Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que decomisarán vehículos que no porten su nueva placa para obligar que se cumpla este proyecto, el que no ha sido visto con buenos ojos y dejó instaurado en antiguo gobierno.
Según indica la dependencia policial, este es un procedimiento de sanción que iniciará el 15 de mayo para que realizar el cambio de placas.
La vocera y subinspectora de la institución policial, Dania Cruz, anunció que este proyecto lo conduce el Instituto de la Propiedad (IP) y que la DNVT actuará como su soporte en el área operativa. Esto deja por fuera a las motocicletas porque deben seguir un proceso distinto.
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Sin embargo, mediante un comunicado, el IP manifestó que no sancionará ni multará a los propietarios de vehículos porque no cuentan con esas facultades legales, sin embargo, invitan a las personas a gestionar su nueva placa para transitar sin inconvenientes.
✅ Comunicado importante a la ciudadanía pic.twitter.com/UoZJyCaTHl
— Instituto de la Propiedad (@ip_hond) May 2, 2022
El proceso se ha hecho con letargo, por lo que es fuertemente denunciado por la población que reclama este documento. Hasta el momento, el IP ha entregado 311 mil placas y 409 mil están pendientes, destacó Eliza Borjas, directora del registro vehicular.
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Borjas confirmó que se han reunido con la DNVT y acordaron que se apliquen esquelas a los propietarios de carros con placas viejas.
Por su parte, el Jefe de la Unidad de Comunicaciones del IP, Nelyi Fernando Larice Henríquez, dijo a Criterio.hn que no es correcto el decomiso de vehículos y, más bien, destacó que lo correcto es avisar a la población formalmente que en los próximos días se tomarán algunas medidas conforme a ley.
Además, mencionó que la compañía encargada del cambio de placas es ajena al IP, porque tienen una estructura de servicio independiente. Sin embargo, el IP se encarga de recibir las quejas y supervisa el proceso.
En 2017, la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza), anunció la participación de cuatro empresas para manejar el registro vehicular, lo cual se vio instantáneamente como la privatización de este servicio.
Las empresas participantes fueron los consorcios Tecno Móvil, Sertrasen-Consorcio Stc-Gsi International Inc, Circulemos Honduras y Opus Quipux (integrado por la empresa OPUS INSPECTION de Estados Unidos y QUIPUX de Colombia), esta última fue la ganadora.
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PROCESO DE CAMBIO DE PLACAS SEÑALADO POR CORRUPCIÓN
El concurso público internacional tenía el propósito de conducir la operación y administración del registro de la propiedad vehicular a nivel nacional, asimismo, la implementación de los centros de inspección vehicular, suministro de placas, otorgamiento de licencias de conducir, modernización del sistema de sanciones e infracciones de tránsito y tecnificación de la recaudación de multas.
Como se conoce, la compañía ganadora debía acompañar las placas metálicas con un chip que, supuestamente, está ubicado en las calcomanías que se deben ubicar en el vidrio delantero del vehículo. Según establecieron, el objetivo del microchip es facilitar su ubicación a la Policía Nacional.
Sobre esta inversión se había anunciado que se utilizarían 20 millones de dólares. Mientras que, el fideicomiso del registro vehicular tendría un costo referencial de 125 millones de dólares.
Los detalles anteriores los mencionó Erasmo Padilla, quien fungió como comisionado de Coalianza, pero las reacciones de los usuarios y otros sectores de la sociedad lo observaron como un inminente trancazo.
Este escándalo envolvió al exdirector del IP y multifuncionario del gobierno de extraditado por cargos de narcotráfico, Juan Orlando Hernández, Ebal Díaz Lupian, pues con la privatización del servicio de emisión de licencias, placas, infracciones e inspección vehicular, se favoreció a Opus Quipux y a otros funcionarios del gobierno pasado.
En agosto de 2018, salieron a la luz denuncias contra Ebal Díaz, otros personeros del Instituto de la propiedad y comisionados de Coalianza, señalados como los grandes beneficiados.
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Se argumentó que esta concesión esconde un futuro incremento a la emisión de licencias y en el permiso vehicular, además destacaron los talleres de inspección encargados de decidir que carros tendrían permiso para circular. Los dos primeros años esa inspección sería gratis, pero al tercer año el costo extra sería de 2,500 lempiras anuales.
El fuertemente cuestionado exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, señaló en 2018 que el costo de las placas debía mantenerse en 500 lempiras.
