Por: Redacción CRITERIO/Tomado de CESPAD
En Honduras, la aprobación de dos leyes han fortalecido las concesiones de los recursos naturales, en la última década: la Ley General de Minería y la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables. La primera, permite la masiva concesión de territorios para la instalación de empresas mineras (metálicas y no metálicas), mientras que la segunda, la concesión de ríos para la construcción de represas hidroeléctricas en el país.
Ambas leyes ceden los recursos naturales a las empresas nacionales y transnacionales, en el marco de un modelo extractivista excluyente que genera conflictos entre las comunidades y organizaciones ambientalistas con las compañías mineras e hidroeléctricas, por el daño ambiental y la violación de derechos humanos de las comunidades.
Aunque hay imprecisión en el manejo de datos relacionados con las concesiones mineras e hidroeléctricas en el país (son considerados casi un secreto de Estado), las autoridades de Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), han dicho públicamente que para el 2015 había unas 60 concesiones mineras metálicas y no metálicas, y 160 solicitudes de concesiones metálicas. En tanto, en el sector hidroeléctrico, oficialmente, desde la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) se maneja la concesión de 74 ríos para igual construcción de represas hidroeléctricas en el país.
Es un hecho que muchos conflictos socio-territoriales y ambientales se han gestado en ese contexto pues ya sea minería o hidroeléctrica, ambos rubros tienen un común denominador, que NO se les consulta a las comunidades la aprobación para que sus bienes naturales sean concesionados. Es así que en los últimos años, la actividad minera e hidroeléctrica ha sido el epicentro de varios conflictos:
- Desde el 2012 los vecinos de unas doce comunidades de la Jigua, Copán, iniciaron protestas ante los inminentes daños que causaría la explotación minera de hierro y uranio por parte de la empresa “Cantera Peña”.
- Desde el 2013 la comunidad de Río Blanco comenzó una lucha en contra de la instalación de DESA, la que aun pretende construir la hidroeléctrica Agua Zarca sobre el Río Gualcarque.
- Desde el 2014 los pobladores de 16 comunidades del sector de Florida, Tela, Atlántida, denunciaron y están alertas ante la pretensión de una empresa de explotar una mina de hierro con el apoyo de las autoridades municipales y policiales. ´
- En el 2016 las fuerzas vivas del Municipio de La Unión, Olancho, se reunieron con las autoridades municipales para hablar sobre la explotación minera que se pretende llevar a cabo en ese lugar y que se les explique por qué ya se emitió un permiso de explotación minero.
- En abril del 2016 las y los pobladores de 20 comunidades del departamento de Choluteca dijeron no a la explotación minera, y demandaron de la municipalidad la no concesión de sus recursos naturales por los daños que genera.
- En junio del 2016 los pobladores de la comunidad de Azacualpa se tomaron el área donde opera la compañía Minerales de Occidente S.A (Minosa), opuestos a que sus muertos sean desalojados del cementerio para que la compañía extienda la explotación minera, sin la compensación exigida por la comunidad. Este conflicto tiene sus raíces desde el 2012.
Hay muchos más casos que se podrían citar y que son el reflejo de los conflictos que nacen en unas zonas y que se profundizan, en otras. Desde el CESPAD consideramos que la actividad minera e hidroeléctrica ha estado marcada por conflictos y la infracción de los derechos humanos, especialmente el de la vida. En los últimos 10 años más de 100 defensores y defensoras de los recursos naturales han sido asesinados.
En tal sentido, nos parece que es urgente que el Estado, entre varias, adopte las medidas siguientes:
- La inmediata revisión y respectiva reforma de los marcos jurídicos que ponen a disposición de forma inconsulta los recursos naturales del país, a efecto de incluir en sus contenidos la figura de la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y no indígenas, previo a su concesión.
- Que en las comunidades en las que ya se encuentren en operaciones empresas mineras o hidroeléctricas, se revise los contratos de concesión con el objetivo de que se involucre a las poblaciones en la distribución justa de sus beneficios.
- Que el gobierno realice un diagnóstico de las zonas en donde comienzan a aflorar los conflictos socio-territoriales y ambientales y de las zonas en donde se han profundizado, a efecto de asegurar una gestión democrática de los conflictos, de tal manera que garantice el respeto de la integridad física de las y los líderes que defiendan esos derechos a nombre de sus comunidades.
