcano, anulando los actos del proceso penal desde el auto de admisión del requerimiento fiscal que ordenaba sus capturas. Eventualmente, en 2021 se revocó el sobreseimiento dictado a favor del agente de la DPI y el expolicía.
A la fecha, en la causa Berta Cáceres se han ratificado las condenas en el grado de autoría material de Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Mariano Díaz Chávez (mayor del ejército); Edilson Atilio Duarte; Elvin Rápalo Orellana; Henry Javier Hernández Rodríguez; Óscar Torres Velásquez. Además, quedó en firme la sentencia contra Roberto David Castillo, en el grado de autoría material intermedia, aunque se modificaron las agravantes.
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Pese a los avances en las condenas de los autores materiales y uno de los mandos intermedios, la impunidad persiste para los autores intelectuales del crimen. Daniel Atala Midence, exgerente financiero de DESA permanece prófugo de la justicia desde diciembre de 2023, cuando fue requerido tras ser vinculado en el asesinato de Berta Cáceres.





